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Paraísos fiscales, lavado de dinero y drogas en el "nuevo mundo" americano
Alejandro L. Perdomo Aguilera
ALAI AMLATINA, 18/04/2012.- La historia de los paraísos fiscales y el
lavado de dinero en Latinoamérica, parece una historia romántica donde
la conspiración, las alianzas entre élites de poder económico
trasnacional parece no hallar racionalidad. En un contexto pletórico de
burbujas financieras, donde el tráfico ilícito de drogas y otros delitos
conexos, consolidan las alianzas entre el empresariado y sectores de la
"alta" política, para el blanqueo de las ganancias y la evasión de altos
impuestos.
Parece ser que el mundo incivilizado suele imponerse para los países de
nuestra América. El tráfico de drogas ilícitas (TDI) si bien en materia
jurídica es seriamente penado por las autoridades norteamericanas,
desde el orden económico, financiero y comercial, son muy bien
aprovechados los dividendos provenientes de ese flagelo. Digamos que
cuando se sigue la ruta del dinero, puede percibirse el punto de
encuentro entre los intereses de los narcotraficantes, el empresariado
transnacional y los altos funcionarios políticos latinoamericanos y
estadounidenses, en el lavado de dinero y la evasión de impuestos; para
lo cual utilizan hábilmente los paraísos fiscales de la región y,
también, del territorio de los EE.UU.
Los paraísos fiscales no son necesariamente ilegales, a pesar de que en
muchos casos se les relacione con el blanqueo de dinero, la fuga de
capitales o la evasión de impuestos; ciertamente se pueden obtener
ventajas sin cometer ningún delito, aunque moralmente dejen mucho que
desear. Existe también un problema ético aunque no deja de ser legal
cuando los ciudadanos o empresas trasladan sus capitales hacia otros
países en aras de evitar los altos impuestos en su país de origen.
El dinero negro puede derivarse tanto de actividades económicas ilícitas
como de aquel que no se declara en hacienda, tanto para la evasión de la
Justicia en términos criminales como la evasión de los altos impuestos.
En este trabajo interesa destacar aquel dinero blanqueado por tráfico de
drogas y otros delitos conexos. La problemática parte en este caso,
cuando el individuo acumula una suma de dinero la cual no puede
justificar y, por tanto, utilizar libremente para el comercio.
Desde la época de Al Capone, el crimen organizado utilizada esta
terminología, cuyo término de blanqueado de dinero o lavado, se originó
cuando dicho gángster adquirió una cadena de lavanderías para legitimar
la procedencia de sus dinero con un negocio de segunda, el cual,
evidentemente no era el fruto de sus grandes riquezas pero sí un cauce
por donde legitimar algunos de sus fondos.
Actualmente es muy común la inversión el sector turístico, sobre todo
en la construcción. Por ello los países o regiones con economías de
servicios suelen ser muy atractivos para el lavado de dinero del crimen
organizado. Sin embargo, en las listas de la OCDE nunca se reconoce este
tipo de actividades en los países de primer mundo. Tal es el caso de los
Estados Unidos donde existen varios Estados donde es clásico el lavado
de dinero. En esta actividad, es muy llamativo el caso del Estado de la
Florida, donde Miami ha cumplido un rol crucial en esta actividad por
décadas.
Es muy común ver como grandes capos de la droga en Colombia y México
lavan sus dineros en Miami, invirtiendo en casas, hoteles y otras
construcciones; contando con la complicidad de empresarios y bancos que
se encargan de lavar el dinero.
Los paraísos fiscales suelen tipificarse por su baja tributación y el
requerido secreto bancario. Debido a estas circunstancias la OCDE suele
elaborar listas de paraísos fiscales, listas offshore, listas grises, o
las llamadas listas españolas, que se utilizan para "desacreditar" a
algunas jurisdicciones. Curiosamente en estas listas no aparecen bancos
radicados en algunos Estados de la Unión que realizan similares prácticas.
Sin embargo, el sistema de listas de la OCDE, a mi consideración, crea
más confusiones que soluciones ya que su sistema de confiabilidad se
basa en la firma de acuerdo para intercambio de información y llegado
determinado estándar internacional, es eliminado de la lista de paraísos
fiscales, cuando en la práctica puede seguirlo siendo.
El fraude fiscal, que los paraísos hacen posible, afecta las políticas
sociales, producto de la evasión de impuestos de la cual, se supone,
salen parte de los fondos para ese tipo de medidas. Desde este punto, se
puede comprender cómo la evasión de impuestos que alientan el lavado de
dinero y los paraísos fiscales, afecta directamente a un sector tan
sensible e importante de la sociedad como la clase media, tanto por su
influencia política como por su estatus de paradigma de vida
político-cultural y económico al interior de las sociedades, aunque esta
situación no es del todo homogénea.
