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¿Al fin una luz de esperanza para los refugiados colombianos?
Luis Fernando Gómez
ALAI AMLATINA, 06/09/2012.- La esperanza que clarísimamente se comienza
a respirar al interior de Colombia, tras décadas de confrontación
abierta entre todos los bandos armados, definitivamente está llegando a
las personas víctimas del conflicto que día a día, durante los últimos
15 años vienen añorando su tierra y su gente.
Una mujer colombiana refugiada en Venezuela, al preguntársele qué
significaba para ella en su situación la palabra "patria", contuvo la
respiración, cerró sus párpados para detener las lágrimas y prefirió
callar. Seguramente bajo este nuevo clima que se abre en Colombia, ella
y muchos otros colombianos expulsados de sus territorios se comenzarán a
preguntar si existe esa patria en la cual nacieron y la que les negó la
protección de sus derechos.
¿Podrán retornar esas miles de familias que, por proteger sus vidas,
huyeron dejándolo todo abandonado?
Queremos desde aquí preguntarnos por las implicaciones del inicio de un
proceso de negociación formal entre el Gobierno de Colombia y las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en relación con el
panorama que se abre para los casi 460 mil colombianos que se encuentran
en situación de necesidad de protección internacional en los países
vecinos de la región, bien como refugiados, solicitantes o en un limbo
jurídico.
Un proceso ya anunciado desde su toma de posesión como presidente
Casi desde el comienzo del gobierno del presidente Santos se comenzó un
proceso de reconstrucción de las relaciones diplomáticas con los países
vecinos, en particular Venezuela y Ecuador, con los que por lo menos
desde el año 2007 se habían resquebrajado, gracias a una política
internacional de micrófono y agresión implementada por el gobierno de
Colombia durante los años 2002 al 2010.
Primero fueron las relaciones comerciales: comenzar a saldar deudas que
desde Venezuela se tenían con los exportadores colombianos; luego, la
discusión de temas relacionados con políticas fronterizas de
integración, de cooperación militar y en otros aspectos. Finalmente, el
tema de los flujos migratorios comenzó a ser tenido en cuenta en estos
espacios de diálogo bilateral de los Estados. Inicialmente con acuerdos
como retirar por parte del gobierno Ecuatoriano la exigencia para los
colombianos que viajaran a ese país de contar con el pasado judicial
refrendado por la entidad que para ese momento se llamaba Departamento
de Seguridad en Colombia. Luego, el retiro del requisito de visa para
que los colombianos puedan visitar la República de Venezuela.
En esta misma línea el gobierno colombiano se comprometió en aportar una
muy discreta suma de 500 mil dólares para la atención de las personas
refugiadas en el Ecuador. Por primera vez, el gobierno colombiano
reconoció el drama de las víctimas del conflicto armado que se
encuentran en el extranjero y el esfuerzo, poco o mucho, que los países
vecinos han hecho por atender a esta población.
La presentación, al comienzo del gobierno Santos, al Congreso de
Colombia de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, representó una
señal en la dirección de iniciar definitivamente un proceso de
construcción de la Paz desde la perspectiva de la reparación y la
reconciliación. La implementación de dicha Ley lleva ya un año dentro de
Colombia, y más o menos a finales del año 2011 se abrió una discusión en
el marco de este proceso, sobre la situación de las víctimas que se
encuentran viviendo fuera de Colombia, bien como refugiadas reconocidas
por otros estados, personas con necesidad de protección internacional o
muchas otras que prefirieron hacerse invisibles en los lugares de llegada.
Hemos comprobado cómo en este tema se ha partido prácticamente de cero
desde el gobierno nacional. Sin embargo debe decirse que durante el
primer semestre del año 2012 se han dado avances en un intento de las
entidades encargadas del registro de las víctimas y de quienes deben
adelantar el proceso de reparación, incluyendo la devolución de las
tierras usurpadas, por aclarar el panorama, consultado con organismos y
organizaciones que han trabajado con las víctimas fuera y dentro de
Colombia.
Una meta personal del presidente Santos
Su abuelo fue presidente de Colombia, su familia ha participado de la
vida pública del último siglo en el país, como lo hacen los príncipes en
Europa en su juventud hizo parte de la fuerza naval. Él se formó en las
mejores universidades del mundo, participó de la mayoría de los
gobiernos colombianos en el tiempo reciente bien como ministro de
hacienda, de gobierno o, al final del gobierno Uribe, siendo el ministro
estrella de la cartera de defensa.
