Argentina:
La causa Malvinas, la unidad nacional argentina y la integración
latinoamericana
Álvaro Verzi Rangel
ALAI AMLATINA, 11/04/2012.- Malvinas es una cuestión estratégica para el
futuro de todos los argentinos y los sudamericanos, donde están en juego
con la proyección a la Antártida más de 5.000.000 de km2, con recursos
naturales de todo tipo.
Hay mucha expectativa en el gobierno argentino sobre el empuje que al
tema le pueda dar el venezolano Alí Rodríguez, quien asume pronto la
secretaría general de UNASUR, mientras desde distintos sectores se
propone y analiza la posibilidad de declarar una zona de exclusión
económica sudamericana en todo el Atlántico Sur.
Hoy en día, el gobierno argentino ha logrado amplio consenso político en
torno a su reclamo "diplomático" en lo interno (Senado, Diputados,
sindicatos, empresarios) y se ve fortalecido en lo externo con
posiciones comunes tomadas por varios países sudamericanos cerrando
puertos antes navíos provenientes o dirigidos a Malvinas (Brasil, Perú,
Brasil, Uruguay, Chile).
Es más, ha delimitado el terreno de disputa señalando que no debe ser el
militar, como pretenden los ingleses, sino cultural, político,
diplomático, económico y también jurídico.
Sin dudas, la "Causa Malvinas" es uno de los factores de mayor peso a la
hora de pensar en la unidad nacional argentina. La Presidenta lo tuvo en
claro al convocar a fuerzas propias, amigas, aliadas y opositoras a
anuncios sobre el tema Malvinas. "Malvinas se ha convertido en un
problema regional y global", dijo Cristina Fernández de Kirchner, en un
discurso que contiene varias cuestiones o aspectos diferenciados.
El interés y proyección estratégica internacional; el desenmascaramiento
de pretensiones, denuncias y políticas coloniales. También contiene
aspectos polémicos en torno a la recuperación de Malvinas y del
posterior "Informe Rattenbach" y anuncios sobre la puesta en marcha de
un hospital para la atención psicológica de ex combatientes.
"El pueblo argentino no decidió esa guerra", afirmó la Presidenta,
absteniéndose de usar el verbo apoyar y diferenciarse claramente de los
procederes de la dictadura militar.
Sin duda, las expresiones de la Presidenta tuvieron una clara
orientación diplomática: hacer saber al mundo que la actual política del
Estado argentino critica la ocupación efectuada en 1982 por un "gobierno
despótico". Logró que el conjunto de las fuerzas avalen su presentación
ante las Naciones Unidas (Consejo de Seguridad y también la Asamblea
General, donde Gran Bretaña no tiene derecho a veto), denunciando la
"militarización" impulsada por Inglaterra.
Conceptualmente fue mucho más sólida la explicitación hecha para
desenmascarar las políticas coloniales sobre el tema Malvinas y dentro
de esta misma solidez se debe mencionar la reivindicación de la
solidaridad latinoamericana y la vinculación de los derechos argentinos
con otros hechos, entre ellos el recuerdo del "gaucho Rivero", héroe
malvinense, que murió combatiendo en la Vuelta de Obligado (contra los
ingleses).
La Presidenta denunció la presencia de naves de guerra británicas y del
príncipe Guillermo para un presunto entrenamiento humanitario,
considerándolos como un "montaje colonial", impacten sobre la opinión
pública nacional e internacional al confrontarlas con la posición
pacifista del Estado argentino.
Ciertamente polémica fue y es la condena a la recuperación efectuada en
1982. Gran parte de los argentinos, sin desconocer el genocidio desatado
por aquella dictadura, compartieron y comparten el acto de soberanía
sobre las Islas Malvinas desarrollado en aquellos días.
En esta misma dirección se ubican las consideraciones sobre la
desclasificación del "Informe Rattenbach". La misma es importante para
que se conozca esa versión sobre los hechos de Malvinas y las
responsabilidades de los altos mandos castrenses. Por último, la
atención psiquiátrica para los "veteranos de guerra" en un Hospital de
Salud Mental, donde antes funcionaba el Instituto Geográfico Militar,
fue el anuncio de tipo reivindicativo en beneficio de los ex combatientes.
El Informe Rattenbach deja en claro que el conflicto de 1982 era
inviable en términos geopolíticos, económicos y técnicos y que la
decisión tomada por la Junta Militar genocida, entonces presidida por
Leopoldo Fortunato Galtieri fue inmoral e irresponsable.
