Entrevista a Humberto Cholango, presidente de la CONAIE, Ecuador:
Queremos ser constructores de alternativas
Osvaldo León
ALAI AMLATINA, 19/04/2012.- Ecuador vivió un mes de marzo muy movido,
con marchas y concentraciones que tuvieron la particularidad de marcar
un pulseo en el campo de la izquierda política y social que hoy abarca
tanto al gobierno como a nichos de oposición. El factor desencadenante
de esta coyuntura fue la iniciativa de los sectores sociales y políticos
aglutinados en la Coordinadora Plurinacional que impulsaron la "Marcha
por el Agua, la Vida y la Dignidad de los Pueblos", que tuvo lugar del 8
al 22 de marzo, para exigir al régimen un "cambio de modelo de
desarrollo" sobre la base de una plataforma de 19 puntos. En todo caso,
la fuerza gravitante en esta movilización fue la Confederación de
Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), cuyo presidente, Humberto
Cholango, expone a continuación tanto el sentido y balance la marcha
como las aperturas hacia el futuro.
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- ¿Cuál es el balance de la CONAIE sobre la "Marcha por el Agua, la Vida
y la Dignidad de los Pueblos"?
Nosotros hemos evaluado y el balance es positivo. En medio de un
conflicto con el gobierno del presidente Rafael Correa, que es un
conflicto programático, y en cierta medida con un gran sector del
gobierno, ideológico, consideramos como positivo porque nace nuevamente
una reconstitución de fuerzas sociales.
Obviamente no podemos decir que todo está reconstruido, pero nace una
fuerza social para reconstituir y asumir como objetivo estratégico la
agenda de lucha que es el cumplimiento de la Constitución Política del
Estado, que contempla gran parte del programa de la lucha que los
movimientos sociales han venido desarrollando como, por ejemplo, la
revolución agraria, la democratización de la economía, la democracia y
la participación en la consolidación de un Estado plurinacional, la
soberanía nacional entendida como una posición más digna frente a todos
los gobiernos y frente a los acuerdos de libre comercio… Pero
fundamentalmente creemos que es positiva esta movilización porque la
sociedad tiene que movilizarse para exigir estos cambios y la sociedad
tiene que asumir esta movilización como un elemento estratégico para que
la derecha no pueda tener capacidad de iniciativa, capacidad de copar
también las calles, para neutralizar un proceso político, un proceso
social, que en cierta medida inicialmente tuvo avances pero con el pasar
del tiempo se ha ido achicando.
- En efecto, estamos ante un gobierno que llega recogiendo las banderas
que levantaban las organizaciones sociales y que luego se transforman en
el pilar de la nueva Constitución. En este punto, ¿podría verse que ha
habido un desconcierto por parte de organizaciones sociales frente a
estas nuevas circunstancias?
No, de ninguna manera, nosotros asumimos esto como una lucha histórica,
como un proyecto político, respondemos a objetivos estratégicos, y creo
que es fundamental dejar muy claro que no quisiéramos convertirnos en
opositores sino en constructores de alternativas para el país, porque no
hay que hacer de la oposición una cultura de vida, sino lanzar
propuestas que se puedan avanzar.
Obviamente que hay una difícil comprensión respecto a cuestiones como,
por ejemplo, la entrega de la riqueza nacional a las empresas
transnacionales, ya que si bien necesitamos socios, inversión
extranjera, pero no necesitamos que las empresas vengan e impongan sus
condiciones en los territorios de los pueblos indígenas que violen la
Constitución del Estado, no solamente respecto al derecho a la consulta
que consagra la Constitución, sino también a los derechos de la
naturaleza, pues la Constitución dice claramente, donde hay bosque
primario, donde hay pueblos que estén habitando, donde hay fuentes de
agua, cuencas hidrográficas, no se puede hacer una explotación minera.
Entonces, creo que es fundamental dejar muy claro que para las
organizaciones y sectores sociales se impone recrear, reconducir y
ponerse a las circunstancias y a la altura del momento; no podemos
seguir pensando en luchar con la misma lógica, con la misma tradición,
con las mismas estrategias que hace unos 5 o 6 años atrás, muchas cosas
han cambiado es cierto, hoy tenemos una nueva Constitución y hay que
partir de ésta para pensar al Estado. En este sentido, desde el
movimiento indígena hay que pensar a la sociedad en el marco de un
Estado plurinacional.
