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Argentina: A tres años de vigencia
Claros y oscuros de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual
Eduardo Tamayo G.
ALAI AMLATINA, 01/10/2012.- El próximo 10 de octubre se cumplen tres
años la promulgación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual
(LSCA). Se han registrado algunos logros, pero el proceso de aplicación
de la Ley ha avanzado poco, entre otros factores, por la tenaz oposición
del Grupo Clarín, pulpo mediático que se resiste a perder sus privilegios.
"Para mi gusto está muy lenta la cosa, o sea no es fácil. La ley es una
puerta que se abre, pero no cambia la realidad de un día para otro",
dice Néstor Busso, presidente del Consejo Federal de Comunicación
Audiovisual, al hacer un balance de los tres años de vigencia de la LSCA
que fue aprobada el 10 de octubre del 2009 por el Congreso tras una gran
movilización social.
Esta Ley despertó grandes expectativas pues apunta a diversificar las
voces en el escenario democrático y poner fin a los monopolios, pero se
ha encontrado con enormes dificultades para su aplicación en los órdenes
jurídico, político y de gestión.
"Hecha la ley, hecha la trampa", es la frase que aplica el grupo
mediático Clarín, el más grande del país, que interpuso un pedido de
medidas cautelares para suspender el artículo 161 de la Ley que
establece la desmonopolización o adecuación de los grupos mediáticos a
los límites de frecuencias que marca la LSCA.
La Ley de comunicación señala que los grupos mediáticos tendrán un
máximo de 10 licencias abiertas (radios AM, FM y de TV abierta) y 24
licencias de TV de cable. Pero el Grupo Clarín, según datos oficiales,
posee 240 sistemas de cable (60% del mercado, con 3.600.00 abonados), 9
radios AM, 1 radio FM y 4 canales de televisión abierta, además del
diario El Clarín.
"La Ley estuvo suspendida durante casi un año por medidas cautelares
dictadas por jueces relacionados con el poder económico y con la
oposición política", señala Néstor Busso. Para Busso estas medidas
cautelares eran absurdas, porque en la legislación argentina son previas
al proceso judicial, tienen un carácter preventivo, pero los jueces
suspendieron la aplicación de la ley mientras se definiera lo que ellos
cuestionaban: la constitucionalidad de la ley.
¿Qué peso ha tenido el Grupo Clarín como para impedir que una ley que ha
tenido bastante respaldo popular se aplique?, le preguntamos a Néstor. Y
nos responde: "El Grupo Clarín es el poder real más grande que hay en
Argentina, porque no solo representa al poder económico concentrado sino
que el mismo es un grupo que tiene actuación en distintos sectores de la
economía, y se ha convertido en el grupo de presión más importante del
país (….) El Grupo Clarín es el que en los últimos años ha hecho la
agenda política, la agenda pública en el país, y era común en el mundo
de la política en Argentina decir que ningún gobierno aguanta tres tapas
de Clarín, entonces su poder de presión es fenomenal".
La suspensión de la Ley se mantuvo hasta que el 22 de mayo de este año,
la Corte Superior de Justicia, luego de reprender a los jueces que
habían fallado a favor del Grupo Clarín, estableció que la Ley estaba
vigente y puso plazo fijo a la medida cautelar: se cuenta a partir del 7
de diciembre de 2009 y vence el 7 de diciembre de 2012.
Esto quiere decir que a partir del próximo 7 de diciembre "los grupos
tendrán que cumplir la ley porque si no lo hacen (…) estarán violando la
ley, así que el Estado tendrá que actuar", señala Busso.