Pero el comportamiento del ala civil y económica de la dictadura
genocida bordeaba el misterio, pero la desclasificación del Informe
Rattenbach permite rastrear ahora algunos episodios vergonzosos en los
que funcionarios del Banco Nación y del Ministerio de Economía se
mostraron más preocupados por defender a los ahorristas ingleses que a
las finanzas argentinas, en medio de una situación bélica, es decir,
extrema.
A mano alzada y por unanimidad, el Senado argentino aprobó la
Declaración de Ushuaia, que reivindica la soberanía argentina sobre las
islas Malvinas y avala como política de Estado el reclamo pacífico en
todos los foros internacionales que obligue al Reino Unido a cumplir la
resolución 2065 de Naciones Unidas de sentarse a negociar para poner fin
al enclave colonial en el Atlántico Sur.
Desde todas las bancadas políticas se respaldó el documento rubricado
por todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria en
Tierra del Fuego el 25 de febrero, que entre sus diez puntos también
condena la militarización británica en las islas y el saqueo de sus
recursos naturales. Sin embargo, la creación de una comisión bicameral
sobre Malvinas quedó postergada por falta de acuerdos.
Sectores nacionalistas y de la izquierda vernácula tradicional coinciden
en que es necesario mostrar firmeza en las negociaciones mediante una
efectiva presencia soberana en el mar, junto a una presión legítima en
lo económico-financiero, que signifique un alto costo para Gran Bretaña
mantener su enclave colonial en las islas.
Con esta perspectiva, señalan, un instrumento clave es la ley 26.659,
votada por unanimidad en ambas cámaras del Congreso hace un año (pero
aún no reglamentada), en la que se establecen una serie de requisitos
para la exploración y explotación petrolera en la plataforma continental
y fuertes sanciones en caso de incumplimiento, incluyendo sanciones a
las empresas instaladas en territorio argentino que mantengan intereses
y/o vínculos económicos o financieros con las corporaciones que están
explotando el petróleo en Malvinas.
Cabe recordar que el 30 de noviembre de 2009, el gobierno de Cristina
Kirchner reclamó formalmente a los 27 países que conforman la Unión
Europea (UE) por la inclusión de las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sandwich del Sur y del sector antártico argentino en el tratado europeo
de Lisboa.
Las islas fueron incorporadas con bandera británica al tratado de
Lisboa, que reemplaza a la frustrada Constitución europea. El 30 de
enero de 2012, la Unión Europea (UE) advirtió que no debatirá sobre la
soberanía de las Islas Malvinas. El embajador de la UE en la Argentina,
Alfonso Díez Torres, aseguró que el tema Malvinas "no entra en la agenda
de la política exterior" del bloque y señaló que "hoy las Malvinas están
bajo jurisdicción del Reino Unido y es un hecho".
Argumentos coloniales
El debate público argentino asistió a la reaparición, algo traspapelada,
de argumentos coloniales, anclados, en este caso, en la dinámica
tradición de justificación de la desposesión de tierras y recursos
naturales por parte del Imperio Británico, aquel donde "nunca se ponía
el sol".
Se desencadenó entre un grupo de intelectuales y publicistas críticos
del gobierno una especie de torneo para ver quién adopta posturas más
anglófilas y entreguistas, con argumentos que ofenden la inteligencia de
los argentinos y llenan de regocijo al Foreign Office. Uno de los
desvaríos más significativos es el que señala, en línea con los
pretextos de Londres, que la Argentina debería consultar a los isleños
si es que aceptan o no que las islas sean reincorporadas al patrimonio
nacional.
Se apela, erróneamente, a la doctrina de la "autodeterminación
nacional", lo que le permitió al historiador Luis Alberto Romero (en una
columna publicada en el diario La Nación) y a un grupo de 17
intelectuales proponentes, según ellos, de una mirada alternativa sobre
la cuestión de las Malvinas, renunciar sin más miramientos al legítimo
derecho que le asiste a la Argentina y dar por definitivamente perdida
una batalla que este país viene librando desde hace 179 años.
Quienes postulan la doctrina de la "autodeterminación nacional" se
olvidan de que ésta sólo es aplicable a condición de que se cumpla con
un requisito inescapable: que quienes se amparen en ese derecho sean los
pobladores autóctonos de un territorio, lo que no ocurre en el caso de
las Malvinas. La escasa población argentina que había en las islas fue
desalojada por una fuerza expedicionaria británica que se apoderó
violentamente del archipiélago y estableció, en su lugar, una pequeña
colonia que al cabo de casi dos siglos no supera las dos mil almas.
