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El Salvador: Los Acuerdos de Paz, 21 años después
de la finalización del conflicto armado
Rudis Yilmar Flores
ALAI AMLATINA, 17/01/2013.- El debate de la
transición de posguerra en El Salvador continúa
abierto, veintiún años de iniciado este proceso.
Uno de los aspectos cruciales de la discusión es
la dimensión democrática de esta transición, en
todo caso se pensó que si se daba esta transición,
esta debía ser necesariamente democrática, pero la
realidad demostró que no se trataba de algo
mecánico que nos conduciría a un régimen de estas
dimensiones.
Un elemento clave en la discusión y en el discurso
sigue siendo que los acuerdos de paz pusieron fin
al conflicto armado que generaron cambios en las
viejas estructuras del Estado y se crearon nuevas
instituciones. Ejemplo de ello fue la desaparición
de los cuerpos represivos de seguridad como la
Guardia Nacional, Policía de Hacienda, Policía
Nacional, los batallones de reacción inmediata, la
reducción del ejército, la creación de una nueva
doctrina militar y surgieron la Nueva Policía
Nacional Civil, El Consejo Nacional de la
Judicatura, el Tribunal Supremo Electoral, el Foro
Económico Social que en los sucesivos gobiernos de
derecha lo desaparecieron y un elemento importante
fue la conversión del ejército guerrillero en una
institución política que ganó las elecciones
presidenciales en marzo del 2009.
Si estos cambios son importantes, no fueron
suficientes para rebasar las causas que generaron
el conflicto armado que género más de 70 mil
muertos y 100 mil desaparecidos, el tema económico
social sigue siendo el indicador que mide el nivel
de democratización que vive el país y la falta de
concertación en grandes temas como la reducción de
la pobreza.
Hay un elemento que adquiere gran trascendencia y
que el proceso de transición democrática no ha
logrado resolver es el problema de la exclusión
social, la mala distribución de la riqueza, la
falta de empleo, de una vivienda digna, educación
y que en los últimos años ha provocado un auge
mayor de la violencia en sus distintas
manifestaciones en el seno de un orden social que
le da la espalda a la gran mayoría de la población
en sus propios intereses.
En cierto modo, El Salvador en los últimos tiempos
debió perder la brújula en el tema del
cumplimiento de los acuerdos de paz, ya que estos
fueron suscritos como un requisito imprescindible
para avanzar en los nuevos propósitos de la
democratización social y política del país, pero a
estas alturas existe un déficit en su cumplimiento
según lo pactado en Chapultepec y Nueva York.
La democracia misma pierde vitalidad cuando se
trata de mejorar las condiciones de vida de la
población. Por eso la tarea es, avanzar hacia una
Democracia de Ciudadanía. Lo anterior consiste en
organizar a la sociedad para asegurar y expandir
sus derechos. Es necesario, para ello, una
Democraticidad del Estado: esto es el grado en que
el Estado ha organizado las relaciones sociales.
El país atraviesa un momento bastante difícil, con
una serie de fisuras que reflejan un alto grado de
conflictividad social y una clara ampliación de la
brecha entre ricos y pobres.
En este contexto es importante reflexionar sobre
el comportamiento que ha tenido el país y la
configuración de la transición que hoy vivimos
desde sus dimensiones económicas políticas y
sociales.
Los últimos 20 años que fueron gobernados por el
partido Alianza Republicana nacionalista (ARENA),
Y bajo la doctrina neoliberal comenzaron a
implementar una serie de medidas antidemocráticas
tales como el ajusté estructural, que propicio la
reducción del gasto público en las áreas sociales
y una serie de procesos de privatización que
generaron, un aumento en los niveles de desempleo
y provocando un éxodo masivo de salvadoreños a
otras partes del mundo y de manera particular
hacia los Estados Unidos en busca del sueño americano.
El modelo económico implementado en 1989, con la
llegada del presidente Alfredo Cristiani al poder
por medio del partido ARENA, comenzó toda una
etapa de reformas neoliberales que condujeron al
país a una polarización sin darle soluciones
concretas a los problemas que dieron origen al
conflicto armado.
Un aspecto de dichas políticas, es haber delegado
las funciones del Estado a la clase empresarial, y
esto provocó que durante los últimos 20 años se
diera una ausencia completa de las funciones del
Estado en resolver los problemas del país.
Las medidas antidemocráticas de los últimos cuatro
gobiernos desde (1989- 2009), establecieron una
amplia brecha entre ricos y pobres, se generaron
procesos de privatización en varia fases desde
aquellos activos que no prestaban precisamente un
bien público como las cementeras, los hoteles,
puertos y aeropuertos y una segunda fase en la que
se vendieron las empresas generadoras de energía
eléctrica las telecomunicaciones y las pensiones,
actualmente está en discusión la privatización del
agua y la salud, también en el año 2001 se produjo
el proceso de dolarización de la economía que
beneficio a las transnacionales y los sectores
empresariales en detrimento de las mayorías que
comenzaron a pagar los costos de la dolarización
al incrementarse de manera vertiginosa el costo de
la vida y una caída de los salarios.
La realidad de los salvadoreños se volvió muy
compleja ya que las necesidades más sentidas de la
población no se logran resolver, esto
necesariamente conduce a los sectores populares a
una lucha permanente por la reivindicación de sus
derechos y la respuesta de manera inmediata de los
últimos dos gobiernos ha sido la criminalización
de los movimientos sociales a partir de la
creación de nuevas leyes como la ley
antiterrorista y los planes mano dura y súper mano
dura y el surgimiento de los juzgados
especializados o "blindados" como las nuevas
formas de represión del estado.
La tarea de la construcción de la democracia es
una tarea pendiente de los acuerdos de paz y
retoma mayor auge con el gane electoral de la
izquierda el 15 de marzo de 2009, representada por
el FMLN, por considerarse como el triunfo del
pueblo y donde el estado de privilegios de que
gozaba la derecha tienden a desaparecer y el nuevo
gobierno debe seguir contemplando en la agenda el
trato preferencial por los pobres.
No cabe duda, existe una deuda histórica con el
pueblo salvadoreño y su democracia, ahora se le
presentan nuevos escenarios y nuevas formas de
lucha ante la nueva realidad que vive el país y el
mundo, aun cuando la izquierda gobierne es
necesario romper los viejos esquemas de dominación
y de explotación de la clase empresarial que hoy
en día siguen vigentes y que se niegan a aceptar
que el mundo cambio.
- Rudis Yilmar Flores es Profesor Investigador de
la Universidad de El Salvador, Facultad
Multidisciplinaria Orienta (San Miguel). Miembro
del Comité Directivo de la Asociación
Latinoamericana de Sociología, Secretario de la
Directiva de la Asociación Centroamericana de
Sociología, miembro de la Asociación Salvadoreña
de Sociología.
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