La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual señala que
si el Grupo Clarín se niega a cumplir la ley y no presenta un plan de
adecuación, el Estado se verá obligado a llamar a concurso público,
garantizado las fuentes de trabajo, "para adjudicar aquellas licencias
que excedan el marco autorizado por la ley a nuevos titulares, quienes,
obviamente, tendrán que cumplir con todos los requisitos legales como
cualquier hijo de vecino". (1)
El Grupo Clarín, por su lado, no se da por enterado y dice que el 7 de
diciembre "no debe suceder jurídica ni fácticamente nada con los medios
del Grupo" y que "si a esa fecha no está resuelto el juicio de fondo,
donde se discute la inconstitucionalidad de los artículos 161 y 45,
puede prolongarse la medida cautelar". (2) La Sociedad Interamericana de
Prensa (SIP), como era de esperarse, salió a defender al pulpo mediático
argentino presentándolo como víctima del gobierno y justificando su
renuencia a cumplir con las disposiciones legales emanadas de los tres
poderes del Estado.
Otra cuestión que impidió la plena aplicación de la Ley de comunicación,
es que la mayoría opositora del Congreso, en el 2010, no aprobó el
presupuesto para el funcionamiento del Consejo Federal de Comunicación
Audiovisual en el 2011, imposibilitando que se organice para aplicar la
Ley. Debido a ello, "se siguió trabajando con el viejo organismo de la
ley anterior, el Comité Federal de Radiodifusión, que cambió de nombre
pero no pudo cambiar su estructura", señala Busso.
El Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, compuesto por 38
miembros, es un organismo de asesoramiento, diseño de políticas públicas
y de control, mientras la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación
Audiovisual es el organismo ejecutivo.
Algunos logros
Pese al boicot de la derecha mediática y política, hay algunos logros de
este proceso de consecución de la Ley. Quizá, "la mayor conquista es
haber instalado en la sociedad el debate sobre la comunicación y los
medios, eso creo que es un cambio cultural importantísimo. Ya es muy
difícil encontrar alguien que diga en Argentina eso es verdad porque lo
vi en la televisión o porque lo leí en un diario, entonces (hay) un
cuestionamiento permanente y un poner en debate de la comunicación como
un derecho, que no es simplemente un negocio", expresa el presidente del
Consejo Federal de Comunicación Audiovisual.
"La aplicación de la ley va a llevar años porque exige y además permite
un cambio cultural. El cambiar la idea de que la comunicación es un de
derecho de todos, y que todos y todas tienen derecho a expresarse y no
que es un negocio comercial de unos pocos, eso es un cambio cultural que
lleva mucho tiempo, y eso hay que ir haciéndolo, primero en los
funcionarios, en el Estado, en los empleados del Estado que tienen que
incorporar a la práctica del Estado esa nueva visión de la Ley, no es un
simple cambio de norma, es un cambio de modelo".
La Ley de comunicación establece tres tipos de prestadores de servicios:
comerciales (gestionados por individuos particulares o empresas);
públicos (que incluye a los estados municipales, provinciales y
nacionales, a las universidades nacionales y pueblos originarios), y
aquellos que no tienen fines de lucro (gestionados por asociaciones
civiles, fundaciones, cooperativas, sindicatos, etc.).
El Consejo Federal de Comunicación Audiovisual ha avanzado en
democratizar el espectro radioeléctrico, concediendo nuevas
autorizaciones de radio y televisión para todas las universidades
nacionales, para todas las provincias (que no las tenían) y para todos
los municipios, que son como 2000. También hizo un llamado para asignar
en forma directa y sin concurso frecuencias a "zonas de amplia
disponibilidad de espectro y de alta vulnerabilidad, o sea pequeñas
ciudades, parajes, comunidades con menor población", según informa
Busso. Hasta la fecha se han registrado 250 presentaciones, luego de
cumplir un trámite bastante sencillo y sin mucha exigencia burocrática.
También se han llamado a concursos diferenciados, como manda la Ley de
comunicación, para la adjudicación de frecuencias de radio y televisión
para el sector comercial y para el sector sin fines de lucro. En estos
días se están haciendo concursos para asignar frecuencias para 687
radios de frecuencia modulada en 10 de las 24 provincias del país.