Es en esta perspectiva que hay choque de visiones con el gobierno, por
ejemplo, frente a la ley de tierras, la posición del Presidente es no a
la revolución agraria porque redistribuir las tierras a los indígenas y
campesinos es redistribuir la pobreza, entonces choca con una visión de
socializar la economía, de democratizar los medios de producción; esas
son las visiones con las que nosotros hemos confrontado y frente a eso
es lo que nosotros hemos hecho una marcha para decir: oiga, el
presidente ofreció una cosa y su política, su orientación, esta yendo en
contra sentido.
- A propósito de la ley de tierras, hay un proyecto de la Red Agraria
que la Asamblea Nacional necesariamente tendrá que considerar, ya que
por primera vez en el país éste se amparó en la disposición
constitucional que faculta la recolección de firmas para impulsar
iniciativas ciudadanas en materia legislativa. ¿Cuál es la posición de
la CONAIE al respecto?
Hay que entender, como elemento fundamental, que la lucha por la tierra
es la lucha por el poder, por la cultura, por la economía, por la
ciencia y por la vida. Por lo tanto, la lucha por la tierra es un eje
fundamental y hay que decir que el levantamiento indígena del año 90, si
bien tuvo otras reivindicaciones más, básicamente uno de los motivos fue
por la disputa de las tierras y territorios con el Estado, con las
empresas y con los grandes terratenientes.
Hoy, nuestra posición es que debe iniciarse una revolución agraria pero
no solamente pensando en la lógica tradicional que es de redistribuir la
tierra sino ver cual es el poder agrario, cuál es el poder del mercado,
poder del control que están teniendo los grandes grupos y poderes
económicos. En el país, por ejemplo, uno de los grupos más poderosos,
que se ha consolidado en control de la alimentación, es PRONACA, que
tiene acuerdos y convenios con el gobierno.
Como CONAIE planteamos poner un límite a la tenencia de tierra,
nacionalización de los capitales y de las tierras que están siendo
ocupados por empresas e inversiones extranjeras que solamente están
dedicadas a producir productos de agro-exportación. También la creación
de los juzgados agrarios o juzgados ambientales que se instalen con
total coherencia, no sometidos a los vaivenes de la política de los
gobiernos, la creación de un fondo de tierra y soberanía alimentaria
para facilitar y reactivar la producción del país, para garantizar una
alimentación segura, para combatir la especulación de los productos en
los mercados, y este fondo tiene que ser para poder generar un empleo
digno de las comunidades indígenas y campesinas.
Entonces, esos son, entre otros puntos, los que nosotros hemos previsto
frente al proyecto de ley que ha presentado la Red Agraria y encabezado
por la FENOCIN. Toda iniciativa ciudadana, que tenga participación,
nosotros respaldamos y no tenemos ningún problema. Si es que hay que
reunirnos con la FENOCIN, con la FEINE, para consensuar una ley y para
tener una posición conjunta, lo vamos a hacer y lo hemos hecho, estamos
avanzando en ese proceso.
- ¿Esta disposición de diálogo está abierta a todas las instancias y
sectores?
Nosotros siempre tenemos una buena fe en el diálogo, pero también hemos
tenido experiencias frustrantes. 25 años de la CONAIE, 23 años de
levantamiento indígena, con todos los gobiernos hemos fracasado en el
diálogo, no ha habido resultados positivos, tal vez reconocemos algunas
cosas, pero como en proyecto general, en política general es muy poco, y
no ha sido la excepción el diálogo con el Presidente actual.
Sin embargo creo que es fundamental insistir que el diálogo es el único
camino por el que se puede llegar a consensos y acuerdos, siempre y
cuando haya respeto, tolerancia, cuando los compromisos se cumplan. El
diálogo no es ningún pacto, por eso tiene que darse a la luz del día en
función del país. Por ejemplo nos hubiese gustado tener un diálogo
transparente sobre ley de comunicación, sobre cómo se va a redistribuir
las frecuencias, de cómo desprivatizar las frecuencias del espectro
radioeléctrico, pues como puede ser posible que una persona tenga varias
frecuencias, varias repetidoras, tenga periódico, televisión, cuando
debería tener solamente un solo medio de comunicación. Nos hubiese
gustado debatir, sin embargo creo que no es tarde.