Al parecer desde siempre se preparó para gobernar al país, y como si
hubiese sentido que fuera su destino, ser el presidente que lograra
terminar con el Conflicto Armado y traer la paz en Colombia. Caminar
hacia esa aparente meta personal,ha significado moverse hábilmente entre
los partidos políticos, aliarse con disímiles líderes del país, ejecutar
libretos cual actor de teatro como cuando siendo ministro de defensa
atacaba al presidente venezolano Hugo Chávez y días después de ser
elegido primer mandatario de los colombianos lo nombró públicamente como
su nuevo mejor amigo. En definitiva ha demostrado ser un político
contemporáneo en todos los sentidos que esto pueda significar hoy en día.
Independiente de cualquier consideración sobre el tipo de sociedad que
desde su concepción política impulsa, su empecinamiento por conseguir
con éxito un acuerdo para finalizar la confrontación armada en Colombia,
parece llenar de esperanza a los más contrastantes sectores sociales del
país, la región y el continente.
Una guerra que se alimenta a sí misma por factores internos y externos
Esta última guerra colombiana que se ha prolongado por más de 50 años,
además de haber generado la mayor cantidad de desplazamiento forzado
interno en el mundo, se ha convertido en un ciclo de no acabar puesto
que se alimenta a sí misma por factores internos como los intereses en
la tierra, los caudillismos regionales y el ímpetu guerrerista de
algunos sectores extremos tanto a la derecha como a la izquierda.
Se nutre también de factores externos importantes tales como: el negocio
del narcotráfico, las tensiones políticas continentales entre los
Estados Unidos y otras potencias emergentes, y definitivamente las
nuevas perspectivas del comercio internacional donde el control de los
territorios dentro de Colombia y sobre todo en las regiones fronterizas
determinarán ventajas para ciertos sectores legales e ilegales.
Más que la paz, como ideal, lo que anima en este momento es la
terminación de la confrontación armada. Esto permitiría avanzar en
discusiones amplias dentro del país sobre los factores estructurales de
la violencia y la necesidad de la inclusión de distintas posiciones de
cara al país, sin ser criminalizadas como hasta ahora ha sucedido.
Mientras la guerra continúe, muchísimos temas de la vida nacional
seguirán siendo decididos sin mayor consulta en la lógica de un Estado
de Excepción. Cabe la pregunta que se nos abre hacia el futuro: ¿qué
tipo de país se fue construyendo mientras andábamos en el espejismo de
la guerra frontal contra el terrorismo?
¿Existen condiciones en Colombia para que las familias y personas
refugiadas regresen?
La gran pregunta que se ha puesto sobre la mesa, al pensar en el retorno
de las y los colombianos que tuvieron que huir de la guerra en sus
territorios y que fueron acogidos por otros países, es si existen las
condiciones dentro de Colombia para que estas familias y personas
regresen a sus lugares de origen. Los retornos tienen que, además de ser
voluntarios y con suficiente información, contar con garantías de
seguridad para que no se repitan las violaciones de los derechos de las
personas, razón por la cual dejaron su país.
Es cierto, e innegable, que no se encuentra Colombia en un escenario del
postconflicto, persisten los riesgos sobre la vida y tranquilidad de las
personas. Los grupos armados heredados del paramilitarismo mantienen
control sobre vastas zonas del territorio, aun en medio de la
negociación de la paz persistirán los enfrentamientos armados. Más aun,
cuando el ELN no ha iniciado formalmente un proceso de acuerdos con el
gobierno nacional, por decirlo de una manera amplia: la violencia
generalizada, razón fundada que reconoce la Declaración de Cartagena
como motivación para solicitar protección de otro Estado, persiste en el
presente.
El inicio de las conversaciones de paz plantea muchas interrogantes; el
tema del retorno de las familias y personas refugiadas colombianas debe
ser parte del debate.
Bogotá (Colombia), 6 de septiembre de 2012
- Luis Fernando Gómez, Servicio Jesuita a Refugiados para Latinoamérica
y el Caribe (SJR LAC)
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