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A 20 años de la Declaración de Viena: balance y
perspectivas
Nicolás Boeglin
ALAI AMLATINA, 27/06/2013.- Este 25 de junio, se
cumplieron 20 años desde la histórica Declaración
de Viena de la Conferencia Mundial de Derechos
Humanos adoptada en 1993. Este texto fundamental
para la comunidad internacional y para las
organizaciones que defienden los derechos humanos
fue el primero en la historia en establecer el
carácter indivisible e interdependiente de todos
los derechos humanos entre sí, superando la
(falsa) dicotomía consagrada en 1966 en el marco
de las Naciones Unidas entre los llamados derechos
civiles y políticos y los denominados derechos
económicos, sociales y culturales. El punto 5 de
la Declaración establece que: "5. Todos los
derechos humanos son universales, indivisibles e
interdependientes y están relacionados entre sí.
La comunidad internacional debe tratar los
derechos humanos en forma global y de manera justa
y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a
todos el mismo peso /…/ los Estados tienen el
deber, sean cuales fueren sus sistemas políticos,
económicos y culturales, de promover y proteger
todos los derechos humanos y las libertades
fundamentales". Sin lugar a dudas se trata de un
desafío mundial que 20 años después sigue
manteniéndose como tal: el sonrojo debería ser
casi tan universal como el valor universal de los
derechos humanos. El movimiento reciente de los
"indignados" en todo el mundo iniciado con la
consigna lanzada por un joven nonagenario,
Stéphane Hessel en el 2010 (quién fuera asesor de
René Cassin, coautor de la Declaración Universal
de Derechos Humanos aprobada en 1948) es tan solo
un leve rubor de la sensación de injusticia,
aunada a la insensatez y avidez de unos que
confluyen en un irrespeto de los derechos humanos
de la mayoría.
La situación de los derechos humanos en el
hemisferio americano: La región latinoamericana se
ha esforzado por ir paulatinamente superando
regímenes autoritarios de los años 80 por
regímenes democráticos resultado de elecciones
periódicas, realizadas en condiciones aceptables.
Pese a algunas tendencias autoritarias frenadas
aquí y allá en los años 90 y 2000, y a
"sustituciones" de Presidentes en ejercicio por
golpes de Estado reconvertidos a legalidad de
dudosa legitimidad, América Latina puede
considerarse en términos generales – que siempre
incluyen alguna que otra excepción- como
representada por regímenes democráticos. No
obstante, también se ha afirmado como la región
más desigual del planeta. Desde los años 90, el
acento puesto en los derechos civiles y políticos
ha sido acompañado por una apertura al comercio
mundial que ha hecho a un lado los derechos
sociales (relegados a simples proclamas de buenas
intenciones, salvo contadas excepciones). Son sólo
algunos Estados los que, paralelamente al
afianzamiento de sus instituciones en materia
electoral, o judicial, han realizado intentos para
redistribuir los ingresos generados por la
globalización de su economía y con miras a obtener
algunos logros notables en la reducción de la
pobreza, en la mejora sustancial de las
condiciones de vida de las poblaciones rurales y
de zonas urbano-marginales, y en la protección de
un recurso tan estratégico como lo es el agua;
mientras tanto, otros Estados siguen enfrascados
en un modelo de desarrollo poco inclusivo que
genera riqueza para unos pocos en detrimento de la
gran mayoría. Parte de esta riqueza proviene a
veces de un sistema de explotación laboral ante el
que las entidades estatales se muestran
extrañamente inoperantes; o bien de actividades
extractivas con un alto riesgo ambiental
(exponiendo así a comunidades, y hasta a regiones
enteras a desastres ambientales) que terminan
afectando a los más necesitados, y a mediano y
largo plazo, a las finanzas de todo un país. La
protección de las poblaciones indígenas de alguna
manera ilustra esta situación, en la medida en que
es en sus territorios en los que se ubican los
yacimientos minerales y petrolíferos de mayor
interés que quedan por explotar; y en la medida en
que los bosques en los que se ubican estas
poblaciones coinciden a veces con los bosques
mejor protegidos sometidos a fuertes presiones. Lo
mismo en relación a las cuencas mejor resguardas
que ahora resultan ser las de mayor atractivo y
potencial hidroeléctrico. En el año 2008, el
Protocolo Facultativo al Pacto sobre Derechos
Económicos, Sociales y Culturales consagró
jurídicamente la igualdad entre los derechos
civiles y políticos y los derechos económicos,
sociales y culturales, al permitir su exigibilidad
ante el Comité de Derechos Económicos Sociales y
Culturales de las Naciones Unidas. Es notable que
5 de los 10 primeros Estados en ratificarlo para
permitir su entrada en vigor el pasado mes de mayo
del 2013 fueran de la región latinoamericana (la
décima ratificación de Uruguay se unió a las
hechas previamente por Argentina, Bolivia, Ecuador
y El Salvador, las cuales se sumaron a las de
Bosnia-Herzegovina, Mongolia, España, Eslovaquia y
Portugal).
