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Por qué la Ley de Medios de Argentina es referencia fundamental para
América Latina
Dênis de Moraes
ALAI AMLATINA, 25/01/2013.-
I – Introducción
El actual proceso de transformaciones políticas, socioeconómicas y
culturales en América Latina tiene, en la Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual de la Argentina, uno de sus marcos más
significativos. Por primera vez en la historia de la región, un país
formula, aprueba y hace cumplir una legislación que protege y valoriza
la diversidad informativa y cultural, a través de un marco regulatorio
democráticamente discutido e instituido.
Nuestro objetivo, en el presente artículo, es poner en evidencia la
importancia de la legislación argentina como fuente de inspiración de
medidas antimonopólicas al alcance de los demás gobiernos progresistas
latinoamericanos, en sintonía con la agenda de reivindicaciones de
entidades y movimientos sociales que defienden la comunicación como
derecho humano.
Lo que parecía ser un ideal distante, casi impracticable, se convirtió
en una certeza que comenzó a esparcirse por el continente. Se trata de
un proceso que hace converger las voluntades transformadoras de los
estados con la de amplios segmentos de la sociedad civil.
La nueva ley trajo el convencimiento de que es viable el conocido dicho
"otra comunicación es posible", descentralizada y plural, conquistada de
forma equilibrada y participativa.
El texto que se presenta a continuación está dividido en dos partes. En
la primera se focaliza en el cuadro de concentración de medios de
América Latina y sus implicancias, con el propósito de situar en un
contexto adverso que llevó a gobiernos progresistas a intervenir, con
diversa intensidad según cada país, en los sistemas de difusión.
En la segunda parte, se aborda la correspondencia entre las
disposiciones de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y las
aspiraciones sociales en torno a una comunicación más democrática. Se
apuntan medidas, reclamadas o en preparación en otros países, que se
materializan, pioneramente, en la legislación argentina, lo que la
transforma en una referencia obligatoria.
II – El escenario que debe cambiar
Para evaluar la pertinencia de la Ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual como instrumento de reestructuración de los sectores de la
información y la cultura en moldes mas pluralistas, es esencial
explicitar el intrincado escenario mediático de América Latina.
La últimas décadas acentuaron la concentración de medios
latinoamericanos en un puñado de megagrupos. Ese modelo de concentración
prosperó en medio de la convergencia de los sistemas, redes y
plataformas de producción, transmisión y recepción de datos, imágenes y
sonidos. La digitalización extendió y extiende el acceso a las
tecnologías a franjas más amplias de la sociedad –aunque de manera
bastante desigual- e impulsa el crecimiento de la oferta de productos y
servicios en diferentes plataformas, redes, canales y soportes
digitales, sobre el control estricto de grupos nacionales y
trasnacionales. Los focos de las políticas de comercialización se
expanden ininterrumpidamente de los mercados consumidores, disminuyendo
los costos industriales y produciendo enormes ganancias en productividad
a través de las economías de escala.
La expansión de las industrias de medios en América Latina se vincula
históricamente a intereses privados y trasnacionales, favorecidos por la
fragilidad de los mecanismos de regulación y control de los flujos
audiovisuales y del capital que cruzan fronteras por satélites y redes
infoelectrónicas. La baja inversión de los gobiernos en tecnología y
producción cultural, las políticas públicas inconsistentes o
inexistentes y la inercia regulatoria apartaron al Estado del
protagonismo en las áreas de la información, el entretenimiento y las
telecomunicaciones.
Las desregulaciones y privatizaciones neoliberales durante los años 1980
y 1990 favorecieron la acumulación de la propiedad, de los medios y las
tecnologías, permitiendo la constitución de verdaderos latifundios
mediáticos, que exploran simultáneamente las cadenas de producción,
distribución, circulación y consumo de datos, sonidos e imágenes, en
busca de dividendos competitivos y lucros acelerados (Moraes, 2011: 33-34).
En la escalada de la internacionalización, corporaciones trasnacionales
como News Corporation, Viacom, Time Warner, Disney, Bertelsmann, Sony y
Prisa adquirieron activos de medios y/o establecieron acuerdos con
grupos multimediáticos regionales, ampliando exponencialmente sus
actuaciones multisectoriales en los mercados para sus productos y
servicios. El resultado no podría ser diferente: 85,5% de las
importaciones audiovisuales de América Latina provienen de los Estados
Unidos. Mensualmente, 150 mil horas de films, series y eventos
deportivos norteamericanos son presentados en las emisoras de televisión
de nuestro continente (Moraes, 2006:46).
