Panamá: Este desarrollo me hace pobre
Marco A. Gandásegui, h.
ALAI AMLATINA, 01/03/2012.- En una breve cita, el sociólogo kuna, Juan
Pérez A., resumió la esencia del diálogo entre gobierno nacional y
pueblos ngobe y buglé en torno a la construcción de hidroeléctricas en
la comarca del occidente panameño: "Este desarrollo me hace pobre". Para
algunos, la apropiación (robo) de tierras ajenas contribuye al
"progreso" económico y al mal llamado crecimiento del producto interno
bruto. Por lo tanto, si las leyes acaban con comunidades y desintegran
familias es aceptable porque contribuye al "desarrollo". Ese discurso
gastado y mal concebido se sigue aplicando en Panamá. En el caso de la
Comarca Ngobe-Buglé, se ha encontrado con el rechazo y la resistencia de
los pueblos indígenas organizados y decididos a no ceder.
En todo proceso de negociaciones tienen que existir ciertas bases que
son respetadas por las distintas partes. Sobre todo, el mediador – si
existe – tiene que tener en sus manos estos lineamientos para asegurar
la claridad del proceso y el éxito de las negociaciones. En el caso del
"diálogo", desde un principio el mediador debió haber identificado las
causas del conflicto y sentado las bases sobre las cuales se "dialogaría".
La falta de transparencia quizás fue un descuido por parte de la
mediación. El gobierno, por su lado, no tenía interés alguno en llegar a
un arreglo que beneficiara a todas las partes. En el caso de los
ngobe-buglé, llegaron a la mesa creyendo – equivocadamente – que las
reglas estaban claras.
Para comenzar, la causa del conflicto fue el desconocimiento por parte
del gobierno nacional del acuerdo suscrito en febrero de 2011 por el
cual se prohibiría la construcción de hidroeléctricas en la comarca
Ngobe-Bugle y sus territorios adyacentes. Las protestas y los dos
muertos (producto de la represión desmedida del gobierno) causados por
la introducción del proyecto de ley gubernamental en la Asamblea de
Diputados en enero de 2012, condujo a un nuevo acuerdo en San Lorenzo
mediante el cual se llevó el diferendo a una mesa de diálogo en la Asamblea.
El "diálogo" se reduce, entonces, a un solo punto: ¿Está el gobierno
nacional dispuesto a cumplir con la palabra comprometida en febrero de
2011 de no permitir la realización de proyectos hidroeléctricos en la
Comarca? Veamos primero cuales son las bases sobre las cuales se debió
desarrollar el diálogo, antes de revisar el papel que han tenido la
parte mediadora y la posición de las partes.
¿Cuáles son las bases sobre la cuales debió proceder la mediación para
buscar una solución al conflicto entre las partes? A nuestro entender,
hay cuatro elementos esenciales que deben tenerse en cuenta para que las
partes juzguen la validez de la palabra dada por el gobierno en febrero
de 2011 .
Por un lado, la Constitución Política de la República. Dice casi
textualmente que el gobierno respetará la propiedad colectiva de los
pueblos indígenas dentro de sus comarcas.
En segundo lugar, las leyes de la República, especialmente las que
tienen que ver con la figura de la Comarca. La ley que creó la Comarca
Ngobe Buglé estipula que todo proyecto originado desde fuera debe ser
objeto de consulta y aprobación por parte de las instancias
representativas del pueblo indígena.
Tercero, los acuerdos entre el gobierno y los pueblos ngobe y buglé. En
este caso habría que poner sobre la mesa los acuerdos de San Félix de
febrero de 2011 donde el presidente Ricardo Martinelli dio su palabra de
que no se realizarían proyectos en la Comarca.
Por último, cualquier otro aporte que la mediación considere pertinente
y que es aceptada por las partes. El padre Lacunza, de la Iglesia
católica, a nombre de la mediación considero oportuno – sin razón –
plantear que los indígenas tenían que someterse a las necesidades del
Estado panameño para que las negociaciones tuvieran éxito. Lacunza es un
excelente teólogo pero no tiene formación en ciencias políticas y
desconoce que el "diálogo" se produce a nivel de una instancia del
Estado. El gobierno (Ejecutivo) y la Asamblea (Legislativo) son, según
la Constitución, "órganos del Estado". A su vez, los pueblos ngobe y
buglé también son reconocidos por la Carta magna como entes políticos y
deliberantes.
En la mesa de "diálogo" están las partes del Estado (según la definición
de la Constitución) negociando a nombre de sus intereses. Obviamente, la
negociación es asimétrica. El Ejecutivo (gobierno) tiene en sus manos
todo el poder material (recursos financieros, militares, legales e,
incluso, culturales) y no pretende ceder en sus intenciones. En cambio,
los indígenas sólo tienen su voluntad y determinación de proteger su
tierra, apoyado por su espíritu de lucha.
Debo señalar que me han hecho muchas observaciones y reclamos por los
escritos que le hemos dedicado a este crucial tema del "diálogo". Quiero
destacar lo planteado por el ingeniero Oscar Sogandares, quien me
corrige con relación a la identidad de los propietarios del proyecto
para construir una hidroeléctrica en Barro Blanco sobre el río Tabasará
(en la comarca Ngobe – Buglé). La empresa dueña de la concesión para
construir una represa con capacidad para generar 28.8MW en Barro Blanco
es hondureña y presidida por el empresario Luis Kafie. Este dato merece
otro artículo aparte.
- Marco A. Gandásegui, hijo, es docente de la Universidad de Panamá e
investigador asociado del Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA)
Justo Arosemena.
http://marcoagandasegui11.blogspot.com
Mas informacion: http://alainet.org
RSS: http://alainet.org/rss.phtml
Twitter: http://twitter.com/ALAIinfo
______________________________________
Agencia Latinoamericana de Informacion
email: info@alainet.org
Suscripciones: http://listas.alainet.org/listas/subscribe/alai-amlatina
Desuscripciones: mailto:sympa@listas.alainet.org?subject=UNS%20alai-amlatina