Igualmente, luego de un primer intento fallido, se ha llamado nuevamente
a un concurso para asignar 220 frecuencias de televisión para los
sectores privado comercial y privado sin fines de lucro.
En el campo de la sustentabilidad y apoyo del Estado a los medios sin
fines de lucro se han hechos algunas cosas puntuales, pero no se ha
avanzado en la "medida en que el Estado debería", señala Néstor Busso.
"A través del Foro Argentino de Radios Comunitarios (FARCO) logramos el
reequipamiento de 45 radios, y ahí el Estado, a través del Ministerio de
Desarrollo Social, puso 500.000 dólares. Estamos en FARCO con 10 centros
de formación profesional con todo el equipamiento para capacitar en
radio en producción informativa, técnico-operadores y audio digital, hay
un buen equipamiento puesto por el Ministerio de Trabajo".
Otro aspecto importante de la aplicación de la Ley es el sistema de
televisión digital abierta. Argentina optó por la norma digital
japonesa-brasilera, con alguna incorporación de tecnología del país. A
raíz de esto, el Estado instaló antenas y transmisores en todo el
territorio nacional, con una inversión muy grande. Actualmente la
televisión abierta digital, cubre el setenta-ochenta por ciento de la
población que se beneficia con este sistema de recepción gratuita.
Aunque no tiene que ver con la Ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual, el gobierno de Cristina Fernández ha impulsad una serie de
políticas que han significado avances en materia de comunicación. Uno de
ellos, es la entrega de computadoras a todos los estudiantes de escuelas
de nivel medio. "Ya se han entregado más de dos millones y medio de
computadoras que los chicos y chicas llevan a su casa, y además esas
computadoras son receptoras de televisión digital, eso cambia la vida de
muchas familias", señala Busso.
Complementariamente, se ha puesto en marcha el programa Argentina
Conectada mediante el cual se han instalado 55.000 kilómetros de fibra
óptica de redes troncales para conexión a Internet, lo que "cambia la
conectividad de Argentina a Internet porque el servicio troncal era
monopólico: de TELECOM en el norte del país y de TELEFONICA en el sur
del país", expresa Busso.
Además, el Estado creó un nuevo prestador de telefonía celular móvil,
reservando el 20 por ciento de las frecuencias de las bandas de
telefonía celular para prestación de servicios directamente a través de
una empresa del Estado, con lo cual entró a competir con las empresas
privadas.
Temas pendientes
Hay cuestiones pendientes en la aplicación de la Ley de Medios: se
calcula que hay unas 6000 radios funcionando en el país, pero la mayoría
está todavía sin licencia, sin embargo el programa de normalización está
funcionando. Aún falta crear el Fondo de Apoyo a Medios Comunitarios
Indígenas en zonas de frontera que deberá estar financiado por el 10 por
ciento del gravamen que el Estado cobra a los medios de comunicación. Y
también está pendiente que el 33% de las frecuencias sea ocupado
efectivamente por el sector social. Al respecto Néstor Busso comenta que
esta ocupación no va a ser tan rápida, "no solamente por una cuestión
del Estado sino por una cuestión de que las organizaciones tienen que
preparase para hacerlo, en Argentina puede haber 300- 500 radios
comunitarias, pero después hay que ver cuántas de esas tiene papeles,
personería jurídica, capacidad de gestionar con lo que exige el Estado,
aunque sea poco lo que exige el Estado".
Néstor Busso confiesa estar preocupado porque el proceso avanza
demasiado lento y señala que ha habido una "cierta mora del Estado en
avanzar más rápido". Agrega que, "esta parálisis, provocada por los
procesos jurídicos interpuestos por los grandes grupos, hizo que el
Estado se preocupara más por enfrentar a monopolios y oligopolios que
por promover la nueva comunicación".
Notas
(1) Ver video:
http://www.lmneuquen.com.ar/noticias/2012/9/22/licencias-del-grupo-clarin-se-someteran-a-concurso-publico_163178
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