Para los cuatro mayores conglomerados latinoamericanos –Globo de Brasil;
Televisa de México; Cisneros de Venezuela y Clarín de Argentina-, estas
asociaciones representan la posibilidad de entrecruzar negocios y
establecer alianzas con los actores de mayor peso del plano
internacional, que les ofrecen lógicas sólidas, financiamiento e
inserción en el mercado (Bustamante, 2009: 79-80).
Globo, Televisa, Cisneros y Clarín retienen el 60% de la facturación
total de los mercados y de las audiencias, distribuidos de la siguiente
manera: Clarín controla el 31% de la circulación de los diarios, el
40,5% de la TV abierta y el 23,2% de la TV de pago; Globo responde por
el 16,2% de los medios impresos, 56% de la TV abierta y el 44% de la TV
de pago; Televisa y TV Azteca forman un duopolio, acumulando el 69% y el
31,37% de la TV abierta, respectivamente. Brasil, México y Argentina
reúnen más de la mitad de los diarios y emisoras de radio y televisión y
el 75% de las salas de cine de la región.
Entre los impactos más graves de la concentración mediática en América
Latina se puede apuntar: las políticas de precios depredatoria
destinadas a eliminar o a restringir severamente la concurrencia, los
controles oligopólicos sobre la producción, distribución y difusión de
contenidos; y la acumulación de patentes y derechos de propiedad
intelectual por parte de los grupos empresariales. Hay también el riesgo
de unificación de las líneas editoriales y de predominio de las
ambiciones empresarias por encima de los intereses del conjunto de la
sociedad. Las conveniencias corporativas se basan frecuentemente en
estrategias de maximización de la ganancia, sin prestar mayor atención a
la formación educativa y cultural de la audiencia y, menos aún, a los
valores y sentidos de pertenencia que conforman las identidades
nacionales y regionales.
III- La Ley que impulsó "otra comunicación es posible"
En los últimos años, gobiernos electos con el compromiso de revertir
desigualdades e injusticias sociales –agravadas por la sumisión de sus
antecesores a los dictámenes del neoliberalismo-, incluían la
democratización de la comunicación entre sus prioridades.
Entre estos gobiernos existe un consenso acerca de que es indispensable
la participación del poder público en los sistemas de información y
difusión cultural, a partir de entender lo que las cuestiones
comunicacionales dicen respecto a los intereses colectivos. No pueden
limitarse a las voluntades particulares o a los cálculos corporativos,
pues incluyen múltiples puntos de vista existentes en la sociedad.
La acción regulatoria del Estado debe velar por el equilibrio entre lo
que debe ser público y lo que debe ser privado, inclusive explicando a
la población que las empresas de radio y televisión no son las
propietarias de las frecuencias, sino que apenas son concesionarias de
un servicio público con plazos establecidos por la ley, pudiendo ser
estos renovados, o no.
Un hecho alentador es la concreción de alguna de estas premisas en
políticas públicas de comunicación, incluyendo medidas para deshacer los
monopolios de las empresas de radiodifusión; apoyar medios alternativos
y comunitarios; incentivar la producción audiovisual independiente,
garantizar mayor ecuanimidad en los accesos al conocimiento de las
tecnologías y promover la generación y distribución de contenidos
regionales y locales sin fines comerciales.
La Ley de Comunicación Audiovisual de la Argentina se proyecta como un
instrumento innovador de regulación, fiscalización, fomento y
diversificación de las actividades informativas y culturales. Los
cambios introducidos por la normativa tienen como supuesto el entender a
la comunicación como derecho humano y no como mero negocio. Los
principios antimonopólicos tienden a garantizar la pluralidad de voces y
la horizontalidad informativa, fijando un marco regulatorio completo
para la comunicación mediática, incluyendo la convergencia digital entre
la TV de cable, la telefonía y la Internet en un régimen que otorga
licencias en condiciones equitativas y no discriminatorias.
Son varios los puntos de identificación entre la legislación argentina y
los anhelos de los organismos y movimientos sociales que reivindican una
comunicación democrática en América Latina. El primer ítem a destacar es
la metodología adoptada por la presidenta Cristina Kirchner para la
definición del anteproyecto de ley. Las consultas públicas a los
sectores representativos de la sociedad civil consagrando un proceso
democrático de diálogo, consulta y negociación ético-político entre los
actores involucrados. La propia Cristina presidió reuniones en la Casa
Rosada con empresarios, líderes sindicales y estudiantiles, propietarios
de empresas de comunicación, productores independientes, rectores de
universidades, directores y profesores de facultades de comunicación,
líderes de iglesia y de asociaciones de radios y televisoras
comunitarias; para presentar ideas y recibir sugerencias. Sin contar el
sinnúmero de debates sobre la Ley promovidos en todo el país por la
Coalición por una Radiodifusión Democrática (integrada por sindicatos,
asociaciones profesionales, universidades, emisoras comunitarias y
movimientos de derechos humanos).
