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Las drogas y las cárceles en EEUU
Marco A. Gandásegui, hijo
ALAI AMLATINA, 15/08/2013.- El Fiscal General de 
EEUU, Eric Holder, anunció formalmente un 
importante cambio de política que tiene como 
objetivo mitigar la enorme carga que representa 
actualmente la población carcelaria de ese país. 
La medida pretende evitar que las personas 
condenadas a penas de cárcel por delitos 
relacionados con drogas no tengan que cumplir las 
penas máximas. La legislación norteamericana, 
igual que la panameña, obliga a los jueces a 
aplicar penas absurdas de 10, a veces 20 años de 
cárcel, por poseer una droga ilícita.
Holder habló ante el Colegio de Abogados de EEUU 
sobre el encarcelamiento masivo y mencionó que, a 
pesar de que ese país tiene apenas el 5 por ciento 
de la población mundial, alberga casi el 25 por 
ciento de los prisioneros del mundo. Entre otros 
cambios de política, Holder acogió con mucho 
entusiasmo la ampliación del programa de libertad 
anticipada para algunos prisioneros de edad 
avanzada. Además, anunció que revisaría las 
desigualdades raciales en las condenas, tras citar 
un reciente estudio que descubrió que los hombres 
afrodescendientes (negros) recibieron condenas 
casi un 20 por ciento más largas que las impuestas 
a hombres descendientes de europeos (blancos) 
procesados por delitos similares.
Según Holder, "hay demasiados norteamericanos 
atrapados en un círculo vicioso de pobreza, 
criminalidad y encarcelamiento. Esta realidad es 
una causa inmediata del debilitamiento de muchas 
comunidades". Holder también señaló que "hay 
aspectos de nuestro sistema de justicia penal que, 
en lugar de aliviar, exacerban estos problemas. 
Todos sabemos que hay demasiados norteamericanos 
que son condenados por demasiado tiempo y por 
ningún buen motivo legal".
Holder apuntó al hecho que hay demasiadas personas 
condenadas por acciones relacionadas con el 
consumo de drogas que no constituyen propiamente 
delitos. "Estamos gastando, dijo, demasiados 
'dólares' en actividades que no rinden beneficios.
En la década de 1980 el gobierno del entonces 
presidente Ronald Reagan declaró lo que llamó la 
"guerra contra las drogas". Desde entonces el 
problema se ha complicado cada vez más y se ha 
creado un mito en torno al consumo de drogas, el 
crimen y el encarcelamiento de jóvenes. Como 
primer paso, el ministro de Justicia, le dió 
instrucciones a los fiscales federales de no pedir 
castigos exagerados a quienes son detenidos por 
delitos no violentos. Anunció también que 
trabajará en el Congreso de su país para darle a 
los jueces leyes más discrecionales que les 
permita impartir justicia.
Comenzaremos por revisar todo lo relacionado con 
las penas obligatorias para los delitos 
relacionados con las drogas".
En EEUU hay cerca de 2 millones de personas 
privadas de libertad. De este total, 219 mil son 
reos en cárceles federales. Estas instalaciones 
están superpobladas con un 40 por ciento de 
exceso. Desde 1980 – cuando se comenzó a aplicar 
las leyes de la 'guerra contra las drogas' – la 
población carcelaria en EEUU se ha multiplicado 
ocho veces. La mitad de los reos han sido 
condenados por delitos vinculados con drogas.
Holder dice que pretende orientar el sistema de 
uno que condena a los drogadictos a otro que les 
ofrece programas comunitarios de rehabilitación. 
El senador Rand Paul, líder del Partido 
Republicano, conservador y adversario de los 
derechos de los más necesitados, aplaudió el 
discurso de Holder. Señaló que aplicar penas 
exageradas a los delitos relacionadas con las 
drogas promueve la injusticia y contribuye a la 
inseguridad. Los senadores demócratas también 
acogieron en forma positiva la iniciativa del 
fiscal general norteamericano.
Anteriormente, Holder señaló que toda aquella 
persona que no se enriquece comercializando con 
drogas no debe ser perseguida. En su discurso 
insistió en que el encarcelamiento debe servir 
para castigar, prevenir y rehabilitar a los que 
cometen delitos y no para encerrar y olvidarse de 
las personas. Aseguró que en EEUU la tendencia es 
hacia la inversión de recursos en programas de 
tratamiento y menos en la construcción de cárceles.
En EEUU, al igual que en Panamá, es común que se 
encarcelen adolescentes por meras sospechas. Un 
ejemplo mencionado en EEUU es el muchacho de 19 
años de edad que fue condenado a 10 años de 
prisión por encontrarse dentro de un auto donde se 
encontraron rastros de droga. Según estadísticas 
gubernamentales, en Panamá son miles los casos de 
adolescentes cuyas vidas han sido truncadas al ser 
recluidos en el sistema penitenciario.
EEUU comenzó a regular el consumo de drogas 
consideradas ilícitas hasta hace poco. El gobierno 
federal ahora anuncia que flexibilizará su sistema 
judicial. Sin duda, las nuevas orientaciones 
contribuirán a mitigar el problema de la adicción 
y, sobre todo, a reducir las batallas 
territoriales del crimen organizado que sesgan 
cada vez más vidas. EEUU, sin embargo, insiste - a 
través de su política exterior - que los países de 
la región latinoamericana declaren "la guerra a la 
droga". En Panamá, asesorado por la Embajada de 
EEUU, el actual gobierno ha comprado más de mil 
millones de dólares en armas de guerra con el 
pretexto de combatir el flagelo de la droga.
El debate en Panamá sobre la regulación y la 
despenalización es declarado fuera de límites por 
el actual gobierno. Es hora de cambiar de rumbo y 
buscarle una solución definitiva al problema de 
las drogas.
- Marco A. Gandásegui, hijo, profesor de 
Sociología de la Universidad de Panamá e 
investigador asociado del Centro de Estudios 
Latinoamericanos Justo Arosemena (CELA) 
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