Los habitantes de las Malvinas, los llamados kelpers, son ahora
ciudadanos británicos luego de la guerra de 1982. No hay tres partes,
hay dos. Ello no fue modificado por la guerra, ni por ninguna otra
situación. No puede aplicarse dicho principio a una población cuya
composición es ínfimamente nativa o descendiente; a una población que
actualmente (de acuerdo a documento oficial británico) proviene de 62
países distintos y que en definitiva ha sido trasplantada
deliberadamente en todos los años de usurpación.
Esa modalidad de adquisición territorial se llama, en el derecho
internacional, "conquista", y de por sí invalida cualquier pretensión de
legitimar la presencia post festum de los intrusos auscultando su
voluntad o no de perpetuar los efectos de la conquista gracias a la cual
se apoderaron de unas tierras que no eran suyas.
El tipo británico de colonización
El británico es un tipo particular de colonización, ya que no poseía el
paraguas de las bulas papales y tampoc o podía esgrimir el hecho de
haber "descubierto" esas tierras.
El argumento central que usaron los británicos –y sobre todo John Locke,
el llamado padre del liberalismo- es el de "tierra vacante". Las tierras
que ocuparon, sostenían, no estaban bien utilizadas por los pobladores
nativos, que por sus incapacidades técnicas, por su nomadismo o por su
"incivilidad" no podían maximizar la producción y extracción de
recursos, lo cual constituía un desperdicio, un derroche y una afrenta a
la concepción cristiana de que Dios dio a todos la tierra en común, pero
para la maximización de sus recursos. El modo inglés de colonización,
entonces, se basó en el verbo clave de "plantar".
Resulta por eso muy ajustado al discurso legitimador inglés, tejido
desde hace siglos, que intelectuales argentinos recurran a la
autodeterminación de los pueblos. Porque a estos cuatro modos de
"plantar" los ideólogos ingleses de la colonización agregaron que la
corona británica se debía mostrar como liberadora de los pueblos
sojuzgados por las "tiranías".
Traducido, eso significaba proponer como estrategia diferenciadora en
donde se asentaran, formas de autogobierno y de tolerancia religiosa
(mientras sus colonos no atinaran a competir con las manufacturas
inglesas ni atentaran contra las Actas de Navegación). Une un modo de
participación política con un modo de apropiación y extracción de
recursos naturales, que se justifica en que si éstos no se utilizan
implica un derroche, una irracionalidad económica.
Gran Bretaña quiere utilizar la "aventura" militar de la dictadura
genocida como una beligerancia donde el que ganó la batalla adquiere
derechos de vencedor como si se tratara de tierras vacantes o
mostrencas, donde no había derechos previos, habitantes argentinos y
bienes del Estado. Esta posición merece ser calificada de "aventura"
diplomática, pues contradice completamente al derecho internacional.
Por eso es central, sí, anclar el reclamo de Malvinas a la defensa de la
soberanía y el dominio sobre los recursos naturales (o lo que es igual,
afirmar la persistencia de la cuestión del colonialismo –y ningún
"post"– en nuestros países). Pero colonialismo y desarrollismo comparten
esta matriz ideológica de la utilización "racional" –productivista y
tecnicista– de los recursos. Ir por todo es también no dar por sentada
esa lógica político-económica de la extracción.
La solidaridad latinoamericana
Malvinas trasciende a la dictadura militar y es mucho más que un
archipiélago, es la punta del iceberg en la lucha de las grandes
potencias por ocupar y controlar los últimos espacios no explotados del
planeta, y una oportunidad para que Argentina no sea un Estado menor en
el orden jerárquico de un mundo multipolar.
Gracias a las provocaciones de David Cameron, la causa de las Malvinas
se latinoamericanizó y Londres acusó el impacto al ver que su pertinaz
colonialismo suscitaba creciente repudio a la vez que solidaridad con la
Argentina en esta parte del mundo y que Washington admitía, para
desasosiego británico, que había un problema de soberanía que debía
discutirse bilateralmente.
