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Clarintina
Aram Aharonian
ALAI AMLATINA, 07/12/2012.- En la puja por la
democratización de la comunicación argentina, a la
que se subió la corporación judicial abiertamente
en favor de los grandes grupos
económico.-mediáticos, el oligopolio Grupo Clarín
consiguió una extensión de la medida cautelar
gracias a la cual seguirá eximido de adecuarse a
las disposiciones y límites de la Ley de Servicios
de Comunicación Audiovisual sancionada hace tres años.
Esta nueva legislación prevé que una persona o
empresa puede poseer 24 sistemas de televisión por
cable, 10 licencias de radiodifusión -sean de
radio FM, AM o de televisión abierta- y una señal
de contenidos (canal de cable). El grupo Clarín
detenta 250 licencias.
El beneficio cautelar vencía el 7 de diciembre,
según había establecido la Corte Suprema en mayo
último, cuando señaló que hasta el momento Clarín
no había demostrado que se hubiera vulnerado algún
derecho esencial, como la libertad de expresión, y
que por esto el expediente aparecía como una
cuestión de naturaleza meramente "patrimonial". Un
asunto patrimonial se puede recomponer a la larga
con una reparación económica. La violación de un
derecho básico, no.
Sin embargo, la Sala I de la Cámara en lo Civil y
Comercial dispuso el jueves 6 de diciembre que
siga vigente "hasta que se dicte la sentencia
definitiva en la causa". Es decir que caerá cuando
el juez de primera instancia, Horacio Alfonso,
defina la validez constitucional de los artículos
de la norma que obligan a desprenderse de
licencias de radio y televisión y que definen los
parámetros de concentración de medios.
La Cámara argumentó que la situación cambió
respecto de seis meses atrás, cuando se pronunció
la Corte para advertir que no se deben prolongar
las medidas cautelares indefinidamente porque se
conviertan en sentencias anticipadas. La Cámara
señaló que una sentencia del juez Alfonso sobre la
cuestión de fondo ya es inminente, porque lo
exigen las directivas supremas.
Para los camaristas, levantar la cautelar "cuando
aún no está dirimida la impugnación
constitucional" que planteó Clarín contra "la
obligación de desinvertir (...) causaría un
perjuicio irreparable" si la decisión final fuera
favorable a la empresa, que se vería en la
situación de tener que ceder parte de su patrimonio.
El titular de la Autoridad Federal de Servicios de
Comunicación Audiovisual, Martín Sabbatella,
consideró "una vergüenza" la decisión de la Cámara
Civil y Comercial. "Esto demuestra claramente que
esa Cámara termina siendo el equipo jurídico del
grupo empresarial Clarín (…) Hay una parte de la
Justicia argentina que no está preparada para
enfrentar a las corporaciones, porque está
colonizada y responde a esos intereses
corporativos", advirtió.
Sabbatella remarcó que "es una barbaridad que una
ley aprobada por el Congreso por amplia mayoría
quede trabada por una maniobra".
La decisión de la Cámara Civil y Comercial está
firmada por los jueces María Susana y Francisco De
las Carreras, sobre quien pesa una denuncia penal
y una denuncia en el Consejo de la Magistratura,
por haber viajado a un Congreso en Miami
organizado por Certal, una asociación que tiene
entre sus miembros a dirigentes del Grupo Clarín.
Según Sabbatella, esta situación "demuestra que
los jueces que viajan a Miami financiados por
Clarín terminan convertidos en su equipo jurídico".
El fallo de la Cámara prorroga la cautelar hasta
que el juez de primera instancia Horacio Alfonso
resuelva la cuestión de fondo, desconociendo así
el criterio de "razonabilidad" planteado por la
Corte Suprema, que fijó el 7 de diciembre para su
finalización. Es todavía más grave que la Cámara
haya opinado sobre el hecho de que Clarín podría
tener un año más para adecuarse a la ley después
del fallo de fondo.
Para que todos tengan las mismas oportunidades, la
Autoridad Federal anunció que prolongará la
resolución 901 del organismo, que amplía los
plazos de adecuación para el resto de los grupos
de medios, hasta tanto el principal actor del
mercado, el Grupo Clarín, comience su proceso de
adecuarse a lo dispuesto por la ley. Se trata de
una decisión que busca evitar una mayor
concentración en favor de Clarín por la obligación
de sus competidores a desprenderse de licencias.
Sin duda, la concentración de los medios de
comunicación por parte de una pequeña cantidad de
emporios económicos se ha convertido en una de las
principales herramientas del neoliberalismo para
el control ideológico de las sociedades. Antes
necesitaban de las fuerzas armadas, hoy les basta
con el control de los medios masivos de comunicación.
A este problema se añade la impunidad para
manipular y el ocultamiento de sus accionistas con
todos sus intereses económicos y políticos. Pero
todo esto lo muestran como una defensa de la
libertad de expresión, convirtiendo este principio
democrático en una coartada para su dominio y el
atropello del derecho ciudadano a informar y estar
informado.
¿Argentina o Clarintina?
- Aram Aharonian es periodista y docente
uruguayo-venezolano, director de la revista
Questión, fundador de Telesur, director del
Observatorio Latinoamericano en Comunicación y
Democracia (ULAC).
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