Si nos dejamos guiar por las artimañas burocráticas en torno a los
parámetros de control pudiera pensarse que las recientes reducciones de
las listas de paraísos fiscales que realiza la OCDE y otras
Instituciones es un tema en el que se ha obtenido éxito, pero
lamentablemente los paraísos fiscales, la evasión de impuestos y el
lavado de dinero son problemas que continúa vigentes.
En realidad el sistema de listas de la OCDE funge más como pantalla
pública que como barrera contra la evasión de impuestos y el lavado de
dinero; ensombreciendo la realidad a través de una condena pública a un
hecho que evidentemente, no se resuelve aún a nivel global y mucho menos
en el continente americano; sumergido en guerras fratricidas entre
narcotraficantes y el gobierno norteamericano, que vienen a constituir
otra prueba de la pervivencia de los fenómenos del lavado de dinero y
los paraísos fiscales en una región estremecida por la oleada de
violencia, con que operan los carteles de la droga.
Pero al problema no se le proyectan soluciones definitivas, ya que más
allá de las noticias de crónica roja y las políticas antidrogas del
imperio, existe un interés económico, financiero y comercial sobre el
frondoso monto de capitales que genera dicho negocio.
Ahora bien, este ejercicio no sólo limpia el dinero del crimen
organizado sino que se inserta también en el sistema monetario
internacional, atrayendo a las élites de poder concentradas en los
EE.UU., que buscan con estas prácticas la evasión de sus impuestos. Con
esa evasión, se perjudican los programas de asistencia sociales ya que
ni pagan impuestos ni cotizan a la Seguridad Social. Obviamente, evadir
estas responsabilidades se transfiere en miles de millones de dólares
que se mueven en el sistema económico comercial mundial, gracias al
lavado de dinero y a la discrecionalidad condicionada de los paraísos
fiscales o centros offshore.
La OCDE pidió la firma de doce acuerdos de intercambio de información
fiscal con otros tantos países. Pero, como denuncia Juan Hernández
Vigueras, el truco consiste en que los paraísos fiscales han firmado
doce acuerdos con territorios sin gran relevancia o entre sí, es decir
comprometiéndose cada cual en su complicidad sobre la existencia o no de
evasión fiscal. De esta forma, se consolida la idea de que los paraísos
fiscales constituyen el instrumento ideal de la delincuencia
transnacional, necesitada de lavar sus capitales y evadir impuestos.
El dilema de las listas de la OCDE se resuelve con un ejercicio de
comparación entre algunas listas. Por ejemplo si revisamos el listado de
paraísos fiscales de América según la OCDE en el año 2000 figuraban:
Antillas Neerlandesas, Aruba, Anguilla, Antigua y Barbuda, Las Bahamas,
Barbados, Bermudas, Islas Caimanes, República de Dominica, Granada,
Jamaica, Islas Malvinas, Montserrat, San Vicente y las Granadinas, Santa
Lucía, Trinidad y Tobago, Islas Turks y Caicos, Islas Vírgenes
Británicas, Islas Vírgenes de EE. UU., República de Panamá.
La versión del 15 de Diciembre de 2011, ha ocurrido una gran
simplificación, comenzando por el caso uruguayo. Finalmente para la OCDE
Uruguay ha dejado de ser un paraíso fiscal cumpliendo con una serie de
acuerdos que le posibilitan, al menos en lo formal, salir de la
angustiosa lista de paraísos fiscales elaborada por esa organización. La
firma de 7 nuevos acuerdos de intercambio de información, eleva el
número de convenios del país sudamericano a 18, cuando los requeridos
son sólo 12. Esto son seis acuerdos más de los requeridos fueron
suficiente para considerar transparente sus transacciones y, por tanto,
eliminarlo de la "lista gris" de la OCDE, donde Uruguay estaba en la
categoría de "otros centros financieros".
Gracias a estos requisitos burocráticos algunas de las jurisdicciones
más clásicas como las Islas Vírgenes Británicas (BVI), Antigua y
Barbuda, Belize, Bahamas, entre otras, fueron sacadas de la "lista
gris". De este modo, para los primeros días de 2012 sólo constituían las
lista Niué y Naurú. La OCDE además también creó el llamado grupo de
"otros centros financieros" el 15 de Diciembre de 2011.
Sin embargo, la inmensa mayoría de los países que abandonaron la lista
posiblemente sigan manteniendo las preferencias para no residentes y la
necesaria confiabilidad que le asegura las comisiones, en otras
palabras, continúa la pervivencia de paraísos fiscales con las
condiciones propicias para el lavado de dinero y la evasión de impuestos.
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