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El TPP: un proyecto neoliberal a ultranza
Sally Burch
ALAI AMLATINA, 21/09/2012.- El 6 de septiembre de este año inició la 14ª
ronda de negociaciones de la Asociación Transpacífico (TPP por sus
siglas en inglés) que, según el presidente Obama, constituiría el modelo
de acuerdo comercial "de alto nivel" para el nuevo siglo, que pronto
podría aplicarse en todo el mundo. En estas negociaciones han venido
participando nueve países que bordean el océano Pacífico: Estados
Unidos, Perú, Chile, Australia, Nueva Zelandia, Brunei, Malasia,
Singapur y Vietnam. En la última ronda, en julio, se aceptó en principio
el ingreso de los otros dos socios del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte -Canadá y México- con lo cual el TPP podría
convertirse en una especie de TLCAN ampliado y reforzado. Japón también
ha expresado interés por ingresar, pero no ha realizado aún un pedido
formal, debido, entre otras razones, a la oposición que enfrenta
internamente. Toda vez, estos tres países –como otros que se sumen
luego- no podrán incidir en el contenido de las negociaciones.
De lo poco que se conoce al respecto –pues los documentos de negociación
se mantienen bajo estricta reserva- el TPP es un modelo altamente
preocupante, pues va aún más allá de la mayoría de tratados precedentes.
Exigirá la modificación de numerosas leyes internas de los países
signatarios respecto a derechos de propiedad intelectual, inversión y
protección ambiental y otros temas. Permitiría a las empresas
extranjeras enjuiciar a países soberanos si imponen restricciones que
afecten sus intereses. Amenazaría el acceso a medicamentos esenciales en
los países en desarrollo, y haría peligrar el libre acceso a la
información en Internet. Pero sobre todo, el TPP se negocia con una
falta total de transparencia, que hace que la ciudadanía no pueda opinar
sobre decisiones fundamentales que comprometerían a sus respectivos
países y su soberanía durante las próximas décadas.
¿Fomentar el comercio o liberalizar el marco regulatorio?
El TPP inició como un modesto acuerdo comercial entre Singapur, Nueva
Zelandia y Chile. Los países ahora participantes lo ven como una
oportunidad para ampliar sus intercambios comerciales, con costos
reducidos, debido al enredo actual de acuerdos comerciales múltiples que
-según un análisis publicado por la Council on Hemispheric Affairs
–COHA- (1)- incrementan el costo de las transacciones en un promedio de
5%. Con la entrada de EEUU, evidentemente el TPP cambió de carácter y de
dimensión.
En 2011, los nueve países parte del TPP generaron un PIB total de US$
17,8 billones, del cual el 85% corresponde a EEUU, un 5% de cuyos flujos
comerciales es con los demás países del bloque. Si se suman México,
Canadá y Japón, el TPP-12 se convertiría en el bloque comercial más
grande del mundo, con una población de unas 700 millones de personas y
una actividad económica que actualmente suma alrededor de US$ 26,6
billones, informa COHA. Se ha hablado incluso de un acercamiento con
China y Corea del Sur.
No obstante, EEUU ya mantiene tratados de libre comercio (TLCs) con la
mayoría de los países parte del TPP, entonces para este país, no
significaría mucha ganancia en términos comerciales. Más bien, hay
fuertes indicios de que Washington busca aprovechar el tratado para
introducir aspectos que no ha logrado conseguir por otras vías, tanto de
los países contrapartes, como en su propio sistema legislativo.
Es más, en los últimos meses se ha tratado de acelerar las negociaciones
con miras a concluirlas este año, si bien este plazo ya parece poco
factible, debido a la resistencia de algunos países frente a varias de
las condiciones que EEUU justamente está proponiendo.
Proteger las inversiones
Similar al fallido proyecto del ALCA (Área de Libre Comercio de las
Américas), este tratado abarca mucho más que solo aspectos comerciales.
