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Ecuador:
Los derechos de la naturaleza después de la caída de la moratoria
petrolera en la Amazonia
Eduardo Gudynas
ALAI AMLATINA, 19/08/2013.- Una de las iniciativas ambientales más
originales de los últimos años, originada en Ecuador, buscaba dejar el
petróleo en tierra para preservar la Amazonia y sus pueblos indígenas.
Era una idea construida desde la sociedad civil que se concretó en 2007,
durante el primer gobierno de Rafael Correa, enfocándola en proteger el
Parque Nacional Yasuní, y sus áreas adyacentes (conocidas por la
abreviatura ITT). Esos esfuerzos terminaron pocos días atrás, cuando el
gobierno anunció la cancelación de esa iniciativa y permitir la
explotación petrolera.
La idea de una moratoria petrolera en Yasuní-ITT maduró durante muchos
años, pero contó con un marco excepcional otorgado por el sistema de
derechos aprobados en la nueva Constitución de 2008. En ella se
organizan de mejor manera los derechos a la calidad de vida de las
personas, la regulación del uso de los recursos naturales y las
salvaguardas a los pueblos indígenas. En paralelo a éstos, se
reconocieron por primera vez los derechos de la Naturaleza o de la
Pachamama. De esta manera quedó establecido un mandato constitucional
ecológico, que para ser cumplido no podría permitir una actividad de
tales impactos como la explotación petrolera en Yasuní-ITT.
En etapas siguientes, el gobierno mantuvo la moratoria petrolera pero
comenzó a buscar opciones alternativas para lograr una compensación
económica. En aquel tiempo se razonó que Ecuador perdería un estimado de
más de 7 mil millones de dólares por no extraer los 920 millones de
barriles de crudo que estaban debajo del Yasuní-ITT. El presidente
Correa afirmó que si se lograba un fondo de compensación de al menos la
mitad de esas ganancias perdidas, se mantendría la suspensión petrolera.
La condición para la protección del área pasó a estar desde entonces en
recolectar 3 600 millones de dólares. Se diseñaron distintos mecanismos
y justificaciones para implementar ese fondo internacional, donde
gobiernos, empresas o personas, pudieran depositar dinero. La idea era
sensata, ya que existen muchos argumentos por los cuales otros
gobiernos, especialmente del norte industrializado, deberían ahora
apoyar solidariamente la protección de la biodiversidad, abandonando así
su postura clásica de apropiarse vorazmente de los recursos del sur.
Pero con el paso del tiempo, el andamiaje conceptual gubernamental
comenzó a crujir. Por un lado, se insistía cada vez más en la idea de la
compensación o indemnización económica. Por otro lado, comenzó a quedar
en segundo plano la fundamentación basada en los derechos de la
Naturaleza, para pasar a priorizar argumentos enfocados en detener el
cambio climático global. Se sostenía que se debía mantener el petróleo
bajo tierra para evitar que una vez extraído fuera quemado en algún
sitio, y los gases producidos alimentaran el calentamiento global. Con
ello, la propuesta era sobre todo una compensación económica para evitar
un aumento en el cambio ambiental planetario.
La iniciativa Yasuní-ITT era mirada con mucho interés por la comunidad
internacional y despertaba muchas ilusiones entre varios movimientos
sociales, al ser un ejemplo de una transición postpetrolera. Pero
siempre sufrió de tensiones, como el constante recordatorio
gubernamental de pasar a un "plan B" que consistía en explotar ese
petróleo amazónico, e incluso contradicciones, como fueron las
declaraciones presidenciales contra los posibles donantes internacionales.
El presidente Correa acaba de presentar varios argumentos para cancelar
esta iniciativa de moratoria en Yasuní-ITT. Uno de ellos fue denunciar
la falta de apoyo de la comunidad internacional, calificándola de
hipócrita. En parte le asiste la razón, ya que muchas naciones
industrializadas crecieron gracias a la expoliación de los recursos del
sur, y la iniciativa Yasuní-ITT les permitía comenzar a saldar esas
deudas. Pero tampoco puede minimizarse que al condicionar la moratoria
petrolera a una compensación económica, se cayó en una contradicción
insalvable. Es que el mandato constitucional ecuatoriano obliga a la
protección de ese tipo de áreas, tanto por proteger los derechos de
indígenas como los de la Naturaleza. Se vuelve muy difícil pedir a otros
gobiernos una compensación económica por cumplir con una obligación
constitucional propia. Una adecuada analogía sería la de un país que le
pide a otros compensaciones económicas por sus gastos en atender la
salud de sus niños.
