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Elecciones Ecuador 2013
Ley de Comunicación: Deuda pendiente
Eduardo Tamayo G.
ALAI AMLATINA, 15/02/2013.- Uno de los temas que se definirán en las
elecciones presidenciales y legislativas del 17 de febrero es el de la
Ley de Comunicación, que no ha podido ser aprobada por la Asamblea
Nacional, por la tenaz oposición de la derecha y de los medios de
información tradicionales.
Rafael Correa, que aspira a la reelección presidencial con un amplio
margen de apoyo popular, ha señalado que respaldará la expedición de
esta la Ley para lo cual su movimiento Alianza País buscará alcanzar la
mayoría legislativa.
El Movimiento Alianza País, en su programa de gobierno 2013-2017,
incluye un capítulo dedicado a la comunicación en el que se compromete a
aprobar y poner en vigencia la Ley de Comunicación para "definir las
nuevas reglas del juego en la materia, a fin de democratizar la
comunicación, estimular nuevas tecnologías e incluir a más sectores en
la configuración de un nuevo y diferente sistema nacional de educación".
Así mismo, el movimiento político de gobierno propone consolidar los
medios públicos como espacios ciudadanos de participación, democratizar
el espectro radioeléctrico y colocar la comunicación como un tema
prioritario en la agenda de organismos regionales como UNASUR, CELAC y
ALBA.
Otro candidato presidencial, Alberto Acosta, que representa a la Unidad
Plurinacional de las Izquierdas, también se ha pronunciado por que se
sancione una nueva Ley de Comunicación para que los medios de
comunicación no sean controlados por los grandes grupos de poder, a la
vez que demanda que los medios públicos dejen de ser gubernamentales y
haya mayores posibilidades para que se desarrollen los comunitarios.
En cambio el candidato de la banca y a la derecha, Guillermo Lasso, no
expediría ninguna Ley de Comunicación porque el "derecho a la libre
expresión no debe tener limitaciones" ni establecería un Consejo de
Regulación, aunque las dos aspectos fueron aprobados en la consulta
popular del 7 de mayo de 2011.
Disputas mediáticas
El tema de la comunicación se encuentra en el centro de las disputas
políticas e ideológicas ya no solo en estas elecciones sino desde que
asumió la Presidencia Rafael Correa en enero de 2007.
Desde esa fecha, los medios privados cuestionan "el proceso
constituyente, a la Constitución, y, sin duda al Presidente, a la
Asamblea Nacional y a las políticas económicas y sociales seguidas por
el gobierno" señala el historiador Juan J. Paz y Miño Cepeda, agregando
que "progresivamente ese sector empresarial de medios de comunicación se
convirtió en un actor ideológico y político, que algunos analistas
consideran que reemplazó a los partidos".
Ante esta permanente ofensiva de la oposición de derecha, aliada a los
medios privados, el gobierno de Correa ha respondido con medidas que
incluyeron la creación de un sistema estatal de medios (hasta entonces
inexistentes en el Ecuador), la utilización de las redes digitales y la
puesta en escena de los "enlaces ciudadanos" semanales a través de los
cuales el Presidente Correa informa de sus actividades pero, a la vez,
que denuncia en forma permanente el carácter mercantil de los medios
privados, la relación del poder mediático con el poder económico y los
métodos de lo que Correa denomina la "prensa corrupta y mediocre",
muchas veces reñidos con las normas profesionales y de la ética
periodística.
Los medios privados y las oposiciones de derecha e izquierda, por su
parte, critican el estilo y el lenguaje del Presidente al que acusan de
ser "intolerante" y de atentar a la "libertad de expresión". Señalan que
son atacados porque denuncian actos de corrupción y la concentración del
poder, en tanto demandan la fiscalización del poder Ejecutivo. Más allá
de esta confrontación, la verdad es que, como señala el periodista
ecuatoriano Gustavo Isch, "Los medios masivos ecuatorianos devenidos en
actores políticos acostumbrados a dominar de modo casi monopólico la
agenda pública, se han visto vulnerables ante el embate de la
'revolución ciudadana' liderada por un presidente capaz de disputarles
sus públicos, sus espacios, y utilizar la tecnología de comunicación
para movilizar en su contra a amplios sectores de la opinión pública".
