Ecuador: una ley para democratizar la comunicación
Sally Burch
ALAI AMLATINA, 10/04/2012.- El Proyecto de Ley Orgánica de Comunicación
de Ecuador, que el miércoles 11 de abril entrará a votación en la
Asamblea Nacional, establece las garantías y normas de los derechos de
la comunicación establecidos en Constitución del 2008, que es quizás la
más avanzada en la materia en el continente. De aprobarse la Ley,
marcaría un avance significativo para las reivindicaciones históricas
del movimiento por la democratización de la comunicación, no solo del
Ecuador, sino del continente.
Este proyecto (1), cuya votación se anuncia cerrada, abre el camino para
un cambio estructural clave, una virtual "reforma agraria del aire", al
establecer un reparto de las frecuencias de radio y televisión en tres
partes: 34 % para medios comunitarios, 33 % para medios públicos y 33 %
para medios privados.
Según el proyecto de Ley, que reconoce a la comunicación social como un
servicio público que debe ser prestado con responsabilidad y calidad,
los medios comunitarios son aquellos "cuya propiedad, administración y
dirección corresponden a comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades,
colectivos u organizaciones sin fines de lucro". Operarán en igualdad de
condiciones con los otros sectores, pero se beneficiarán, además, de
políticas públicas para su creación y fortalecimiento, como "mecanismo
para promover la pluralidad, diversidad, interculturalidad y
plurinacionalidad". (Art. 92). Además, bajo la política de favorecer la
economía solidaria, se prevé que las entidades estatales contraten
publicidad y servicios en tales medios para la difusión de contenidos
educativos y culturales.
Otro aspecto importante de la normativa es que impediría la
concentración oligopólica, al establecer un límite para una misma
persona (natural o jurídica) de una sola frecuencia para matriz en AM,
una en FM y una de televisión, en todo el territorio. Actualmente cerca
del 90 % de las frecuencias están en manos privadas. La ley prevé que
para alcanzar en forma progresiva el reparto a los sectores público y
comunitario, se priorizará la concesión a estos dos sectores, hasta
alcanzar los porcentajes correspondientes, utilizando las frecuencias
disponibles y las que se reviertan al Estado, por los motivos dispuestos
en la Ley y la Constitución.
Parte del espectro radioeléctrico se liberará mediante la reversión de
aquellas frecuencias que fueron asignadas sin seguir el debido proceso
legal, o cuyos concesionarios hayan hecho un manejo irregular de las
mismas. La Auditoría de Frecuencias, realizada bajo mandato de la
Constitución, sería la base para determinar estas reversiones, que
podrían ser más de 200, según dio a conocer el Presidente de la
Asamblea, Fernando Cordero. Tales frecuencias deberán revertirse de
inmediato al Estado. Además, desde la consulta popular 2011, la
Constitución prohíbe que las empresas de comunicación, sus directivos o
accionistas puedan tener participación accionaria en empresas de otro
sector económico.
Otra medidas, destinadas a estimular la producción nacional, prevén la
obligación de tener un 40 % de contenido nacional en los medios
audiovisuales y 10 % de producción nacional independiente. En las
radios, el 50 % de la música debe ser producida, compuesta o ejecutada
en Ecuador. Además, la publicidad debe ser producida en el país.
En el proyecto de Ley, se establecen también normas para un manejo
responsable de la información por parte de la prensa. Por ejemplo, se
estipula que la información publicada debe ser debidamente verificada y
se establece la obligación -con las sanciones correspondientes en caso
de omisión- de rectificación de informaciones falsas o inexactas, y el
derecho de réplica cuando una persona considere que la información
afecta sus derechos a la dignidad, honra o reputación.
Se garantiza, además, los derechos de los profesionales de la
comunicación, como la cláusula de conciencia, reserva de la fuente y
secreto profesional y derechos laborales. Uno de los temas más polémicos
fue la titularización obligatoria de periodistas. El debate giró en
torno a si ésta atenta o no a la libertad de expresión de la ciudadanía,
pero también a las garantías del derecho ciudadano de ser debidamente
informado, lo cual exige de destrezas profesionales. En su última
versión, el proyecto de Ley prevé que quien ejerza en forma permanente
el periodismo debe tener título profesional (salvo editorialistas,
columnistas de ciertas secciones especiales y quienes comunican en
idiomas indígenas). Se prevé un plazo de 6 años para que quien ya
trabaja en un medio adquiera su título.
