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Argentina: Inundaciones, modelo productivo y usos de los recursos públicos
Julio C. Gambina
ALAI AMLATINA, 05/04/2013.- Por estas horas todos hablan de la tormenta
que asoló la Capital Federal, el Gran Buenos Aires, y especialmente a la
ciudad de La Plata, con un saldo elevado de 50 muertes evitables y miles
de afectados con secuelas aún no evaluadas, no solo económicas, sino
humanas, de salud, e incluso culturales.
Lo mejor provino de la solidaridad social. Lo peor de la imprevisión
pública ante situaciones de catástrofes.
Por muchas razones, entre otras el cambio climático, resulta recurrente
que se presenten situaciones catastróficas, no solo en Argentina, sino
en el mundo.
Un imperativo de la época es analizar las consecuencias del cambio
climático y prevenirlas y más aún, combatirlas.
Eso nos lleva al modelo productivo hegemónico a escala mundial que
degrada a la naturaleza, que la agrede en múltiples formas, con
monocultivos, e industrialización acompañada de organismos genéticamente
modificados, todo con el afán del crecimiento para satisfacer objetivos
de lucro empresario, más que en atender necesidades alimentarias de la
población.
Es por ello que buena parte de la producción del agro se utiliza para
producir energía. Así, la energía disputa con la alimentación la
utilización de la producción agraria. Es una mayor producción disputada
para alimentar personas o máquinas. La consecuencia sobre la naturaleza
es gravosa, afectando el metabolismo natural y la huella ecológica, con
lo que se consume más naturaleza que la que se puede auto reproducir.
Pero esa rentabilidad acrecida es también utilizada en el negocio
inmobiliario con fines especulativos, sin planificación del hábitat para
el vivir bien de la población en su conjunto. El proceso de urbanización
resulta de la aplicación de ganancias al negocio de la construcción, más
como resguardo de inversión que para satisfacer la necesidad de techo de
una población cercana a los 5 millones de personas. Lo curioso es que
existen tantas construcciones vacías, producto de la valorización
inmobiliaria, como demandantes de vivienda propia sin posibilidad de
acceso. En rigor, no solo ladrillos, sino que también se orientan las
inversiones hacia el parque automotor que inunda de hormigón el espacio
público.
Las inundaciones y sus consecuencias sociales son adjudicadas a la
naturaleza, y es cierto, pero convengamos también que esa naturaleza
está condicionada por el tipo de modelo productivo y de desarrollo en curso.
Como siempre el interrogante es ¿qué hacer? Obvio que la mirada se
asienta sobre el Estado, en tanto sujeto que establece las normas de
funcionamiento de la sociedad.
Algunos se sorprenden por la crítica de los afectados por las
inundaciones a los gobernantes, sin reparar en la sensación de abandono
que sienten los perjudicados directos. Estos dirigen la bronca hacia la
ausencia del Estado, sus funcionarios o representantes, en el lugar de
los hechos, aún cuando se ven escasos contingentes de ayuda municipal,
provincial o nacional, con efectivos de policía, ejército o gendarmería.
No alcanza lo que hay. Hace falta planificar con antelación la
disposición de recursos financieros y personal para atender la logística
ante catástrofes, algo inexistente en la Argentina.
Es que el Estado no tiene como principal función satisfacer este tipo de
demandas sociales, sino que es una institución para resguardar el orden
capitalista, especialmente reformado en la década del 90´ para atender
las necesidades del capital más concentrado. Los cambios operados en
materia de intervención estatal en los últimos años no atacan el núcleo
duro de la regresiva reestructuración del decenio pasado.
A modo de ejemplo podemos anotar que en el mismo momento que se
evaluaban los daños por la inundación, se disponía de más de 3.300
millones de dólares de las reservas internacionales para cancelar deuda
con los organismos internacionales. Las cancelaciones de deuda pública
constituyen el gasto más importante del país, por encima de la
contribución presupuestal a la salud y a la educación, y prácticamente
nada a la prevención ante catástrofes como la ocurrida.
Duele la comparación con países como Cuba, acostumbrada a tifones y
huracanes con las consabidas consecuencias sobre bienes físicos, pero
con un detallado programa para salvaguardar la vida. Es un logro
planificado por años, que en nuestro país no existe.
Es hora de discutir el privilegio del gasto público. Se puede estudiar
cómo actúan otras sociedades y aplicar esas conclusiones para que él
"nunca más", no solo remita a procesos dictatoriales, sino que exprese
nuevas funciones del Estado, en todos los ámbitos, para privilegiar el
vivir bien de toda la población, antepuesto al objetivo de la ganancia,
la acumulación y la dominación capitalista.
5 de abril de 2013
- Julio C. Gambina es profesor de Economía Política en la Facultad de
Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Presidente de la
Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP. Integrante del
Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales,
CLACSO. www.juliogambina.blogspot.com
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