La controversia sobre la soberanía del archipiélago involucra al menos
tres aspectos que hacen al interés común de América latina:
a) la explotación de recursos naturales de nuestros espacios marítimos,
renovables (si no se los depreda), como la pesca, y no renovables, como
el petróleo;
b) el acceso a la Antártida, fuente segura de enormes riquezas minerales
e hidrocarburíferas cuyo tratado, que deja "congelados" los reclamos de
soberanía sobre ese territorio, debería ser renovado en fechas próximas; y
c) el acceso al paso bioceánico a través del Estrecho de Magallanes, de
extraordinaria importancia en la hipótesis de que por diversos motivos
fuese inoperable el Canal de Panamá.
Cabe recordar las posiciones solidarias adoptadas por CELAC (América
Latina y Caribe) y UNASUR (América del Sur), junto a la decisión de los
países del MERCOSUR al negar el uso de sus puertos a embarcaciones con
la ilegal bandera kelper.
Más allá de los procesos de integración regional y las alianzas
estratégicas, según la agencia de inteligencia global Stratfor, Brasil
está dispuesto a apoyar a la Argentina en su reclamo por las islas
Malvinas porque no quiere a Gran Bretaña cerca de sus yacimientos de
petróleo.
Derecha e izquierda
La reivindicación del gobierno argentino coincide o desata, a la vez, un
clima de nacionalismo de distintos calibres, de raíz popular o
aristocrático, de liberalismos enajenantes u oportunistas, y también de
anglofobias y anglofilias. Hasta un grupo de periodistas e intelectuales
argentinos, alineados hoy con la derecha proimperial, insisten en la
autodeterminación de los isleños.
Desde sectores de izquierda dicen que los Kirchner pretenden construir
soberanía mientras son entregados al extranjero meramente como
mercancías recursos naturales estratégicos del país, como en megaminería
e hidrocarburos.
Pero no hay que olvidar que simultáneamente con la fuerte militarización
de la base británica Mount Pleasant, entra oficialmente en operaciones
la primera base paramilitar del Comando Sur de los Estados Unidos en
territorio continental argentino. Encubierta como centro de respuestas a
emergencias naturales, se trata de un centro de inteligencia militar,
monitoreo y adoctrinamiento de la población civil dirigido por el
coronel Edwin Passmore, activo de Irak, Afganistán y Kuwait y expulsado
de Venezuela por espionaje.
El tema Malvinas, más allá de la solidaridad latinoamericana, también
implica la descolonización mental y la necesidad de asumir la etapa de
construcción de nuevas sociedades, iniciando –o prosiguiendo- el modelo
de sustitución de importación de ideas.
Después de 1982, Gran Bretaña hizo de las islas una cuestión de orgullo
imperial y militarizó la zona entusiasmada con la posibilidad de extraer
petróleo por 200 mil millones de dólares.
Una causa coyuntural para la militarización del Atlántico Sur está
asociada al manejo por la administración Cameron de la crisis política y
la revuelta social interna por la desocupación, pero otra causa de fondo
es que desde 2000 la producción de hidrocarburos en el Mar del Norte
está decreciendo. El Reino Unido está pasando de exportar a importar
gas. Está previsto el paulatino cierre y desmantelamiento de las
plataformas petroleras del Mar del Norte hasta el 2035.
También cabe aclarar que la base militar inglesa de Malvinas, la más
importante de la OTAN en el hemisferio Sur, fue adquiriendo esa
dimensión no luego de la guerra del 82, sino después de firmados y
estando vigentes los Acuerdos de Paz con el Reino Unido de 1990. Y que
la explotación petrolera comenzó luego que el expresidente Carlos Menem
firmara un nefasto convenio, que fuera bien derogado en el 2007 por
Néstor Kirchner. Pero que tampoco Argentina hizo nada efectivo cuando la
Unión Europea incorporó en su Constitución a las Malvinas y el
territorio antártico británico como territorios de ultramar europeo
En definitiva, hay que hacerse cargo de los errores cometidos antes,
durante y después de la guerra de 1982. En democracia, Malvinas debe ser
una política de Estado. Una política integral, sin doble discurso y
también sin derrotismo.
Petróleo y dudas
A mediados de abril, la cancillería argentina se mostró satisfecha
cuando la petrolera British Petroleum, de capitales ingleses, anunció
que no participa en actividades de exploración de hidrocarburos en la
región del Atlántico Sur "ni tiene planes de hacerlo en el futuro". La
aclaración por parte de la empresa británica llegó en respuesta a una
nota que el Ministerio de Relaciones Exteriores había enviado a mediados
de marzo, advirtiendo que el gobierno argentino avanzaría con "acciones
administrativas, civiles y penales" contra las compañías que
participaran de la exploración y perforación de la zona aledaña a las
islas Malvinas, por considerar que actúan en sentido contrario a lo
indicado por las Naciones Unidas en diversas resoluciones.
