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Ley de Comunicación en Ecuador:
La disputa de sentidos
Sally Burch
ALAI AMLATINA, 10/07/2013.- Con la entrada en vigencia de la Ley
Orgánica de Comunicación en Ecuador, el pasado 25 de junio, se plantea
un nuevo desafío de gran trascendencia para hacer realidad los derechos
ciudadanos a la comunicación reconocidos en la Constitución del 2008.
Esto es, frente al actual predominio del modelo
mercantil-privado-oligopólico, ¿cómo generar e implementar nuevos
modelos de comunicación que devuelvan a la ciudadanía el control sobre
sus procesos comunicativos?
En esta época en la cual la vida política de nuestras sociedades, la
organización y movilización social, la disputa de ideas y modelos de
sociedad y las mismas relaciones sociales e interpersonales, se
encuentran cada vez más atravesadas por los medios y tecnologías de la
comunicación, se vuelve un imperativo de los procesos democráticos
analizar y repensar las formas de organización, gestión y control de
éstos. En efecto, la industria mediática concentra un enorme poder que
hoy, bajo el modelo imperante, define la agenda pública en función de
intereses privados y no rinde cuentas ante nadie.
La Constitución ecuatoriana se destaca no solo por reconocer el derecho
a la participación en los procesos comunicacionales y a una ciudadanía
bien informada, sino también por establecer un tercer sector de la
comunicación, más allá del privado y el público, que es el sector
ciudadano sin fines de lucro -que denomina como "medios comunitarios"-,
el cual debe desarrollarse en igualdad de condiciones con los otros dos
sectores. Este solo hecho, que supera la visión tradicional reducida a
la polaridad Estado-sector privado, representa un cambio paradigmático
significativo.
El reparto igualitario de frecuencias previsto en la ley y la creación
de medios comunitarios, sería un paso importante, pues significa una
especie de "reforma agraria" de las ondas radioeléctricas que permitiría
establecer un terreno más equitativo y –al igual que lo que sucedió con
las tierras–contribuiría a sacudir las bases del modelo actual de los
"latifundios" mediáticos. Pero esto no basta. Y es que promover
efectivamente la participación, la interacción, nuevos valores y una
estética distinta en la comunicación implica pasar por profundos cambios
culturales, pues de poco servirían si la población no se apropia de ellos.
Si bien este cambio de modelo no concierne solo al tercer sector –más
bien tendrá sentido en la medida en que se generalice-, es sin duda en
ese sector que hay un mayor potencial transformador, debido a que la
comunicación comunitaria, popular o alternativa tiene una larga historia
en el continente de enraizamiento y compromiso con los sectores
populares y de defensa de la democratización de la comunicación, además
de un rico acumulado de experiencias en comunicación participativa. Por
cierto, hasta ahora ha sufrido limitaciones por las condiciones de
precariedad que le han dejado en desventaja frente a los otros sectores.
Haciendo una comparación con la economía, las teorías dominantes toman
en cuenta únicamente a dos sectores: el privado y el público-estatal. La
Constitución ecuatoriana de hecho es una de las primeras en reconocer a
la economía popular y solidaria como una de las formas de organización
de la economía, junto con la privada, la pública y la mixta. Sin
embargo, en las políticas públicas, se sigue tratando a este tercer
sector más como parte de las políticas sociales que como un sector
económico con igual derecho y potencial que los otros.
De manera similar, en el caso de la comunicación comunitaria, para que
salga de la marginalidad y asuma su potencial transformador de la
comunicación, requerirá de políticas de fomento, de formación y
capacitación, de condiciones técnicas y fuentes de autosostenimiento que
le den viabilidad, y por supuesto, de mucha creatividad. Y ello solo
será viable en la medida en que deje de ser considerada como algo
segundario, artesanal y circunscrito al ámbito local. Implica también
desarrollar pensamiento teórico y asegurar su plena inclusión en el
pensum de estudios de la comunicación.
