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La masacre de Carajás y el pacto del latifundio con el poder judicial
João Pedro Stedile
ALAI AMLATINA, 17/04/2013.- Una marcha pacífica con más de mil
trabajadores rurales organizados por el MST recorría una carretera que
une Parauapebas con Marabá el 17 de abril de 1996. Fueron emboscados por
dos batallones de la Policía Militar, en una localidad conocida como
Curva de la S, en el municipio de Eldorado de Carajás. Un batallón salió
de Parauapebas y otro de Marabá, apoyados por camiones, que trancaron la
carretera por los dos lados.
Así comenzó una masacre premeditada, ejecutada para dar una lección a
aquellos "vagabundos venidos del Maranhão", como expresaron los policías
en los autos de los procesos. Los policías salieron de los cuarteles sin
identificación en el uniforme, con armamento pesado y balas verdaderas.
El comando de Marabá dio aviso al Auxilio Inmediato y al Instituto
Médico Legal (IML) para que estén de servicio…
El juicio demostró que, además de las órdenes explícitas de Paulo Sette
Cámara, secretario de seguridad del gobierno tucano de Almir Gabriel, la
empresa Vale do Rio Doce financió la operación, cubriendo todos los
gastos, porque la protesta de los sin-tierra en la carretera interrumpía
la circulación de sus camiones.
El resultado fue 19 muertos en el acto, sin derecho a defensa, 65
heridos incapacitados para el trabajo y dos muertos días después. El
líder Oziel de Silva, con sólo 19 años, fue apresado, esposado y
asesinado a culatazos, frente a sus compañeros, mientras un policía le
ordenaba que gritara "Viva el MST".
Esos episodios están registrados en más de mil páginas de los autos del
proceso y fueron descritos en el libro "La Masacre", del periodista Eric
Nepomuceno (Editora Planeta). Pasados 17 años, fueron condenados sólo
los dos comandantes militares, que están recluidos en algún apartamento
de lujo de los cuarteles de Belén.
El coronel Pantoja aún intenta librarse de la prisión y pide cumplir la
pena de 200 años en régimen domiciliario. Los demás responsables del
gobierno federal y estadual y de la empresa Vale fueron declarados
inocentes. La Justicia se contentó con presentar a la sociedad dos
chivos expiatorios.
Impunidad de los latifundistas
En todo Brasil, el escenario es el mismo: desde la redemocratización,
han sido asesinados más de 1700 líderes de los trabajadores y
simpatizantes de la lucha por la tierra. Solamente 91 casos han sido
juzgados y apenas 21 autores intelectuales han sido condenados.
La Masacre de Carajás se inscribe en la práctica tradicional de los
latifundistas brasileños, que con sus pistoleros fuertemente armados o
por medio del control de la Policía Miliar y del Poder Judicial, se
apropian de tierras públicas y mantienen privilegios de clase,
cometiendo sistemáticamente crímenes que permanecen en la impunidad.
La actuación del latifundio responde a la correlación de fuerzas
políticas. Durante el gobierno de José Sarney, frente al avance de las
luchas sociales y de la izquierda, organizó la UDR (Unión Democrática
Ruralista). Tras ello, se armó hasta los dientes, irrespetando todas las
leyes. Fue el periodo con el mayor número de asesinatos. Los
latifundistas llegaron a la petulancia de lanzar su propio candidato a
la Presidencia, Roberto Encalado, que fue solemnemente condenado por la
población brasileña al recibir sólo 1% de los votos.
En los gobiernos de Fernando Collor y Fernando Henrique Cardoso, tras la
derrota del proyecto democrático-popular y de la lucha social que se
aglutinaba alrededor de la candidatura de Luiz Inácio Lula de Silva en
1989, los latifundistas se sintieron victoriosos y utilizaron su
hegemonía en el Estado para controlar manu militari la lucha por la
tierra. En ese periodo, se ejecutaron las masacres de Corumbiara (RO),
en 1995, y la de Carajás.
