El Salvador: Presidente Funes pide perdón por masacre de El Mozote
Carlos Ayala Ramírez
El Mozote: Verdad, justicia y reparación
ALAI AMLATINA, 17/01/2012.- [El presidente de El Salvador, Mauricio
Funes, pidió disculpas ayer 16 de enero a nombre del Estado por la
masacre de El Mozote donde fueron asesinados un millar de campesinos
(as) por el ejército hace 30 años. El acto simbólico coincide con la
conmemoración de los 20 años de la firma de los Acuerdos de Paz que
pusieron fin a la guerra civil que dejó 75.000 víctimas. Nuestro
colaborador, Carlos Ayala Ramírez, nos ofrece su visión sobre estos
acontecimientos]
Entre el 11 y el 13 de diciembre de 1981, el batallón Atlacatl, el
primer batallón de reacción inmediata del ejército salvadoreño, equipado
y entrenado por Estados Unidos, masacró a más de mil personas, en seis
cantones, localizados en las municipalidades de Meanguera y Joateca, en
el departamento de Morazán. Según el Informe de la Comisión de la
Verdad, los oficiales al mando del batallón Atlacatl en el momento de la
operación fueron: el teniente coronel Domingo Monterrosa, el mayor
Natividad de Jesús Cáceres, el mayor José Armando Azmitia; los
comandantes de campaña: Juan Ernesto Méndez, Roberto Alfonso Mendoza y
José Antonio Rodríguez; el capitán Walter Salazar y José Jiménez.
Por esta masacre y por las aberrantes violaciones de derechos humanos
cometidas por instancias del Estado en tiempos de la guerra, el
Presidente salvadoreño, Mauricio Funes, pidió perdón a las familias de
las víctimas. El hecho en sí mismo tiene una importancia histórica y
humana porque se comunica verdad sobre los hechos y se dignifica a las
víctimas. Además, se hace en el contexto del veinte aniversario de la
firma de los Acuerdos de Paz, cuyo espíritu inicial fue refundar la
sociedad salvadoreña sobre la verdad, la justicia y la democracia. En
definitiva, la acción del Presidente fue por lo menos un acto de
desagravio y de reivindicación moral para las víctimas frente a sus
verdugos del pasado.
En lo que respecta a la verdad de los hechos – cuyos datos están bien
fundamentados y son conocidos desde hace años - la petición de perdón
pronunciada por el Presidente, incluyó: el reconocimiento de que tropas
del Batallón Atlacatl asesinaron a cerca de un millar de personas no
combatientes, la mayoría niñas y niños; la aceptación de que dicha
masacre –cometida hace 30 años– fue un crimen de lesa humanidad que se
pretendió negar y ocultar de forma sistemática; la referencia explícita
de los responsables que deben conocerse, entre ellos, el teniente
coronel Domingo Monterrosa; la convicción de que no se puede seguir
enarbolando y presentando como héroes de la institución militar y del
país a personas que estuvieron vinculadas a graves violaciones a los
derechos humanos; y la necesidad de que, como Estado y sociedad, se
expresara públicamente arrepentimiento por semejante barbarie.
Por otra parte, en lo que toca a la dignificación de las víctimas y sus
familiares, el presidente hizo al menos 9 compromisos, entre ellos:
iniciar un censo que permita conocer el número exacto de víctimas, así
como las necesidades más apremiantes y los principales problemas que
enfrentan las comunidades de la zona; declarar como bien cultural el
sitio donde ocurrió la masacre; responder de manera inmediata a los
principales padecimientos físicos y psicológicos que sufren muchas
víctimas; implementar una serie de medidas de apoyo a los sectores
productivos del lugar; y desarrollar – en el Norte de Morazán – el
segundo emprendimiento de Territorios de Progreso.
El gesto del Presidente, por tanto, parece ser más que un acto
simbólico, tiene características de ser un verdadero programa que
repare, restituya, rehabilite y compense a las víctimas y sus
familiares. No obstante, tiene algunos vacíos o ausencias. Citamos al
menos tres: En primer lugar, la actitud pasiva del Presidente con
respecto a las reiteradas recomendaciones y solicitudes de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, orientadas a realizar acciones para
derogar la Ley de amnistía vigente desde marzo de 1993, que sigue siendo
fuente de impunidad y negación de justicia para las víctimas; en segundo
lugar, la ausencia de compromiso para promover la integración a la
legislación interna de importantes tratados internacionales de derechos
humanos que pueden garantizar la no repetición de hechos considerados de
lesa humanidad; finalmente –y quizás más difícil de realizar– no pocos
esperaban que el Presidente se comprometiera a abrir los archivos de la
Fuerza Armada para que puedan ser examinados, por los representantes de
las víctimas, que también reclaman verdad y justicia por violaciones de
derechos humanos por parte de organismos del Estado.
En suma, buscar verdad, justicia y resarcir en la medida de lo posible
los daños cometidos, son condiciones necesarias que requiere la paz
salvadoreña al menos en su deuda con el pasado. Cierto es que las
violaciones flagrantes de los derechos humanos que estremecieron a la
sociedad salvadoreña y a la comunidad internacional, no fueron
realizadas solamente por personas integradas a la Fuerza Armada, sino
también por los insurgentes. Pero no menos cierto es que en cantidad y
en gravedad la mayor responsabilidad recae sobre los militares de esa
época. Algunos preferirían que no se hablara de estos temas, menos en el
contexto de la conmemoración de los Acuerdos de Paz. Siguen creyendo que
el olvido y la Ley de amnistía son factores necesarios para superar las
heridas del pasado. Los que así piensan no son realistas ni éticos,
porque ni el pretendido olvido ni la Ley de amnistía han logrado cerrar
las heridas causadas por tanto sufrimiento, y, por otra parte, está
suficientemente demostrado que sin verdad, justicia, reparación y perdón
estaremos muy lejos de una verdadera reconciliación nacional, uno de los
principales objetivos que se trazaron en los acuerdos de paz que, a
veinte años de la firma, sigue siendo una asignatura reprobada. La
acción de desagravio hecha por el Presidente Funes en El Mozote, ha dado
paso nuevamente al grito profundo de "nunca más" a los crímenes contra
la humanidad, el encubrimiento y la impunidad.
- Carlos Ayala Ramírez es director de radio YSUCA, El Salvador.
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