La presidencia del Perú bajo la lupa
Oscar Ugarteche
ALAI AMLATINA, 30/06/2013.- Una herencia positiva que dejó Javier Diez Canseco a toda América latina es que no hay presidente que se coloque sobre la ley. Los fallos contra presidentes por crímenes de lesa humanidad y por corrupción son parte de la estela de las acusaciones y fallos logrados primero en el Perú en el inicio del siglo XXI por investigaciones llevadas a cabo por Diez Canseco en el congreso del Perú. Con un record de ministros de Estado en la cárcel y un presidente de la República encarcelado por crímenes de lesa humanidad, el Perú va camino a lavarse las escaras de la ignominia y a reinventarse.
Lo más reciente es la mega comisión que investiga la corrupción en el segundo gobierno de Alan García. De manera singular lo que brotó de la comisión fueron los insospechados indultos presidenciales. Fruto de detenidos políticos sin causa justa, se diseñó una comisión presidencial de indultos donde se estudia a quienes libera el presidente. Nunca fue pensada la comisión para presos comunes pero en los años de García se trasformó de una comisión política en una de presos comunes.
Todo parece indicar según la prensa peruana que se conmutaron penas a 5,500 personas incluyendo 400 narcotraficantes mediante pagos calculados por el rango del preso y sus años de cárcel. Todo indica que los 14 cabecillas pagaron apenas 240,000 dólares en total. Fue una venta barata de libertad a jefes de bandas internacionales de narcotraficantes que incluyen aparentemente a los Zetas, los Norteños y otras mafias mexicanas y Nigeriana. La venta por poco dinero de la libertad de narcotraficantes podría estar detrás del dudoso record de haberse convertido el Perú en el primer productor de hoja de coca del mundo en los últimos años. Los narcotraficantes internacionales podrían tener la impresión de que en el Perú si los atrapan no importa porque con un pago pequeño salen libres. La interrogante es por qué el cobro tan limitado a presos con tantos recursos. Si la cifra es cierta, mediante un pago de USD 17,000 compraban los cabecillas su libertad.
Los pagos se hacían al jefe de la comisión Facundo Chinguel quien operaba con catorce personas más. El abogado Chinguel ha sido detenido por nueve meses mientras se le hace el juicio, por el peligro de que fugue del país. Con él está el ex ministro de Justicia Aurelio pastor igual detenido mientras se lleva a cabo el antejuicio. El problema para García parece ser que existen indicios de que Chinguel iba a Palacio de Gobierno a conversar con el ex presidente y su secretario Luis Nava para determinar el precio por cada liberado. De ser esto cierto, las acusaciones podrían llevar a García mismo a la cárcel.
La reacción de García, quien controla a parte importante del poder judicial en una dupla dudosa con el fujimorismo, ha sido solicitar un amparo y pedir que se disuelva la mega comisión. Más allá de que el poder judicial no puede interferir con el poder legislativo y que las investigaciones del congreso no son acusaciones sino señalamientos que luego se tramitan para que otra comisión (de acusaciones constitucionales) acuse, el pedido de amparo de García y de disolución de la mega comisión parece indicar que el ex presidente está muy preocupado.
Parte de las reacciones del APRA hasta ahora han sido por un lado el pedido de expulsión de Diez Canseco del congreso en noviembre del año pasado, razón por la que el decano del congreso nacional murió desaforado en mayo de este año, y la acusación contra Alejandro Toledo por enriquecimiento ilícito. Las campañas de “al ladrón” para distraer a la opinión pública han servido para limpiar aún más a la presidencia. Si “el dinero llega solo” como dijo García en una entrevista con Jaime Bayly, ahora tendrán que fijarse mejor como es que llega. Liberación de narcos por poco dinero fue un juego poco afortunado.
Será interesante ver qué otras fichas mueve el APRA para evitar que su candidato a la presidencia del 2016 termine detrás de rejas. Incluso el punto ahora es que la muerte o amenazas de muerte de cualquier miembro de esta mega comisión solo inculparían aún más a García, con lo que sus miembros deberían de hacer públicas si es que están siendo amenazados. Es posible inclusive que una acusación tenga los efectos de destruir la candidatura del 2016 aunque los jueces sean comprados como aparentemente ocurrió en otros casos vinculados a Montesinos y Fujimori.
Si se logra terminar con este caso limpiamente, será un segundo ejemplo de que hay ley y que el Perú se está formalizando, en señal de mayor desarrollo, lo que augura al país un mejor futuro. Se recuerda que en Chile, el país más institucionalizado de América Latina, el hallazgo de 100 millones de dólares en una cuenta en Riggs Bank de Washington DC, a nombre de Augusto Pinochet y su familia, no terminó con encarcelación del ex dictador ni en la devolución del dinero. Las lecciones de Diez Canseco para América latina siguen siendo ejemplares.
- Oscar Ugarteche es economista peruano, trabaja en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, México. Miembro del SIN/Conacyt. Coordinador del Observatorio Económico de América Latina (OBELA) www.obela.org y presidente de ALAI www.alainet.org
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