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Colombia: Indígenas por la paz
Diego Jaramillo Salgado
ALAI AMLATINA, 16/07/2012.- Un programa de una cadena nacional de radio
de Colombia calificó de exótica la movilización de los indígenas del
norte del Cauca. No son pocos los que argumentan que dicha acción no
hace más que ayudarle a la propia guerrilla. Algunos llegan incluso a
calificarla como un acto circense. Miembros del gobierno nacional dejan
escapar valoraciones que se ubican en algunas de las anteriores
afirmaciones. Todas ellas situadas en la superficie de un conflicto que
solo se analiza por los efectos inmediatos que invaden los titulares de
los medios de comunicación. Más no por la identificación de lo que
acontece en el devenir histórico de dichas comunidades.
Atrás quedan acciones que otrora fueran reconocidas por su capacidad de
organización y de movilización. El rescate de un misionero suizo en
2003, en Caldono, que había sido secuestrado por la guerrilla. La
caminata de cientos de indígenas hacia las montañas del Caquetá para
presionar la liberación del alcalde de Toribio, Arquímedes Vitonás,
retenido por las FARC en 2004. La audacia de un alcalde indígena de
Silvia quien después de una larga jornada nocturna con sus guerrilleros
captores, logra hablarles en su lengua a niños que los rodearon
pidiéndoles que avisaran a la comunidad de que estaba secuestrado.
Acción que al instante motivo el levantamiento de los indígenas de la
vereda en que se encontraba y la obligación de su liberación por parte
de la guerrilla. En fin, son innumerables los hechos en esta dirección.
El CRIC fue fundado en febrero de 1971 y a la defensa de los principios
de unidad, tierra y cultura fue necesario agregarle la protección de sus
vidas tras las acciones de pájaros, matones a sueldo, y no pocas veces
por miembros de la policía o el ejército. En la medida en que las FARC
fueron ocupando su territorio reclamaban para sí su control.
Desconociendo las autoridades propias de las comunidades indígenas.
Desde inicios de la década del ochenta efectuaron asesinatos de algunos
de sus activistas. La formación del grupo armado Quintín Lame, que operó
durante la década del ochenta, hasta su desmovilización, por medio de
acuerdos de paz, en la Constituyente de 1991, fue más un movimiento
armado de autodefensa que una organización como los otros grupos de
orientación Marxista que le fueron coetáneos. La larga lista de
dirigentes y activistas que han sido asesinados en ese corto periodo de
41 años de la organización justifica con creces su permanente
preocupación por la paz en sus territorios. Argumento que sería mucho
más fuerte si lo asociáramos a siglos de resistencia para garantizar que
hoy tengan la organización y la fuerza que han demostrado.
Si bien en sus congresos y asambleas identifican problemas básicos como
los de tierras, educación, el impacto que les ocasionará el TLC los
efectos de los megaproyectos y la minería; el del conflicto armado ha
devenido en uno de los que más dificultades ha traído para la
realización de sus planes de vida en sus territorios. Por una
circunstancia inscrita en la lógica de la guerra; pero también por la
confrontación de dos formas de ver el mundo, la vida y la transformación
social.
Históricamente, las FARC surgieron en el Nororiente del departamento del
Cauca. Lo cual conlleva que muchos de sus militantes hayan nacido en
esta región y conozcan como la palma de la mano sus ríos y montañas,
caminos y senderos. Sumémosle a esto que el desencadenamiento de la
guerra ubica este territorio como uno de los mas estratégicos para
acceder a la zona agroindustrial del Valle del Cauca y transitar por los
caminos que facilitan el control del Pacífico. A la vez, posibilita el
paso hacia la Amazonia y los Llanos Orientales. Por eso, varios
analistas ven como inevitable que cualquier solución del conflicto, sea
militar o negociada, tenga en estos territorios sus últimos escenarios.
Lo que queda de proyecto político de las FARC sigue inscrito en un
esquema no muy bien definido de una sociedad socialista. Durante más de
dos largas décadas su estrategia militarista ha conducido a desconocer
dinámicas propias de movimientos y organizaciones sociales que, desde su
propia historia y condiciones de vida, también se sitúan en el horizonte
de la transformación social. Más no dentro de las jerarquías que impone
una estructura militar ni tampoco vertiendo sobre sus prácticas
organizativas las tácticas Leninistas y Estalinistas que aun operan en
la estructura de esta guerrilla. Estas dos direcciones entran en
confrontación en los territorios. No de una manera ideológica o
discursiva sino de forma práctica. Pues a la ancestral autoridad y forma
de gobierno ejercida a través de largos años de resistencia, y respaldad
por la constitución actual, se le opone la autoridad de una insurgencia
armada que las desconoce. Y no de cualquier manera, pues no son pocas
las denuncias de las organizaciones indígenas de asesinatos de sus
miembros cometidos por la guerrilla. Hasta la declaratoria, incluso, de
objetivos militares, por parte de uno de sus frentes.
