domingo, 25 de noviembre de 2012

[alai-amlatina] Argentina: Vuelve el condicionante económico: la deuda pública!

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Argentina: Vuelve el condicionante económico: ¡la deuda pública!

Julio C. Gambina

ALAI AMLATINA, 25/11/2012.- En el fallo del Juez Thomas P. Griesa(1), de
un tribunal neoyorkino, se obliga a la Argentina a cancelar deuda "lo
antes posible", con bonistas demandantes ante los tribunales de EEUU.

Son tenedores de títulos que entraron en default en el 2001, y que no
ingresaron a los canjes del 2005 y del 2010. Recordemos que solo el 7%
de tenedores de títulos no se acogieron a los beneficios de las
renegociaciones de deuda.

El fallo señala que "será aplicable a los pagos de intereses efectuados
a los bonistas en diciembre de 2012. Para evitar confusiones y dar un
tiempo razonable para arreglar la mecánica, el tribunal especifica que
el pago de intereses en cuestión será el del 15 de diciembre de 2012.Al
abogado de Argentina se le ordena consultar con el abogado de los
demandantes para determinar la suma exacta que se pagará a los
demandantes y otras mecánicas."

El poder ejecutivo anunció que apelará el fallo del juez estadounidense,
por arbitrario, e incluso, argumentando que se sienta un precedente
grave para cualquier negociación de deuda en curso o a futuro. De
avanzar el fallo, argumentan en el gobierno, nadie ingresará a los
canjes que se negocian en Grecia, o cualquier otro país con problemas de
endeudamiento, pues siempre se podrá acudir a la justicia con
jurisdicción para ello.

Algo que omiten destacar con este argumento es que quién cedió la
soberanía jurídica ha sido el propio Estado argentino, y no solo los
gobiernos de la entrega en la década del '90.

El propio fallo destaca que: "En la reunión del 9 de noviembre de 2012,
el tribunal recordó a todas las partes interesadas que Argentina está
sometida a la jurisdicción de los tribunales federales de Nueva York, a
lo que Argentina dio su consentimiento. En los últimos diez años,
Argentina repetidas veces sometió los asuntos al Tribunal de Distrito y
el Tribunal de Apelaciones y recibió un tratamiento indudablemente
imparcial, dado que Argentina se impuso en la mayoría de las cuestiones."

Más allá de los montos en juego, pues el 7% no ingresado al canje es por
7.000 millones de dólares (unos 4.000 millones según las condiciones de
los canjes de Kirchner y Fernández), y la demanda es por 1.600 millones
de dólares (unos 900 millones con la quita), la situación ahora
presentada es demostrativa de que teníamos razón cuando denunciábamos
que la deuda era un condicionante de política económica y al mismo
tiempo profundizaba la dependencia económica, política y jurídica de la
Argentina.

Junto a la denuncia señalábamos que la deuda antes de negociarla debía
ser investigada, auditada, que existen ejemplos internacionales, que
estaba en juego la independencia y la autonomía del país. La principal
lección para extraer sobre este fallo, o sobre el embargo que opera
sobre la Fragata Libertad es que la Argentina debe denunciar la entrega
de su soberanía al permitir litigar en país extranjero.

Es algo que debe realizarse denunciado los tratados bilaterales de
inversión y toda medida de subordinación a tribunales extranjeros, como
ocurre con el CIADI. Brasil nunca adhirió al protocolo del CIADI, y
Venezuela hace poco siguió el camino ya recorrido por Bolivia y Ecuador,
de retirarse de este antro del imperio para defender los intereses de
las transnacionales. Recordemos que la Argentina es el país más
demandado ante el CIADI.

Que no se haya hecho la auditoria o investigación en el 2005, o en el
2010, no impide realizarla ahora. El fallo, además de ser apelado,
otorga la oportunidad política de enfrentar el lazo de la dependencia
que construyó y reafirma el endeudamiento público.

Nunca es tarde. ¡Es el momento de denunciar la subordinación a los
tribunales extranjeros y auditar e investigar la deuda!

Mar del Plata, 24 de noviembre de 2012

- Julio C. Gambina es Presidente de la Fundación de Investigaciones
Sociales y Políticas, FISYP.

(1) Juez de Distrito de EEUU, en fallo fechado el 21 de noviembre de
2012 en Nueva York.


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