Esa empresa británica tiene intereses en la Argentina: está a cargo, a
través de la compañía Panamerican Energy, del mayor yacimiento de
petróleo del país, Cerro Dragón, en la provincia de Chubut. La concesión
se extiende hasta el año 2043.
El alcance de la decisión argentina de avanzar legalmente no incluye
sólo a las empresas del rubro petrolero que participen directamente sino
también a las que brinden apoyo logístico, asesoramiento o
financiamiento. Esto incluye bancos, brokers y analistas de riesgo,
entre ellas algunas de peso internacional como Crédit Suisse, Barclays,
Merril Lynch y Goldman Sachs.
Mientras, sectores de la izquierda -entre ellos Mario Cafiero y Pino
Solanas-denuncian que posiblemente tras las bambalinas se consolida
definitivamente el formidable negocio de la explotación del petróleo de
Malvinas por parte del Reino Unido, mediante la conjugación de dos
medidas dictadas recientemente por el actual gobierno. Una fue la ley
26.552 de fijación de los límites de la Provincia de Tierra del Fuego,
por la cual las islas Malvinas y la Antártida Argentina pasaron a ser
jurisdicción de esa provincia, que se convirtió así en la más extensa de
la Argentina y con la relación habitante por territorio más baja del
planeta.
Indican que pese que se ha querido mostrar a esta ley como una medida de
reafirmación de la soberanía en los territorios usurpados, en los hechos
provoca una minimalización del conflicto por Malvinas, que pasará en la
práctica a ser un conflicto interno de dicha provincia, y no de la
Nación Argentina. El conflicto geopolítico actualmente más importante,
por el dominio de las islas del Atlántico Sur y los extensos territorios
marítimos circundantes, cuyos verdaderos antagonistas son el Reino
Unido, con sus aliados europeos; y Argentina, con sus potenciales
aliados sudamericanos, corre el riesgo de ser minimizado así en una
disputa de poca monta entre malvinenses británicos y fueguinos argentinos.
La otra medida fue la cesión que hizo el Poder Ejecutivo Nacional del
50% de las regalías de la explotación off shore de petróleo, incluidos
los de la zona en disputa, a favor del Fideicomiso Austral creado por
dicha provincia. La articulación de esas dos medidas, dictadas en
simultáneo al desembarco británico con miras a explotar el petróleo de
Malvinas, sumadas a la facultades constitucionales otorgadas a las
provincias respecto a dominio originario de los recursos naturales, y de
realizar acuerdos internacionales, posibilitan que la gobernadora
Fabiana Ríos puede concretar discretos acuerdos de explotación de
petróleo con las compañías que están operando o pretenden operar en la
zona de disputa.
Estas empresas encuentran como obstáculo legal la Resolución 31/49 de la
ONU, que insta a las partes a no innovar unilateralmente en la
explotación de los recursos del área en disputa. Recibiría así
–especulan los de nunciantes- la provincia de Tierra del Fuego el pago
de una simbólica regalía del orden del 3%, que la contraparte británica
o los isleños, como ya lo han deslizado de distintas maneras, no
imputarán como pagos de regalías (que puedan esgrimirse como un
reconocimiento de soberanía argentina) sino como servicios ambientales
prestados desde las costas del continente.
Seguramente por esta razón el Reino Unido astutamente insiste en que la
cuestión del petróleo es "un asunto exclusivo de los isleños", porque es
la única vía que tiene para legitimar su despojo a los argentinos, cuya
explotación, tal como lo pretende hacer por su cuenta Brasil, podría
brindar una era de prosperidad a Argentina, como sucedió en su momento
con Noruega, Dinamarca, Holanda, y Gran Bretaña con los yacimientos del
Mar del Norte.
Estos sectores señalan que Argentina debería requerir que se declare una
moratoria en la exploración y explotación petrolera del área en disputa,
hasta tanto se haya dirimido la cuestión de la soberanía sobre la misma.
Sería la manera concreta de obligar al Reino Unido a encarar
negociaciones por la soberanía. Y la única manera de asegurar que dicha
actividad pueda desarrollarse con los debidos apoyos desde el
continente, conforme los referidos principios del Derecho Ambiental, sin
convertirse en una aventura que podría deparar resultados catastróficos.
- Álvaro Verzi Rangel es Analista del Observatorio Latinoamericano en
Comunicación y Democracia
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