El caso de Costa Rica: el notable deterioro de su
Indice de Desarrollo Humano (IDH) desde mediados
de los años 2000 es un síntoma elocuente de lo
apuntado anteriormente: del puesto 48 (años 2006 y
2007), paso al puesto 50 (2008), 54 (2009), 62
(2010) y 69 (2011) según reporta el último informe
del Estado de la Nación (XVIII, Informe, 2012, p.
363). Esta entidad es contundente en su último
informe: una riqueza mal distribuida que impacta
de manera general al país como tal y un uso
insostenible de su territorio con efectos
negativos que impactan el ambiente. El acento
puesto por la apertura comercial, la (engañosa)
percepción de algunos decisores de considerar que
los derechos humanos son asociados a luchas
sociales en contra del la globalización explican
posiblemente que para la conmemoración de los 40
años del Pacto de San José (el 22 de noviembre del
2009), este pasara totalmente desapercibido por
parte de las autoridades nacionales. En octubre
del 2010 se oyó incluso un discurso presidencial
instigando a luchar contra ecologistas (y que a la
fecha no ha dado lugar a rectificación alguna). En
relación al motor de la onda democratizadora en
América Latina de los años 90, un acto oficial,
simbólico, inclusive una simple estampilla
alegórica editada por Correos de Costa Rica no
hubiese hecho ningún daño: hubiese por el
contrario permitido conmemorar dignamente la gesta
política y diplomática que significó su adopción
en 1969 por parte del hemisferio americano en la
capital de Costa Rica.
La base de la profundización del modelo
democrático: desde una perspectiva integral e
interdivisible como la establecida por la
Declaración de Viena (y no "a la carta" como
algunos Estados lo pretenden, exhibiendo sus
logros en unos ámbitos y opacando datos sobre
muchos otros), los derechos humanos constituyen la
base para la profundización del modelo
democrático. Las discusiones recientes en relación
al acceso al agua como un derecho humano, al
atraso (significativo) de Costa Rica para
implementar las recomendaciones –varias de ellas
urgentes - hechas en junio del 2009 por la
Relatora de Naciones Unidas sobre Agua, Derechos
Humanos y Saneamiento, el atraso (aún más
significativo) en relación a las recomendaciones
hechas por el Comité sobre Discriminación Racial
(CERD) de Naciones Unidas en relación a los
derechos de los pueblos indígenas, la diversas
recomendaciones de la OIT en relación a la
necesidad de reconocimiento pleno y efectivo de
los derechos de los trabajadores (en particular en
las zonas rurales y en las industrias
agroalimentarias como piña, banano y naranja); o,
más recientemente el debate sobre la Fecundación
in Vitro y el triste espectáculo exhibido por la
Asamblea Legislativa en relación al tema de los
derechos de parejas del mismo sexo en la Asamblea
Legislativa; así como la lancinante amenaza que
pesa sobre poblaciones como las de
Gandoca-Manzanillo debido a la orden de demolición
de sus viviendas; o bien el reciente llamado a las
Naciones Unidas y a la OEA realizado por la
Defensoría de los Habitantes en relación a las
actuales condiciones imperantes en los centros de
privación de libertad, son, entre muchos otros
temas, una elocuente muestra de una agenda en
materia de derechos humanos que se ha visto
suspendida desde muchos años para ciertos
sectores. Vale la pena indicar al respecto desde
ya que la deuda que Costa Rica viene arrastrando
en varias álgidas materias de los derechos humanos
(por inacción, negligencia o desidia del apartado
estatal) ineludiblemente terminará en los estrados
internacionales de derechos humanos.
- Nicolás Boeglin es Profesor de Derecho
Internacional Público, Facultad de Derecho, UCR
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