Al aceptar gran parte de los 21 Puntos defendidos por la Coalición, la
Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se tornó expresión de una
voluntad social más amplia que la exclusiva visión del gobierno que la
propuso y que después la sancionó. La incorporación de las propuestas de
la Coalición fue reconocida –a través de una carta a la presidenta
Cristina Kirchner– por entidades que actúan a favor de la
democratización de la comunicación en América Latina como lo son la
Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER); la
Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC); la Organización
Católica Latinoamericana y Caribeña de Comunicación (OCLACC) y la
Agencia Latinoamericana de Información (ALAI). (1)
La Ley de Medios recogió una reivindicación consensuada por la mayoría
de los países latinoamericanos, al definir, en condiciones equitativas,
tres tipos de prestadores de servicios de radiodifusión para la
concesión pública: de gestión estatal (medios públicos); de gestión
privada con fines de lucro y de gestión privada sin fines de lucro
(organizaciones no gubernamentales; entidades sociales y comunitarias;
sindicatos; fundaciones). Este punto es decisivo para revertir el
predominio del sector privado comercial en el sistema de medios, pues
establece equidad en términos de acceso, participación, prerrogativas y
representatividad entre las tres instancias mencionadas. La pertinencia
de esta y otras determinaciones de la ley fue reasaltada por la
Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), que reúne a 3.000
asociados en 110 países (18 de ellos en América Latina y el Caribe):
Uno de los notables aspectos es el establecimiento de diversas y
efectivas medidas para limitar e impedir la concentración indebida de
medios. Entre ellas, los límites a la cantidad de licencias que puede
tener una misma persona o empresa (a nivel nacional o en una misma área
de cobertura) y los límites a la propiedad cruzada de medios, en
consonancia con las mejores prácticas internacionales. Con el objetivo
de promover la diversidad de contenidos nacionales y locales, la nueva
legislación argentina recoge antecedentes de países europeos y también
americanos al incluir exigencias mínimas de producción nacional, local y
propia, bien como condiciones para la formación de redes de emisoras,
para limitar la centralización y la uniformización de la programación de
unos pocos grupos empresariales de capital federal en todo el país. Otro
aspecto a destacar es el reconocimiento expreso de tres sectores:
estatal, comercial y sin fines de lucro, garantizando la participación
de las entidades privadas sin fines de lucro, al reservar para ellas el
33% del espectro radioeléctrico. (2)
La influencia inmediata de la Ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual puede ser comprobada a partir de ver propuestas semejantes
en los proyectos de los gobiernos del Ecuador y del Uruguay. En ambos
casos, la revisión de la propia radiodifusión se inspira, de alguna
manera, en la legislación argentina, inclusive con la metodología de
consultas a la sociedad civil como para la formulación de los
respectivos anteproyectos.
El Gobierno de Venezuela viene modificando los criterios y las
prioridades legales para la concesión de licencias de radio y
televisión. El objetivo es reequilibrar la radiodifusión entre los
sectores estatal, privado y social, tomando como base la ley de
Servicios de Comunicación Audiovisual. El ex Ministro venezolano de
Comunicación e Información, Andrés Izarra, "... en la Argentina la
legislación es más avanzada que la de Venezuela: un tercio del espacio
radioeléctrico va para las comunidades organizadas, para las
organizaciones no gubernamentales". Y agrega:
La Ley argentina da legitimidad al reclamo de uso del espacio
radioeléctrico por parte de los medios alternativos. Creo que eso va a
ser muy positivo para la Argentina, porque pone al país en sintonía con
estos tiempos. El espacio ya no es apenas de la oligarquía ni del sector
privado, se está democratizando. Es un factor común para todos nuestros
procesos. Aparecen nuevos actores que antes ni soñaban con estar en la
comunicación. (3)
Asimismo, en Brasil, donde prácticamente nada fue hecho durante los ocho
años del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y los dos iniciales de
Dilma Rouseff para modificar la anacrónica legislación de medios, la ley
argentina constituye una referencia indiscutible con vistas a cambios en
la radiodifusión. Eso puede ser constatado por la similaridad observada
en muchas propuestas aprobadas en la Conferencia Nacional de
Comunicación de 2009 y hasta hoy no efectivizadas por el gobierno
federal. En el manifiesto en defensa de la democratización de la
comunicación, divulgado el 2 de abril de 2011, entidades nacionales,
entre ellas la Central Única de Trabajadores, la Federación Nacional de
Periodistas, el Foro Nacional por la Democratización de la Comunicación,
el Movimiento Nacional de Derechos Humanos y AMARC-Brasil, mencionan
explícitamente la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual: "Sigamos
los ejemplos de experiencias victoriosas de movilización por la reforma
del sistema de medios en América del Sur, como ocurrió en la Argentina,
donde la sociedad organizada consiguió ser un actor decisivo en la
propuesta de reformar la legislación".(4)
Por lo expuesto, concluimos que la ley de comunicación audiovisual de la
Argentina es la prueba de la viabilidad de un marco regulatorio
avanzado: "tanto por el contenido democrático que expresa, como por el
proceso de consulta popular que orientó su elaboración", como declaró el
relator de la Comisión de Libertad de Opinión y Expresión de la
Organización de Naciones Unidas, Frank La Rue.(5) Además de leyes que
impidan prácticas monopólicas, la reconfiguración de los sistemas de
comunicación en América Latina depende de políticas públicas
consistentes, debatidas y formuladas en sintonía con las demandas de la
sociedad civil; tanto se trate de instrumentos legales como de la
determinación para llevar a la práctica las medidas de descentralización
de los medios. No basta con tener principios democráticos generales,
sino haber tomado la decisión institucional de hacer valer las normas,
regulaciones y los procedimientos que garantizan su aplicación.