Contiene unos 26 capítulos que incluyen, entre otros: aduanas, servicios
transfronterizos, telecomunicaciones, compras públicas, políticas de
competencia, cooperación y desarrollo de capacidades, inversiones,
servicios financieros, regulaciones ambientales y derechos de propiedad
intelectual.
No obstante el sigilo que recubre los textos en negociación, dos
capítulos han sido filtrados a la luz pública, que permiten apreciar el
tenor de los contenidos. Se trata de los capítulos de inversiones y de
propiedad intelectual.
En junio de 2012 se filtró el capítulo de inversiones (2), uno de los
más controvertidos. En el documento se hace una definición muy amplia de
la inversión, y se propone cláusulas de protección que cubrirían no solo
las inversiones extranjeras existentes, sino también acciones y
derivados, asociaciones público-privadas, minería, licencias y permisos
de manufactura, e incluso las ganancias futuras estimadas. Prevé nuevas
salvaguardas para inversores que podrían limitar severamente la
capacidad de regulación de los Estados parte.
Adicionalmente, el capítulo de inversiones prevé el recurso a un
tribunal internacional de arbitración –como el CIADI u otro- para
resolver litigios entre inversores privados y Estados nacionales.
Implica expandir la experiencia del TLCAN y otros tratados similares,
que permiten a las empresas cuestionar leyes nacionales -incluso las que
protegen el interés público- y exigir una compensación si consideran que
afectan sus intereses.
Hasta ahora, como resultado de juicios de este tipo bajo los parámetros
de TLCs existentes, los países en desarrollo han tenido que desembolsar
más de $350 millones de dólares en compensación a corporaciones
privadas. En otros 17 reclamos pendientes, por un valor total de más de
US$ 12 mil millones, todos tienen relación con políticas de medio
ambiente, salud pública o transportación, y no con asuntos de comercio
internacional (3). Solo Australia, hasta ahora, ha puesto una cláusula
de excepción al acápite sobre arbitraje, que le eximiría de someterse a
estos tribunales.
Otro tema polémico son las propuestas que limitarían la capacidad de los
países de adoptar medidas precautelarías contra la especulación
financiera. Chile, en particular, rechaza tales propuestas.
Propiedad intelectual
El capítulo de propiedad intelectual (4) se filtró en febrero de 2011, y
desde entonces desató fuertes cuestionamientos. Según el análisis
publicado por COHA, de todo el TPP, este capítulo parece ser el que
"incorpora los cambios más sustantivos al derecho internacional". Los
derechos de autor propuestos son desmedidos, superando incluso lo ya
existente en EEUU: se extiende el periodo de protección a un mínimo de
70 años luego de la muerte del autor, o a no menos de 95 años desde la
primera publicación autorizada. En la ley estadounidense, los 70 años es
el tope, mientras que el acuerdo TRIPS de la OMC fija ambos plazos en 50
años.
Es más, el documento retoma contenidos que podrían limitar el libre
acceso a información en Internet, como se lo intentó con SOPA –el Stop
Online Piracy Act o ley contra la piratería en línea- que no pasó en el
Congreso estadounidense debido a la fuerte oposición ciudadana. Si
cláusulas similares se insertan en el marco de un tratado internacional
como el TPP, podría permitir circunvalar el proceso legislativo nacional.
Otro aspecto cuestionado de este capítulo del TPP se refiere a la
facilitación y expansión de estándares de patentabilidad. Por ejemplo,
permitiría patentar pequeñas modificaciones a una invención existente,
un subterfugio que las empresas farmacéuticas utilizan para poder
renovar indefinidamente las patentes de los medicamentos y demorar la
introducción de versiones genéricas. El documento especifica también que
se podrá patentar plantas y animales –algo que muchos países prohíben-,
como también métodos de diagnóstico, terapia y cirugía para el
tratamiento de seres humanos o animales.