Lula llegó al gobierno en 2003, cuando parte de los latifundistas se
había modernizado y prefirió hacer una alianza con el gobierno, a pesar
de haber apoyado la candidatura de José Serra. A cambio, recibió el
Ministerio de la Agricultura. Un sector más truculento e ideológico
resolvió dar una demostración de fuerza y envío mensajes para demostrar
"quién de hecho mandaba en el interior y en las tierras", más aún
después de que Lula se colocara el gorro del MST.
En ese contexto, hubo dos nuevas masacres, con tintes perversos. En
2004, a pocos kilómetros de Planalto Central, en el municipio de Unaí
(MG), una cuadrilla de latifundistas mandó a asesinar a dos fiscales del
Ministerio del Trabajo y al conductor del vehículo, cuando el grupo se
dirigía a una hacienda para hacer una inspección de trabajo esclavo. Uno
de los hacendados fue electo alcalde de la ciudad por el PSDB y, hasta
hoy, el crimen está impune. El Estado no tuvo el coraje de defender a
sus servidores.
La segunda masacre fue en noviembre de 2005, en el municipio de
Felisburgo (MG), cuando el hacendado-grileiro Adriano Chafik resolvió
acabar con un campamento del MST. Chafik fue con sus pistoleros a la
hacienda y comandó personalmente la operación un sábado por la tarde. En
el ataque, dispararon directamente a las familias, e incendiaron las
barracas y la escuela. El saldo fue el asesinato de cinco trabajadores
rurales más y decenas de heridos. Tras ocho años de espera, el Tribunal
de Justicia de Minas Gerais fijó el juicio del hacendado para el 15 de
mayo, en Bello Horizonte. Esperamos que se haga justicia.
Los hacendados tramposos –que felizmente no son la mayoría– actúan así,
porque tienen la certeza absoluta de su impunidad, gracias al pacto que
mantienen con los poderes locales y con el Poder Judicial. En los
últimos años, su atención está centrada en el Poder Legislativo, donde
mantienen la llamada Bancada Ruralista, con la que pretenden modificar
las leyes y protegerse de la ley vigente.
Ya introdujeron cambios al Código Forestal e impiden la implementación
de la ley que obliga la expropiación de las tierras de los hacendados
que explotan el trabajo esclavo. Cada año, la Policía Federal libera en
promedio dos mil seres humanos del trabajo esclavo. Sin embargo, los
latifundistas continúan con esa práctica, apoyados en la impunidad del
Poder Judicial.
Tuvieron el coraje de encaminar proyectos de ley que contrarían la
Constitución para impedir la demarcación de las tierras indígenas ya
reconocidas, legalizar el arrendamiento de las áreas demarcadas y
permitir la explotación de los minerales existentes. También presentaron
proyectos para poner trabas a la titulación de las tierras de las
comunidades quilombolas.
Una serie de proyectos se han presentado para liberar el uso de
agrotóxicos prohibidos en la mayoría de los países, clasificados por la
comunidad científica como cancerígenos, y para impedir que los
consumidores sepan cuáles productos son transgénicos. ¿Por qué no
quieren etiquetar los productos transgénicos, ya que garantizan
seguridad total para la salud de las personas?
El ansia de ganancias de los hacendados no tiene límites. En el
interior, usan con más frecuencia la violencia física y los asesinatos.
Sin embargo, esta ansia tiene consecuencias directas para toda la
población, pues posibilita la apropiación de las tierras públicas, la
expulsión de los campesinos del medio rural que engrosan las favelas y
el uso indiscriminado de los agrotóxicos, que van a parar a su estómago
y causan cáncer. Lamentablemente, todo eso es encubierto por una mídia
servil y manipuladora de la opinión pública. (Traducción ALAI)
- João Pedro Stedile es miembro de la Coordinación Nacional del MST y de
la Vía Campesina Brasil.
Fuente: http://www.brasildefato.com.br/node/12681
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