Chile: Las causas del malestar social y la crisis en educación
Miguel Caro R.
ALAI AMLATINA, 04/07/2011.- Ya no hay dudas que las masivas y
prolongadas manifestaciones de descontento en educación expresan un
malestar social más amplio, el que a mi juicio se explica
fundamentalmente por tres razones de carácter global:
1. Los temas de fondo que han motivado históricamente los reclamos de
amplios sectores sociales siguen estando pendientes, dado que no han
sido resueltos o sólo se han abordado parcialmente, permitiendo que el
malestar se mantenga y renueve acumulativamente cada año. Esta es por
tanto una razón que tiene que ver con el Chile real y con la
insatisfacción que produce el contenido del proyecto de país que se puso
en juego: la promesa de crecimiento con equidad. Lo no resuelto en
educación se asocia a con un sistema legal y constitucional que permite
la libre iniciativa y no garantiza el derecho a una educación digna,
igualitaria y pertinente. Salvo en cobertura y expansión institucional,
la sensación es que en 21 años no existe ningún avance efectivo; la
situación de segmentación, inequidad y deterioro, provocada también por
la propia expansión, es generalizada, tanto en el sistema público como
privado y pareciera que con cada anuncio estuviésemos empezando de
nuevo, con grandes ofertas de reforma (o revolución) que claramente no
han ido al fondo de los problemas.
2. Cada vez queda más claro que el sistema político vigente no
representa adecuadamente las problemáticas más urgentes de la sociedad.
Ni el gobierno, ni el parlamento, ni los partidos políticos logran
interpretar el descontento y sus verdaderas causas; pero además, el
modelo político no posee, y más bien niega, los mecanismos que
garanticen efectivamente la participación y la incorporación de los
intereses ciudadanos en la solución de los problemas.
No estamos en presencia entonces de un simple descontento con la llamada
clase política, como si se tratara de un problema de estilo o de
prácticas en que predomina sólo la rencilla permanente y el desinterés
por gobernar o legislar. Más allá de que ello pueda estar presente en
ciertos momentos, en la gran mayoría de los casos las discusiones
terminan en amplios acuerdos e iniciativas legales, consensuadas entre
los representantes de ambos bandos, con felicitaciones mutuas y sendas
ceremonias; pero justamente ahí está el problema, en el carácter
cupular, duopólico y excluyente del sistema político. Baste recordar la
mediática salida que se le dio a la llamada revolución pingüina el año
2006, con los dirigentes de los partidos políticos alzando sus manos al
cielo para consagrar un nuevo gran acuerdo (pre-parlamentario) que,
sobre la base de sepultar las principales aspiraciones que motivaron el
movimiento, prometía poner fin a los males en educación. Pero aquí
estamos, seguimos igual y comienza a invocarse nuevamente la ya
desgastada fórmula mágica del "acuerdo nacional".
3. El rol permanente que jugaron tanto autoridades como dirigentes
sociales y políticos concertacionistas durante sus años de gobierno, fue
el de contención de las presiones sociales, frente a la necesidad
estratégica de recuperación de la democracia y de gobernabilidad. Algo,
que pudiera entenderse como necesario para un primer gobierno (Aylwin),
se mantuvo inalterado durante todo el período.
El papel de "tapón social" que ejerció la coalición de gobierno durante
dos décadas inhibió, contuvo, deslegitimó y también reprimió duramente
-cada vez que fue necesario- a los movimientos sociales que escapaban a
la racionalidad de la nueva razón de estado. Los sectores más
precarizados y buena parte de la población que luchó por la vuelta a la
democracia, ejerció -de comienzo a fin- una ciudadanía a medias, cautiva
y temerosa de perder lo ganado, una ciudadanía en la medida de lo
posible, escasamente peticionista y muchas veces domesticada por el
clientelismo o las promesas electorales. Quienes gobernaban y los
dirigentes sociales cooptados, utilizaron muy bien estos recursos,
enarbolando una retórica de la doble responsabilidad: a) Instalar la
necesidad de que las peticiones no fueran desmedidas para mantener los
equilibrios macroeconómicos y también los equilibrios políticos,
aquellos que supuestamente hacían posible la gobernabilidad. b) Asumir
que en Chile, más allá del origen antidemocrático, las instituciones
funcionaban y que ello era condición para la construcción de la democracia.
Con todo, resulta indudable que se gobernó con las reglas del modelo
neoliberal y que las políticas sociales, al ser de focalización (no
redistributivas) no alcanzaron para satisfacer las demandas básicas de
numerosos sectores de la población, de lo contrario no se entenderían
las actuales movilizaciones. Por estas razones, la función de contención
social ejercida, devino en el establecimiento de un pacto social tácito
que le dio estabilidad al modelo, pudiendo de ese modo desplegarse y
consolidarse sin mayores contratiempos, con todas las consecuencias que
hoy comienzan a verse con mayor claridad. Junto con la recuperación de
ciertos derechos y libertades, en lo esencial allí estuvo el rol
histórico de la Concertación como coalición de gobierno.
En educación, la estabilidad de las reglas del juego del modelo y las
instituciones funcionando, fueron el marco apropiado para que se
consolidaran la segmentación, la creciente privatización y el deterioro
progresivo del sistema escolar público. Sobre esa base se produjo la
expansión inorgánica, precarizada y altamente lucrativa del sistema
universitario. En general, asistimos al deterioro de la educación como
derecho universal, garantizado por el Estado en condiciones de dignidad,
igualdad y pertinencia. Al amparo de la Constitución de 1980, legitimada
por reformas parciales, se consolidó un modelo educativo que segmenta
socialmente y reproduce las desigualdades, que se privatiza
aceleradamente sin entregar de manera equitativa la tan anunciada
calidad, reduciéndola -en el mejor de los casos- al entrenamiento para
pruebas estandarizadas. Un modelo que permite el lucro con fondos
públicos, transfiriendo cuantiosos recursos del Estado sin fiscalización
y externalizando sus funciones. Un modelo que generó la expansión de la
cobertura en el sistema universitario a costa de hipotecar el futuro de
las familias a través del endeudamiento usurero.
En suma, tanto el experimento puro de mercado y el posterior complemento
focalizador de la concertación, fracasaron; de aquello no hay duda. El
problema es que las medidas del actual gobierno son más y peor de lo
mismo, con una lógica gerencial, de premio-castigo que traerá más
autoritarismo y más mercado donde se necesita más democracia y más
estado. Frente a esto, sin la inhibición paralizante de las últimas
décadas, y sin nada que perder, sólo queda la presión social sobre el
gobierno y el parlamento, para instalar una agenda que enfrente la
crisis y ponga los temas de fondo al centro de las soluciones,
restituyendo el protagonismo que alguna vez tuvieron los actores
sociales en la construcción del país.
El actual movimiento no puede conformarse con un simple aumento de
recursos, es esperable también que pueda avanzar, entre otras cosas, en
la instalación de una ley de educación pública que, en el marco de una
reforma constitucional, reponga el rol de Estado; que se pueda
garantizar (no sincerar) la ausencia de lucro, condicionando a ello la
entrega de recursos y equiparar el interés bancario para los estudiantes
de universidades privadas. Para todo esto se requiere, con unidad, una
mesa de diálogo vinculante en cuanto compromiso político del gobierno y
luego colocar toda la presión sobre el parlamento en aquello que sea
necesario.
- Miguel Caro R. es Director de Educación, Universidad Arcis.
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