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Panamá: Colón en "estado de sitio"
Marco A. Gandásegui, h.
ALAI AMLATINA, 24/10/2012.- "A llorar al
cementerio…" fue el grito de batalla del
presidente de la Asamblea de Diputados después de
aprobar la Ley 72 que privatiza las tierras de la
Zona Libre de Colón (ZLC). Fue un anticipo de la
muerte del niño José Patricio Vega Betancourt, de
9 años de edad, y del trabajador Andreve Dixon, de
origen kuna. El niño fue atravesado por una bala y
el trabajador kuna recibió un disparo en la frente
en medio de la represión desatada contra el pueblo
colonense por parte de la Policía Nacional y del
Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT).
Este cuerpo militarizado es financiado, armado y
entrenado por el Comando Sur de EEUU que ha
identificado como el enemigo número uno de sus
intereses a "los campesinos e indígenas de
Panamá". La militarización acelerada del país
puede explicar el reciente nombramiento de un
comisionado (coronel) de la Policía como
vice-ministro de Seguridad.
La Policía actúa sin un plan de contingencia y los
heridos de bala se acumulan. Los medios de
comunicación fueron amedrentados por actos de
violencia contra su personal. La Policía Nacional
allanó la Iglesia San José de la ciudad atlántica
con el fin de detener a personas refugiadas en ese
sitio. Felipe Cabezas, dirigente del Frente Amplio
de Colón, denunció el ataque de la Policía y dijo
que Colón se encuentra en "estado de sitio". El
Frente inició un paro de 48 horas de todos los
sectores de Colón a partir del lunes. Cabezas
declaró que el Frente quiere dialogar con el
gobierno una vez que derogue la Ley 72. Como
consecuencia de la represión del martes, el Frente
anunció que el paro tendría carácter indefinido.
El ministro de Seguridad, J. Raúl Mulino, aseguró
que la represión que ha causado dos muertes y
decenas de heridos se justifica para proteger a
los manifestantes. Igual opinó el Director de la
Policía Nacional, Julio Moltó.
Apenas en febrero de este año, Martinelli desplazó
al SENAFRONT a San Félix donde el pueblo ngobe
buglé organizado se opone a la construcción de
hidroeléctricas en su comarca. Murieron dos
trabajadores. En 2010 Martinelli también
transportó en avión varios batallones del
SENAFRONT para aplastar una protesta de los
trabajadores de la bananera Bocas Fruit. En este
caso, murieron dos obreros indígenas. Todas las
muertes fueron provocadas por heridas de balas. Se
registraron, además, decenas de heridos de
perdigones y mujeres ultrajadas.
La privatización de la ZLC
La "privatización" de las tierras de la ZLC
traspasa la propiedad de ese patrimonio de la
ciudad de Colón a intereses privados. Hasta ahora,
la tierra era propiedad del Estado y patrimonio de
los colonenses (según la Ley que creó la ZLC en
1948). Los comerciantes alquilaban los lotes donde
construían mejoras (almacenes y tiendas) para
depositar mercancías y venderlas a los compradores
de países vecinos (en gran parte, la región
andina, el Caribe y Centro América).
Hay dos versiones para justificar la operación
financiera del gobierno de Martinelli, ninguna de
las cuales se relaciona con las políticas
neoliberales impuestas por las agencias
financieras norteamericanas. Por un lado, los
financistas del Ministerio de Economía y Finanzas
incluyeron en el presupuesto de 2013 una partida
de US$ 400 millones que sería cubierta con la
venta de las tierras de la ZLC. Por el otro, con
la venta de las tierras el gobierno está creando
un nuevo segmento de "rentistas" que vivirían de
los alquileres de las tierras de la ZLC. Es decir,
se trasladaran los ingresos de los alquileres que
recibe el gobierno a un grupo de propietarios
privados.
Una tercera versión, que surge de algunos
sectores, es que Martinelli tiene interés en
comprar el paquete inmobiliario y convertirlo en
parte de su patrimonio personal. También se
estudia la venta de los terrenos vecinos (del
Estado) que ampliarían la ZLC que serían
adquiridos inmediatamente. Esta opción no fue
concebida ni por los fundadores de la ZLC quienes
veían la zona franca como un negocio rentable sin
necesidad de tener que compartirlo con los
"rentistas". Los gobiernos liberales (1948-1968),
militares (1968-1989) y neoliberales (1990-2010),
a su vez, vieron la ZLC como una "caja menuda"
siempre disponible para desarrollar proyectos en
diferentes partes del país. El diputado de la
oposición, Elías Castillo, señaló que el gobierno
quiere vender estas tierras para "utilizar ese
dinero para gastos y para politiquería". Según
otro diputado, José Blandón, el gobierno necesita
dinero para sufragar "el clientelismo y el robo
descarado de los recursos públicos".
Todo Panamá se solidariza con Colón
En una extraña coincidencia, la Asociación de
Usuarios de la ZLC, la Cámara de Comercio,
sindicatos, estudiantes y otras organizaciones
cívicas y populares condenaron la actitud del
gobierno que no quiso dialogar antes de aprobar la
Ley 72 en la Asamblea. En medio de las
manifestaciones populares en la ciudad de Colón,
el presidente Martinelli salió del país con
destino a Japón (su viaje número 67 al exterior en
tres años de gobierno). En Japón Martinelli tuvo
el tiempo necesario para atacar a China provocando
un incidente internacional deplorable con el
principal surtidor de mercancías de la ZLC y el
segundo usuario más importante del Canal de Panamá.
El gabinete de Martinelli parece que está
experimentado serias grietas por la forma
irresponsable que ha manejado las protestas
colonenses. Por un lado, el ministro de la
Presidencia, Roberto Henríquez, ha indicado en
privado que abandonaría su cargo por razones de
salud. A su vez, la ministra de Educación, Lucy
Molinar, también ha evidenciado descontento por
los acontecimientos de Colón. La ministra fue la
única miembro del gabinete que no firmó el
proyecto de Ley cuando fue enviado a la Asamblea.
El país entero se ha solidarizado con el pueblo de
Colón, las provincias, las comarcas, los
municipios, los trabajadores del agro, los obreros
de la ampliación del Canal de Panamá, estudiantes
e, incluso, sectores empresariales. A la vez,
responsabilizan nuevamente al presidente
Martinelli, por los desmanes cometidos por las
fuerzas policíacas.
- Marco A. Gandásegui, hijo, profesor de
Sociología de la Universidad de Panamá e
investigador asociado del Centro de Estudios
Latinoamericanos Justo Arosemena (CELA)
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