Comunicación y economía política
En la búsqueda de un nuevo pensamiento teórico hacia este cambio de
paradigma, un aporte clave viene de la escuela de pensamiento de la
economía política de la comunicación (durante mucho tiempo relegada en
la academia por el pensamiento neoliberal). Esta escuela, según Robert
McChesney, es orientada a entender los factores que permiten producir un
sistema mediático que fomente valores democráticos en la sociedad, y
para ello persigue dos líneas generales de análisis: por un lado, las
instituciones, subsidios, estructuras de mercado, empresas, mecanismos
de apoyo y prácticas laborales que definen un sistema mediático o
comunicacional; y por otro, el rol de las políticas públicas de
comunicación y cómo han sido debatidas y definidas (1).
Entre los elementos centrales que esta línea de pensamiento ha puesto en
evidencia, está el hecho que el mercado privado de la información no
funciona de acuerdo a los principios del "libre mercado", donde
supuestamente la competencia regula el precio y la calidad del producto.
Ello ocurre primero porque la misma información, a diferencia de los
bienes físicos, se puede vender simultáneamente a muchas personas y no
se desgasta con el uso. Y segundo, porque la fuente de lucro no es tanto
la venta del producto a los consumidores, cuanto que la "venta" de éstos
a los patrocinadores. Ello implica, en términos de mercado, que importa
menos la calidad de la información que la cantidad de consumidores.
Otro aspecto central que analiza es la conformación de oligopolios y su
vinculación con intereses afines del poder económico, con lo cual el
periodismo ha dejado de ser un contrapeso al poder hegemónico y la
producción mediática pasa a ser funcional de ese poder. Así, de estos
análisis se desprende que el sistema mediático imperante en las
Américas, articulado en torno al sector privado, entra en contradicción
directa con el derecho ciudadano a una información de calidad, base de
la participación democrática. Por lo cual resulta fundamental
diversificar las formas de propiedad y gestión de los medios.
En el ámbito ecuatoriano, estos temas comienzan apenas a entrar en el
debate. A pocos días de aprobarse la Ley, el gobierno organizó la Cumbre
para un Periodismo Responsable en los Nuevos Tiempos (Guayaquil, 19 - 20
de junio), donde en su discurso inaugural, el presidente Rafael Correa
expuso justamente un análisis (2) desde el enfoque de la economía
política de la comunicación. Situando su observación en el contexto de
la actual dominación del mundo por el capital, cuyos intereses priman
sobre los derechos de los seres humanos, el economista Correa ubicó como
un primer problema la forma de propiedad -con fines de lucro- de los
grandes medios, siendo que ellos concentran un poder que crece en la
medida que la información es un bien indispensable; y por lo mismo
-argumentó-, es un sector que debería ser fuertemente regulado en
defensa de los consumidores.
Correa habló también de la necesidad de democratizar la propiedad de los
medios y de independizarlos del dominio del gran capital, así como de
crear medios por fuera de la lógica del mercado (comunitarios y
públicos). En el caso de Ecuador, recordó que la Constitución de 2008
obliga a la separación de poderes entre el sector económico/financiero y
el sector de los medios de comunicación.
Una economía social de la comunicación
No deja de ser significativo que sectores del poder político estén
asumiendo tesis que desde hace mucho tiempo viene defendiendo el
movimiento por la democratización de la comunicación; pero aún falta
mucho para que se asuma la dimensión del reto que implica desarrollar
las nuevas visiones y prácticas a las cuales refiere el inicio de este
artículo. Justamente llamó la atención que la misma Cumbre de Guayaquil
no consideró incluir los aportes del sector comunitario en las mesas de
debate.
