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Los paraísos fiscales y la fuga de capitales
Sally Burch
ALAI AMLATINA, 30/10/2012.- Un estudio sobre los paraísos fiscales(1)
que publicó en semanas recientes el Tax Justice Network –TJN- revela la
gravedad de la fuga de capitales y de la evasión tributaria, que alcanza
dimensiones mucho mayores de lo que antes se había estimado. Estos datos
confirman, además, que constituye uno de los problemas económicos más
graves que enfrentan los países en desarrollo, y por ende contribuye a
agudizar la pobreza.
El estudio hace un estimado –que considera conservador– de que para
2010, el monto de fondos de la riqueza privada que se encuentra
invertido en más de 80 jurisdicciones offshore (extraterritoriales)
-donde las cuentas se manejan bajo reserva y prácticamente libre de
impuestos-, fluctúa entre 21 y 32 billones de dólares (o sea, millones
de millones).
De este total, alrededor de un tercio, esto es entre 7,3 y 9,3 billones
de dólares, provendría de 139 países de bajo o mediano ingreso. Es más,
el 61% de este monto corresponde a un grupo de solo 10 países, que
incluye a Brasil, México, Venezuela y Argentina. Se trata principalmente
de rentas financieras acumuladas desde los años '70 por las élites
privadas de estos países, y que no se han registrado en sus países de
origen. Estas cifras abarcan solo los activos financieros; no se ha
calculado otro tipo de inversiones, por ejemplo en oro, bienes raíces,
yates, etc.
Al hacer un balance de activos y pasivos, el estudio demuestra que gran
parte de los países considerados deudores en realidad serían
prestamistas netos, si estos recursos no se hubiesen sustraído de su
sistema financiero. En efecto, los 139 países mencionados, que incluyen
a todas las principales economías en desarrollo, "registraban una deuda
externa bruta agregada de US$4,08 billones en 2010". Al restar las
reservas en el exterior de estos países, invertidas mayoritariamente en
valores en el Primer Mundo, se constata que "su deuda externa neta
agregada suma una cifra negativa de US$ 2,8 billones para 2010". De allí
se concluye que, si a ello se suman los recursos desviados al sistema
offshore, estos países supuestamente endeudados, "no tienen nada de
deudores: son prestamistas netos, del tenor de $10,1 a $13,1 billones".
El problema, sin embargo, es que "los activos de estos países están en
manos de un pequeño número de individuos ricos mientras que las deudas
recaen en la gente ordinaria de estos países a través de sus gobiernos".
La pérdida en términos tributarios es también enorme: teniendo en cuenta
las ganancias no declaradas que han generado estas inversiones offshore
desde 1970, la pérdida en los últimos 40 años podría alcanzar alrededor
de US$ 3,7 billones, estima el estudio.
El TJN -red internacional dedicada a la justicia tributaria, con sede en
el Reino Unido- desarrolló una metodología nueva para hacer estos
cálculos, que estima mucho más verídica que los métodos que han
utilizado tradicionalmente las instituciones financieras
internacionales. Por lo mismo, expresa una fuerte crítica a estos
organismos, pues, "han prestado una mínima atención a este 'agujero
negro' de la economía global", siendo que ellos "tienen un acceso fácil
no solo a los recursos analíticos, sino también a muchos de los datos
primarios que se requieren para cuantificar con más precisión las
dimensiones de este problema". Y pregunta: "¿Por qué se hacen la vista
gorda?"
La pérdida para los países en desarrollo es aún mayor, si a ello le
sumamos el hecho que la mayoría de acuerdos de inversión extranjera
–incluidos los TLCs- se acompañan de acuerdos de doble imposición. Estos
acuerdos generalmente prevén que los inversionistas extranjeros puedan
tributar en su país de origen, y no en el país que les provee los
recursos, mano de obra, servicios, etc. con los cuales realizan sus
ganancias. Muchas veces, mediante subterfugios como la subfacturación de
exportaciones o la sobrefacturación de importaciones, estas empresas
terminan sin pagar en ninguno de los dos países: o sea, se produce una
doble evasión, y estas rentas se desvían hacia los paraísos fiscales.
Cambiar los esquemas de negociación
Una cosa es reconocer el problema pero otro es lo que los países
latinoamericanos puedan hacer para comenzar a solucionarlo. En
entrevista con ALAI, David Spencer, abogado norteamericano especializado
en legislación financiera y asesor de TJN, opina que una mayor
colaboración entre gobiernos de la región podría mejorar su capacidad de
negociación. Considera que UNASUR, por ejemplo, podría intensificar
esfuerzos en este sentido. A la vez, le llama la atención la escasa
colaboración que se da en el seno de grupos como el G77, para abordar
este tema ante las instancias correspondientes de la ONU. Una de las
soluciones que sugiere Spencer es insistir que los centros financieros
provean información a otros países sobre los activos que sus residentes
mantienen en su sistema financiero.
El abogado reconoce, sin embargo, que existe una fuerte resistencia de
las economías avanzadas para abordar el tema con seriedad, pues ellas
"se benefician enormemente de este flujo de capitales hacia sus
instituciones financieras: del City Bank en Nueva York a City Bank
Cayman Islands; o del Morgan Bank a Morgan Panamá, por ejemplo. Estas
instituciones financieras dependen fuertemente de los depósitos de
latinoamericanos ricos, y no quieren detener el flujo de fondos"; hecho
que se traduce en presiones sobre sus gobiernos para que las cosas no
cambien.
La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que
agrupa a las principales economías desarrolladas) en principio ha
expresado preocupación por esta fuga de capitales; pero poco ha hecho
para impedirla. Spencer reconoce que la OCDE estableció una especie de
"lista negra" de 40 países considerados paraísos fiscales, pero puso
como requisito para que un país sea borrado de la lista, que firme al
menos 12 acuerdos de intercambio de información. Lo que hicieron estos
paraísos fiscales fue firmar acuerdos entre ellos, y así casi todos
salieron de la lista, sin que nada haya cambiado.
Spencer señala que una puerta de negociación posible es el hecho que a
EEUU, por ejemplo, también le interesa obtener información tributaria
sobre sus residentes con activos en América Latina. Entonces esto hace
posible establecer acuerdos de intercambio de información fiscal. En
cambio resulta mucho más complejo hacerlo con los paraísos fiscales,
donde no se aplican las mismas reglas. Y de hecho, gran parte de los
fondos regionales sustraídos se encuentran en países como las Islas
Caimán, Bermuda, Bahamas, las Islas Vírgenes Británicas o Panamá.
Para TJN, la búsqueda de soluciones como éstas a la fuga de capitales y
la evasión fiscal debería constar entre las primeras prioridades de las
políticas mundiales de reducción de la pobreza.
- Sally Burch, periodista, es integrante de ALAI.
(1) James S. Henry, The Price of Off-shore Revisited, Tax Justice
Network, Julio 2012.
http://tjn-usa.org/storage/documents/Price_of_Offshore_Revisited_72612.docx
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