Una mayoría de los países parte se resisten también a extender los
monopolios farmacéuticos, como lo propone EEUU. Además, Australia y
Nueva Zelandia no aceptan medidas que permitirían a tales empresas
objetar su práctica de fijar los precios de medicamentos para su sistema
de salud pública.
Un atentado al proceso democrático
El comercio entre Latinoamérica y Asia ha aumentado considerablemente en
las últimas dos décadas y hay interés por fomentarlo. No obstante, para
los tres países latinoamericanos participantes –Perú, Chile y México-,
que ya mantienen TLCs con EEUU., las pretendidas ventajas de estar en el
TPP, dado su fuerte énfasis en el eje Asia-EEUU, son poco evidentes y
representan riesgos grandes. De hecho, Chile, antes considerado un
signatario seguro, ha puesto en duda su firma si no se flexibilizan las
provisiones en propiedad intelectual. Toda vez, llama la atención que,
en estos países, hasta ahora el TPP no ha sido objeto de mayores
manifestaciones de rechazo por parte de los actores sociales que se
movilizaron contra los anteriores TLCs, hecho que sin duda va de la mano
con el casi total desconocimiento público del proceso de negociación en
curso.
De hecho, en 2010, los países participantes habrían acordado no divulgar
los textos de negociación, sino solo cuatro años después de cerrar las
negociaciones, sea o no que éstas culminen en un acuerdo (5). Únicamente
los propios negociadores –y según parece un grupo selecto de socios
corporativos- tienen acceso a los documentos. Ni siquiera los comités
parlamentarios concernidos pueden conocerlos. Las entidades ciudadanas o
empresariales pueden someter propuestas -y de hecho varias lo han hecho-
pero no están en capacidad de reaccionar frente a lo que realmente se
está negociando.
Siendo un texto que comprometería la soberanía y cambiaría las
legislaciones nacionales, ello constituye un verdadero atentado al
proceso democrático. EEUU apuesta a que este tratado podría ser el
último que tenga que negociar, pues a futuro otros países simplemente
tendrían que sumarse a lo ya negociado. Siendo así, resulta aún más
aberrante la falta de transparencia en el proceso de negociación. Y sin
embargo, ese es el tratado "modelo" que nos propone Obama…
Con estas inquietudes, la red estadounidense Just Foreign Policy ha
lanzado una campaña de financiamiento (bajo la modalidad de
"crowdsourcing"), para recompensar a Wikileaks en el caso de que logre
filtrar al público todo el documento de negociación del TPP. Su
publicación, según la organización, "demostraría que Wikileaks sigue
siendo relevante a la demanda ciudadana de transparencia gubernamental…
y que la campaña de Wikileaks a favor de la transparencia gubernamental
no concierne únicamente a asuntos relacionados con la guerra, sino que
se extiende a todas las áreas donde la acción secreta de los gobiernos
amenaza el interés público".
Sally Burch, periodista, es integrante de ALAI.
Notas:
(1) Stadius, Eric y Briggs, Elizabeth. The Trans-Pacific Partnership:
Free Trade at What Costs? COHA, Washington
http://www.alainet.org/active/57406
(2) TPP investment chapter:
http://www.citizenstrade.org/ctc/wp-content/uploads/2012/06/tppinvestment.pdf,
versión junio 2012
(3) Earth Justice et al. Key Elements of Damaging U.S. Trade Agreement
Investment Rules that Must Not Be Replicated in TPP,
http://www.citizen.org/documents/tpp-investment-fixes.pdf, febrero 2012
(4) TPP Intellectual Property Chapter: http://keepthewebopen.com/tpp,
version febrero 2011.
(5) Wallach, Lori. NAFTA on Steroids. Public Citizen, Washington.
http://www.alainet.org/active/56280
* Este texto es parte de la revista América Latina en Movimiento No.478,
sobre el tema en "La ruleta de los TLCs"
(http://alainet.org/publica/478.phtml)
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