Quien de alguna manera sí abordó el tema en esta Cumbre fue el académico
español Francisco Sierra; él planteó la necesidad de un periodismo para
el buen vivir y una nueva ecología de la comunicación saludable,
autónoma y emancipadora. En su ponencia apeló a la recuperación del
espacio de dominio público, que se refiere no solo a los medios
públicos, sino, por ejemplo, a garantías de acceso, participación y
deliberación pública sobre la acción mediadora de las industrias
periodísticas. A la vez lamentó que la mayor parte de la profesión
periodística en el mundo no tenga consciencia de esta dimensión pública
de la comunicación. "No hay comunicación ni nuevo periodismo si no hay
una afirmación de la comunicación como un derecho social y de la
información como un bien común", enfatizó. Habló de recuperar la
capacidad de narrativa y el periodismo ciudadano, que implica volver a
las calles.
En el debate posterior, en respuesta a una pregunta de ALAI, el
académico reconoció el papel central del tercer sector en ese proceso y
añadió que ese sector "es estratégico para la regeneración democrática
del tejido. En América Latina debe ser una punta de lanza fundamental,
por la tradición de ese periodismo del Sur, desde abajo, de nuevas
prácticas, de otras agendas y otras técnicas de producción en diálogo
con la gente".
Toda vez, Sierra señaló dos tareas pendientes, que los países no han
asumido hasta ahora: "clarificar qué entendemos por tercer sector; y
cómo organizar una economía de ese tercer sector". Sin despreciar los
apoyos del presupuesto público para financiar los medios comunitarios,
el analista recordó que "el reto es también tener autonomía y
sostenibilidad en sus proyectos". Por ello, saludó el hecho que la ley
ecuatoriana –a diferencia de España y la mayoría de países de Europa–
reconozca la posibilidad de que ellos se financien con patrocinios y
publicidad. Pero –señaló– plantear seriamente la organización de la
economía social de la comunicación pasa por "integración, convergencia y
plataformas de medios ciudadanos, públicos, de titularidad del Estado
–gobierno central, local y autonómico– y, por supuesto, medios sociales
de la ciudadanía".
Sierra se refirió también a otro frente, que es cómo los medios de ese
sector "redefinen su posición en esta convergencia digital de las
grandes corporaciones privadas y de los medios públicos". Citando el
ejemplo de Europa, lamentó que la colaboración entre medios públicos y
comunitarios sea prácticamente inexistente; y planteó la idea de hacer
un pool de dominio público de medios ciudadanos y medios públicos, para
compartir producción, publicidad, estrategias y capacidad de
organización, en un marco de respeto de la autonomía. Pues –dijo– "no es
sostenible esta proliferación de medios, muchos de ellos fenecen en el
intento por puro voluntarismo". Si bien pueden haber enfoques
diferentes, a veces contrapuestos, "si se trata de ampliar agenda
ciudadana y dominio público, creo que los intereses son convergentes",
opinó.
Francisco Sierra concluyó reconociendo que son muchos los retos para
poder avanzar y que hace falta abrir el debate con la participación
activa de medios comunitarios, para reflexionar sobre cómo materializar
y desarrollar buenas prácticas, hecho que el nuevo marco reglamentario
de Ecuador podría facilitar, en la medida en que representa "un gran
avance democrático para el país".
La entrada en vigencia de la ley ha desatado un cruce de opiniones y
criterios dentro y fuera del país, en el cual hasta ahora prima la
campaña de descrédito lanzada por los grandes medios frente a lo que
llaman la "ley mordaza", campaña que se ha intensificado al coincidir
con la solicitud de asilo político de Edward Snowden a Ecuador, a cuyo
gobierno se acusa de "doble moral". Sin duda la ley no es perfecta; pero
si logra efectivamente desatar un debate de fondo y enrumbar iniciativas
para un cambio de modelo de la comunicación, entonces este "avance
democrático" del cual habla Francisco Sierra tendrá relevancia no solo
para Ecuador sino para toda América Latina.
- Sally Burch es periodista de ALAI.
(1) McChesney, Robert W. Digital Disconnect: How Capitalism is Turning
the Internet against Democracy, 2013, The New Press.n (pp. 64-65)
(2) El discurso de Correa "Información como derecho y medios como poder"
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