Panamá: La privatización del sector público
Marco A. Gandásegui h.
ALAI AMLATINA, 27/10/2011.- Los médicos panameños han declarado un paro
de labores con fines solidarios y políticos dirigido a frenar la
avaricia sin límites de los dueños del país. Los grandes empresarios –
en el mejor espíritu neoliberal – ahora quieren que todos los bienes
públicos sean privatizados. La estrategia de los empresarios es
apropiarse sin pagar un centavo – sin riesgo alguno – de todos los
servicios públicos: Salud, educación, seguridad social, protección,
vivienda, fuentes de agua, el mar, las montañas, calles y carreteras.
Todo lo que rinda una ganancia para los que se creen dueños del país en
detrimento de los trabajadores y capas medias.
Los empresarios, quienes ya son dueños de los servicios, del comercio y
de los negocios especulativos - tanto legales como ilegales – quieren
aprobar el proyecto de ley Nº 349 de Asociaciones Público-Privadas. En
otras palabras, una ley que privatiza el sector público. Pero la trampa
es aún más grande. Quieren privatizar todos los bienes de la república
pero con la garantía de que si les va mal todos los panameños (nuestros
impuestos) pagan sus pérdidas, incluso las ganancias previstas. Si les
va bien, los propietarios se llevan todas las ganancias, sin pagar
impuestos.
En muchos países que aplicaron políticas neoliberales recientemente la
experiencia ha sido un fracaso. Actualmente, en Chile hay un movimiento
social encabezado por los estudiantes para que les devuelvan el sistema
educativo a la sociedad. Fue privatizada hace 20 años y sólo ha creado
problemas sociales y una educación mediocre. En México y Perú la
situación es muy parecida.
Ahora en Panamá se quiere ir por el viejo camino equivocado. ¿Porqué? La
respuesta es sencilla: Es una manera fácil y rápida para que los
especuladores se hagan ricos a costilla de los panameños. Van a arruinar
el sistema educativo, acabar con el sector que presta servicios de salud
y, probablemente, vendan el Canal de Panamá. Puede significar un negocio
de varios miles de millones de dólares que beneficie a unos pocos
especuladores.
Es una trampa a la vista. El gobierno del presidente Ricardo Martinelli
no quiere que la iniciativa se presente al público. En la Asamblea, los
diputados de los partidos políticos de gobierno y oposición aplauden la
iniciativa ya que ambas bancadas están comprometidas con las políticas
neoliberales, en quiebra en todo el mundo. Quieren que sigamos por el
camino de México, Grecia y EEUU que tienen movimientos de protesta
social a lo largo y ancho de continentes enteros.
En Colombia el analista Eduardo Sarmiento, quien escribe en el muy
conservador diario de Bogotá, El Espectador, describió el asalto del
erario publico en los siguientes términos: "Se presumía que la gestión
privada contribuiría a aumentar la eficiencia de las actividades y
reducir el tamaño del Estado. Luego de dos décadas, el experimento ha
puesto a varias empresas privadas cerca de la quiebra y ha significado
enormes subsidios (por parte) del Estado".
Según Sarmiento, "la idea era muy simple. El lucro individual induciría
a las empresas a ampliar la actividad y la competencia las obligaría a
transformar sus ingresos en servicios efectivos. Como era perfectamente
previsible, por tratarse de actividades necesarias, las entidades
adquirieron un claro poder monopólico que las lleva a una actitud muy
distinta".
Como consecuencia "las empresas de salud conceden los mínimos servicios
posibles. Gran parte de los servicios especializados se obtienen con
tutelas basadas en la universalidad de la salud. Los fondos privados
entregan la tercera parte de los beneficios que ofrecen en las campañas
de publicidad y no le aseguran la pensión mínima a la mayoría de los
cotizantes".
En el caso de las construcciones escolares "los contratistas modifican
los requisitos técnicos de la obra e, incluso, incrementan el monto que
sirvió de base para adjudicarlo. La constante es que el valor y los
períodos de entrega de los proyectos resultan en el doble de lo estipulado".
Según Sarmiento, "no han faltado la complicidad y la permisividad
oficial. El fracaso de las entidades privadas en los grandes proyectos y
actividades lleva muchas veces a los gobiernos a asumir las pérdidas. El
presupuesto está plagado de partidas para cubrir subsidios, sobre-costos
y pirámides de las entidades privadas".
Lo mas peligroso es que los defensores de estas empresas especulativas
trabajan con una "biblia" en la mano que llaman la ideología neoliberal.
No son economistas y desconocen las mínimas reglas de administración de
empresas. "Los autores y defensores de las privatizaciones se resisten a
aceptar el error conceptual e insisten en profundizar el fracaso", dice
Sarmiento. Con la ley que somete los intereses públicos al despilfarro
privado, "se configuró una maraña de instituciones orientadas a obtener
la máxima ganancia, favorecer a los sectores altos (especuladores) y
trasladar las pérdidas a los contribuyentes". La conclusión de Sarmiento
se puede aplicar a Panamá: Si se aprueba la ley de Asociaciones
Público-Privadas, contribuirá a crear mas desempleo, aumentará la
pobreza y provocará una desigualdad mayor en la distribución del ingreso.
Panamá, 27 de octubre de 2011.
- Marco A. Gandásegui, hijo, es Profesor en la Universidad de Panamá e
investigador asociado del CELA www.salacela.net -
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