Otro argumento presidencial se basa en una actitud de optimismo
tecnológico, sosteniendo que ahora sí se puede hacer una explotación
petrolea en la Amazonia minimizando los impactos. Esta actitud es muy
común en varios gobiernos, pero es especialmente paradojal en Ecuador,
ya que allí se vivieron en carne propia los duros impactos de extraer
petróleo en la Amazonia. Esto ha quedado en evidencia en el proceso
contra Texaco-Chevrón. Toda la información científica disponible
abrumadoramente deja en claro los graves impactos de las petroleras en
ambientes tropicales.
El combate a la miseria es otro de los argumentos presidenciales para
cancelar la moratoria petrolera. Esta es una posición que suscita muchas
adhesiones, y debe celebrarse que se usen los recursos naturales en
beneficio del país, en lugar que nutran las arcas de empresas
transnacionales. Pero decirlo no resuelve el problema de cómo asegurar
que ello suceda. Es que más o menos lo mismo sostienen las empresas
(cuando prometen, por ejemplo, que la minería resolverá la pobreza local
y generará empleo), lo repiten unos cuantos gobiernos ideológicamente
muy distintos (la "locomotora minera" de Santos se supone que reducirá
la pobreza en Colombia), y está en el núcleo conceptual del desarrollo
convencional (creyendo que todo aumento de exportaciones arrastrará al
producto interno, y con ello se reduciría la pobreza).
Hay muchos pasos intermedios entre extraer un recurso natural y reducir
la pobreza, y es precisamente en esas etapas donde se originan multitud
de problemas. Estos van desde los dudosos beneficios económicos de ese
tipo de extractivismo (ya que lo que el Estado ganaría por un lado por
exportar petróleo, lo perdería por otro al atender sus impactos sociales
y ambientales), el papel del intermediario (donde las empresas, sean
estatales o privadas, del norte o de amigos del sur, sólo son exitosas
cuando maximizan su rentabilidad, y casi siempre lo hacen a costa del
ambiente y las comunidades locales).
La decisión de Correa genera ondas de choque en diversos planos. Al
liberar a las petroleras, se pone en riesgo inmediato un ecosistema de
alta biodiversidad, y a los pueblos indígenas que lo habitan (incluyendo
aquellos que viven en aislamiento). Se desploma el intento de aplicar
una alternativa postpetrolera, y la capacidad de servir como ejemplo
entre los demás países desaparece. La medida ecuatoriana sin dudas
alentará las presiones sobre áreas protegidas que también se viven, por
ejemplo, en Perú y Bolivia. También muestra que el país no logra cumplir
las promesas de diversificación productiva, y vuelve a caer en un papel
de proveedor de materias primas.
Pero posiblemente el impacto más fuerte ha sido sobre el marco
constitucional de los derechos de la Naturaleza. Es que al final de su
discurso, Correa regresó a la vieja oposición de la década de 1970 entre
desarrollo y conservación ambiental, cuando dijo que el "mayor atentado
a los Derechos Humanos es la miseria, y el mayor error es subordinar
esos Derechos Humanos a supuestos derechos de la naturaleza: no importa
que haya hambre, falta de servicios... ¡lo importante es el
conservacionismo a ultranza!". Nadie en el ambientalismo defiende la
miseria, sino que denuncian que bajo los titulares de promover el
crecimiento económico no sólo se desemboca en mayores desigualdades
sociales sino que se destruye el entorno natural.
Al margen de esa precisión, el problema es que en esa frase los derechos
de la Naturaleza quedan apenas como un supuesto. Si esos derechos son
dejados a un lado, prevalecerá el desarrollo convencional, con un nuevo
triunfo del petróleo, ya que los impactos sociales y ambientales no
tienen valor económico. Los derechos de la Naturaleza son una reacción a
ese tipo de razonamiento. No son una concesión a las plantas y animales,
o a los ambientalistas, sino que son una necesidad para poder proteger
efectivamente a los pueblos y su patrimonio natural.
Todo esto hace que quede planteada la angustiosa pregunta si el día en
que cayó la iniciativa de moratoria petrolera en la Amazonia de Ecuador,
también no comenzaron a desplomarse los derechos de la Naturaleza.
- Eduardo Gudynas integra el equipo de CLAES (Centro Latino Americano de
Ecología Social). Su twitter es: @EGudynas
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Sobre el mismo tema: "Yasuní, cambio de matriz productiva y acumulación
originaria de capital", Mario Ramos. http://www.alainet.org/active/66533
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