Este enfrentamiento entre Correa y el poder mediático, del que la
ciudadanía se ha mantenido de cierta forma apartada, ha ido de menos a
más. Pese a que el presidente cuestionaba a los medios privados, éstos
recibían, sin decir nada, jugosas sumas provenientes de la publicidad
estatal. Pero el 28 de julio de 2012, Correa ordenó dejar de enviar más
"publicidad oficial a los medios mercantilistas porque no tenemos
porqué, con dinero de los ecuatorianos, beneficiar el negocio de seis
familias de este país". Semanas antes había dispuesto que sus ministros
no concurran a entrevistas a los medios privados de carácter nacional,
aunque la medida no corría para los medios regionales y locales.
En esta disputas intervienen no solo actores nacionales sino
internacionales, como el grupo Prisa de España, la CNN, Reporteros Sin
Fronteras, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), las agencias
financieras de Estados Unidos, como la USAID, la NED, etc que apoyan a
ONGs, como Fundamedios o el Grupo Faro. Con dinero proveniente del
exterior se organizan observatorios y se elaboran informes sobre la
violación a la "libertad de expresión", se formulan alertas urgentes en
las redes, se convocan a concursos, se "capacita'' a periodistas y a la
sociedad civil y se presentan demandas contra el gobierno en los ámbitos
nacionales e internacionales. Por este trabajo no solo reciben dinero
sino apoyo político y diplomático que se expresa en la asignación de
reconocimientos y premios.
Avances constitucionales
En el país se han registrado avances (como la conformación de medios
públicos), pero todavía queda un amplio trecho que recorrer en materia
de democratizar la comunicación.
Comencemos señalando que en el campo jurídico hubo progresos con la
incorporación en la nueva Constitución del 2008 de varios artículos que
reconocen los derechos a la comunicación, la información y a la cultura
en el mismo nivel que otros derechos igualmente vitales para el ser
humano como son la salud, la educación, el buen vivir y otros. Se
registra avances igualmente en el empeño de democratizar la comunicación
y repartir las frecuencias radioeléctricas equitativamente entre los
sectores privados, comunitarios y públicos. Para las comunidades,
pueblos y nacionalidades se reconoce el derecho a "crear sus propios
medios de comunicación social en sus idiomas y el acceso a los demás sin
discriminación alguna", y el derecho a que "la dignidad y diversidad de
sus culturas, tradiciones, historias y aspiraciones se reflejen en la
educación y en los medios de comunicación" (Art 57-21) Cabe indicar que
en la elaboración de las propuestas que finalmente se incorporaron en la
Constitución jugó un rol destacado el Foro Ecuatoriano de la
Comunicación (FEC) compuesto por una veintena de entidades académicas,
gremios profesionales, medios alternativos y organizaciones indígenas.
Cabe resaltar también que la Constitución, aprobada por el 64% de
ecuatorianos, prohibió que las entidades o grupos financieros controlen
la inversión o el patrimonio de los medios de comunicación social (Art
312). Posteriormente, en un referéndum realizado en mayo de 2011, una
mayoría de ecuatorianos aprobó una reforma legal que prohíbe que "las
instituciones del sistema financiero privado, así como las empresas de
comunicación privadas, de carácter nacional, sus directores y
principales accionistas, sean dueños o tengan participación accionaria
fuera del ámbito financiero o comunicacional, respectivamente".
El siguiente paso, para que se hicieran efectivos los derechos y avances
consagrados en la Constitución, era la expedición, por parte de la
Asamblea Nacional, de una Ley de Comunicación, que, según disponía la
Carta Magna, debía ser aprobada en un plazo de un año.
Han transcurrido más de cuatro años y esta Ley no ha podido ser
aprobada, pese a que en el mencionada referendo de mayo de 2011, el
pueblo se pronunció porque la Asamblea Nacional, sin dilaciones,
promulgue una Ley de Comunicación que cree un Consejo de Regulación que
norme la difusión de contenidos que contengan mensajes de violencia,
explícitamente sexuales o discriminatorios.
Ahora el destino final de la Ley de Comunicación dependerá de quien gane
las elecciones presidenciales y parlamentarias.
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