Asimismo es importante que podamos tener coincidencias en la ley de
tierras, consensuar primero entre las organizaciones y luego, si es
posible, la Asamblea y el gobierno nacional. Lo mismo respecto a la ley
de aguas, la participación de los indígenas… porque hasta estos momentos
el gobierno ha ido llenando cositas por acá y no con un plan serio,
verdadero, que pueda incluir o aceptar la realidad de las
nacionalidades. Pueden tener indígenas en la función pública, eso es un
derecho, pero eso no representa de ninguna manera un plan de construir
un Estado plurinacional, más bien se trata de cuotas políticas.
- Tengo la hipótesis que el ritmo vertiginoso de los acontecimientos ha
repercutido en una exacerbación de animosidades que se han traducido en
distanciamientos, cuando no rupturas, que en otras circunstancias no se
habrían dado.
Creo que podemos reconocer de lado a lado puede haber eso. Somos una
organización de seres humanos, no podemos negar que puede existir
errores, dificultades, pero una cosa que quede claro: el Presidente ha
confrontado con nosotros en términos despectivos, ni siquiera se ha
debatido. Yo estoy un año en la presidencia de la CONAIE, hemos tratado
de tener la mayor tranquilidad posible, pero a veces somos obligados a
dar respuestas porque nos obliga el Presidente. Y eso yo creo que no
contribuye a un debate serio de construcción de país.
- Hacías mención al hecho de que en el actual gobierno se han abierto
espacios en la función pública para indígenas, de hecho particularmente
jóvenes. ¿En que medida esa situación repercute dentro del proceso
organizativo de la CONAIE?
De ninguna manera va a repercutir eso, porque están asumiendo la función
pública, primero, como un derecho que tienen como cualquier ecuatoriano;
segundo, porque son profesionales y están ahí; tercero esa juventud que
está ahí debería estar al servicio del Estado y no solamente al servicio
del gobierno de turno; y, finalmente la gran mayoría lo hace a título
personal, como cualquier profesional, y no a título de organizaciones.
Pero lo que si rechazamos categóricamente es que a eso le den una
manipulación política intencionada para golpear al movimiento indígena
desde el gobierno.
- Ecuador prácticamente ya se encuentra en la carrera electoral. ¿Cuál
va a ser la participación de CONAIE?
Como CONAIE no participamos en el trámite, tenemos un movimiento
político que es Pachakutik, que recoge diversas expresiones, eso hay que
valorar, ha habido aciertos, pero también ha habido errores muy graves
en este proceso, y eso nos debe servir, no para censurarnos ni para
lamentarnos, sino como una lección aprendida como un proceso que nos
enseñe para no cometer los errores, obviamente, para nosotros es
fundamental que los sectores sociales, que las fuerzas progresistas de
izquierda confluyan en un frente común y bajo una agenda común que se
pueda llevar adelante, no en contra de Correa, sino con una alternativa.
Entonces, ante los llamados que hace la derecha por una unidad de todos
contra Correa, eso para nosotros absolutamente queda descartado, no es
el camino que se debe transitar.
- El presidente Correa es uno de los mandatarios que está en la mira de
Estados Unidos. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
Estados Unidos ha empezado una nueva ofensiva, política, militar,
diplomática, económica en Suramérica, intentando golpear a los
gobiernos, los pueblos, para tratar de recomponer sus fuerzas, retomar
su influencia y romper la UNASUR, que es uno de los objetivos
fundamentales para nosotros, para la integración económica política
cultural social y que se desarrolle las instituciones más sólidas para
que puedan confrontar geopolíticamente. En eso nosotros hemos sido muy
claros: jamás el movimiento indígena puede prestarse a estar haciendo el
juego a Estados Unidos, a la política internacional de Obama y de las
empresas transnacionales.
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