Una ley construida con la sociedad
Al igual que sucedió en Argentina, buena parte de la prensa comercial y
sectores de la derecha han unido fuerzas, desde hace más de dos años,
contra lo que, antes de que se redactará una línea, la tildaron como
"ley mordaza", bajo la premisa de que en materia de comunicación la
mejor ley es la que no existe. Es evidente que la ley afectará intereses
poderosos, lo cual sin duda explica su tenaz oposición, que justifican
bajo los reclamos de "libertad de expresión". Uno de los puntos más
polémicos ha sido la composición del Consejo de Regulación y Desarrollo
de la Comunicación -que tiene entre sus funciones elaborar el informe
vinculante para la adjudicación o autorización de concesiones de
frecuencias- que para algunas voces críticas concentra demasiado poder
en el gobierno de turno (si bien el ejecutivo solo nombra a uno de los 5
representantes).
Se argumenta que el texto de la Ley contraviene convenciones
internacionales firmadas por Ecuador, lo cual vislumbra posibles
acciones ante los organismos internacionales si la ley se aprueba
(aunque de hecho, en su redacción se ha cuidado de respetar las
convenciones vinculantes). La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ya
califica de "preocupante" la Ley y es de esperar que se articulará una
campaña mediática regional para atacarla, como se ha hecho tantas veces
en los últimos años, cada vez que alguno de los gobiernos ha tocado los
intereses del poder comunicacional.
La última versión del proyecto, publicado el pasado 5 de abril,
representa el fruto de más de dos años de foros públicos, debates en
medios, propuestas y acciones por parte de organizaciones e instancias
sociales, y diversos otros aportes, que hacen que esta ley sea una de
las más debatidas del país. Varias de las propuestas centrales, como el
reparto igualitario de frecuencias, no provinieron de sectores
oficialistas, sino desde actores sociales. El gobierno ha mantenido una
actitud ambigua frente a la Ley, hecho que impidió que se votara dos
años atrás -como mandataba la Constitución- cuando el movimiento
político gobernante, Alianza PAIS, aún tenía mayoría en la Asamblea. En
varias oportunidades el propio Presidente Rafael Correa ha reiterado que
no es una ley prioritaria para el gobierno, y tanto en el ejecutivo como
en PAIS, hay sectores que se oponen a la tesis de los tres tercios en el
reparto de frecuencias. Fue solamente en el pasado mes de marzo que
Correa expresó un claro respaldo a ella, lo cual alineó posiciones al
interior del gobierno.
Sin duda el proyecto tiene varias falencias y aspectos que podrían
mejorarse. Por ejemplo, la participación ciudadana en la gestión de los
medios públicos no está muy clara, siendo un aspecto importante para
garantizar su carácter público. No obstante, con su aprobación, podría
sentar las bases para una reconfiguración y democratización profunda del
escenario comunicacional, actualmente acaparado por unos pocos grupos de
poder. Seguramente su implementación no será un proceso fácil. Al igual
que el reparto de la tierra, requerirá de procesos de organización,
propuesta, creación de capacidades y lucha, particularmente para
consolidar el sector comunitario. Pero si se logra esta primera batalla,
se podrá contar con la legitimación de las demandas y una cancha de
juego más igualitaria.
En este contexto, resulta difícil de entender que sectores de la
oposición ecuatoriana más identificados con la izquierda se alineen con
las posiciones de los grandes medios comerciales y de la derecha. Sin
duda consideran que oponerse a la ley es una manera de golpearle al
gobierno, cuando más bien golpean al movimiento social que ha promovido
la ley, y a la ciudadanía que se beneficiará de ella; y de paso, hacen
un favor a aquellos sectores dentro del propio gobierno, que no ven con
buen ojo las medidas democratizadoras.
Se simpatice o no con un gobierno, mal se puede renegar de las propias
banderas históricas, cuando éste las adopta como suyas. Más bien implica
movilizar más intensamente y vigilar para que su implementación sea
efectiva. No solo se beneficiaría el país, sino que sentaría un ejemplo
para el continente.
Es con este sentido que la Red de Intelectuales En Defensa de la
Humanidad ha hecho público su apoyo al proyecto de ley mediante una
carta abierta(2) suscrita, entre otros, por Ignacio Ramonet, Ana Esther
Ceceña, Carmen Bohórquez, Marta Harnecker y Oscar Ugarteche, donde se
afirma que es un proyecto que "ciudadaniza el espectro radioeléctrico
ecuatoriano mediante una redistribución equitativa de las frecuencias de
radio y televisión (…), elimina los monopolios, fomenta la producción
nacional, promueve la comunicación intercultural y plurinacional y
garantiza la plena libertad de expresión e información", y "será un
aporte valioso a la democratización de las comunicaciones en toda
Nuestra América".
(1) La versión del proyecto de Ley publicada el 5 de abril 2012 se
encuentra en:
http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/articulado-final-ley-comunicacion-04-04-2012.pdf
(2) Carta de Apoyo al proyecto de Ley de Comunicaciones de Ecuador:
http://movimientos.org/foro_comunicacion/show_text.php3?key=20547
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