En ese sentido, es conveniente que los gobiernos de los países vecinos
avalen el trabajo que lleva adelante la Autoridad Federal de Servicios
de Comunicación Audiovisual, Organismo Público creado por la nueva
legislación argentina y con incumbencia para fiscalizar el cumplimiento
de sus deliberaciones y fomentar la producción cultural comunitaria e
independiente.
Finalmente, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual expone, de
manera paradigmática, las exigencias ineludibles de la voluntad política
de los gobernantes y del respaldo popular que se necesitan para llevar
adelante estos cambios, dado las sistemáticas campañas opositoras de los
medios y de las elites conservadoras. Las corporaciones resisten y
resistirán someterse a las restricciones legales que afectan privilegios
conquistados en décadas de complicidad con sucesivos gobiernos. Eso
explica las medidas cautelares que el grupo argentino Clarín para
intentar impedir la aplicación completa de la Ley de Medios. Lo que hace
suponer que será preciso empeñar cada vez más fuerza en las batallas
mediáticas, de forma de esclarecer a la opinión pública e impedir que
prosperen argumentos generalmente falsos sobre las transformaciones
realmente necesarias en el horizonte comunicacional.
Los avances en la Argentina ponen de relieve el papel regulador y activo
que el Estado precisa desempeñar en la vida social, para lograr, dentro
de las reglas de la democracia, legislaciones antimonopólicas,
universalizar el acceso y la información e intentar detener la
avasalladora concentración de los medios. Para América Latina como un
todo, significa la oportunidad histórica de analizar y absorber
lecciones de la Ley de servicios de Comunicación Audiovisual, en la
búsqueda de legislaciones, que teniendo en cuenta las especificidades de
cada país, resguarden y estimulen la diversidad informativa y cultural,
a partir del reconocimiento de su esencia para poder profundizar la
democracia.
(Traducción de Mariana Baranchuk).
- Denis de Moraes es doctor en Comunicación y Cultura por la Universidad
Federal de Río de Janeiro y profesor e investigador de la Universidad
Federal Fluminense, em Brasil. Autor, entre otros libros, de La cruzada
de los medios en América Latina (Paidóis, 2011) y Mutacionos de lo
visible: comunicación e procesos culturales en la era digital (Paidós,
2010). El presente texto es parte de su artículo "La mirada desde
América Latina" publicado en el libro Ley 26.522: hacia un nuevo
paradigma en comunicación audiovisual, coordinado por Mariana Baranchuk
y Javier Usé (Buenos Aires, Autoridad Federal de Servicios de
Comunicacióbn Audiovisual/Universidad Nacional Lomas de Zamora, 2011).
NOTAS
(1) La carta enviada a Cristina Kirchner, el 23 de marzo de 2009, está
disponible en: http://alainet.org/active/29629
(2) La nota da AMARC, divulgada el 13 de octubre de 2009, puede ser
consultada en:
http://www.mesadearticulacion.org/articulos/declaraciones/declaraciones-asociaciones/declaracion-de-amarc-alc-sobre-aprobacion-ley-de-medios-en-argentina
(3) Entrevista de Andrés Izarra a Mercedes López San Miguel "En
Argentina la ley sobre los medios es más avanzada que en Venezuela", 21
de noviembre de 2010, disponible en:
http://www.alternativabolivariana.org/modules.php?name=News&file=print&sid=5603
(4) El manifiesto en favor de la democratización de la comunicación en
el Brasil está disponible en:
http://www.cut.org.br/acontece/20518/frente-parlamentar-pela-liberdade-de-expressao-e-o-direito-a-comunicacao-sera-lancada-dia-19
(5) Entrevista a Frank La Rue. Disponible en el site "Hablemos todos"
http://www.argentina.ar/hablemostodos/
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