Esto, precisamente, condujo a la organización indígena a dirigirse al
nuevo comandante de esa guerrilla, Timoleón Jiménez, para plantearle si
esa amenaza era solo de un frente y si era respaldado por el
secretariado. En ella le exigen una consecuencia sobre sus expresas
intenciones de lograr la paz. Sobre todo, porque consideran que avanzar
hacia ella no será ahora posible si se produce entre su cúpula y el
gobierno, con la ausencia de las comunidades que padecen los efectos de
la guerra. La respuesta ha sido una mayor ampliación de la embestida
militar en sus territorios, la pérdida de vidas de muchos de sus
miembros, el desarraigo temporal de su relación con la madre tierra por
los desplazamientos que han debido realizar.
De igual manera, parten de la afirmación de que la guerra se produce con
la contraparte de la guerrilla; en este caso el gobierno nacional, a
través del ejército, la policía y sus organismos de seguridad.
Establecen que su presencia en sus territorios no ha garantizado la paz
y la tranquilidad para realizar sus planes de vida; más bien,
contribuyen a agudizar el conflicto en sus territorios. No es que
desconozcan la unidad de la nación y el monopolio de la fuerza por parte
del Estado. Es la aceptación de que la forma particular en que opera el
conflicto en sus poblaciones no ha conducido a la recuperación de las
condiciones que les permitan avanzar hacia el buen vivir. De allí que
los identifican también como actores de la guerra. Una política
gubernamental como el Plan de consolidación, en tanto es operado por los
organismos militares que toman control de las zonas, no cumple el
propósito para el que fue diseñado si no son los gobiernos municipales y
las organizaciones de sus comunidades las que lo implementan. En
regiones como la del Cauca no hace más que exponer a la población a la
reacción cruenta de la guerrilla, como está sucediendo. Por lo cual,
esas son las razones para que se sostengan en que tanto guerrillas, como
policía y ejército, deben salir de sus territorios. Eje central de la
discusión. Pues desde el gobierno nacional se asume que es un mandato
constitucional mantener el monopolio legitimo de la fuerza. Desde las
organizaciones guerrilleras, su levantamiento en armas como movimiento
insurgente lo asumen como una alternativa al estado que quieren
suplantar. A las organizaciones de la sociedad no les queda más que
participar o aliarse a dicho proyecto o someterse a sus decisiones.
¿Qué margen de acción les queda a comunidades como estas que persisten
en este tipo de iniciativas de paz? Si se mira la crudeza del conflicto,
y su degradación, podría concluirse que poca. Si se tiene en cuenta su
tradición de lucha y de resistencia y su capacidad de organización y
movilización, mucha. Asumiendo que con sus propias autoridades y su
guardia indígena pueden ejercer autoridad, justicia y control de los
conflictos que se producen en ellos. Han dado muestras de ello a lo
largo de su vida organizativa y de los cientos de años de resistencia.
Porque es de los pocos espacios que la sociedad colombiana registra en
esta última década como alternativa al autoritarismo y a la barbarie. En
1999 logran un acuerdo con el gobierno nacional de la designación de un
territorio denominado de paz y convivencia; situado en la María
Piendamó. Allí donde Aída Quilcué, consejera, mayor del CRIC en ese
momento, y las comunidades obligaron al presidente Uribe a que los
escuchara en su propio territorio y bajo sus condiciones. En 2004
realizan una movilización, bajo la hermosa denominación "caminando la
palabra" cuyo punto de llegada y de asamblea fue el Coliseo del Pueblo
de Cali. La opinión pública la identificó como la marcha de la dignidad
que ya incluía como una de sus demandas no ser carne de cañón de los
actores de la guerra y la necesidad de optar por una solución política
negociada del conflicto armado. Proceso que se amplió sucesivamente en
marchas hasta Bogotá; ya no solo de indígenas sino con diferentes
organizaciones populares, bajo la denominación de La Minga Social y
Comunitaria. Su resultado fue el congreso de los pueblos y diferentes
iniciativas que se desprenden de sus mandatos. En todas ellas con la
apuesta por la paz como una de sus reivindicaciones centrales.
La destrucción de las trincheras de la policía y del ejército, y la
presión hasta sacar la guerrilla de algunos de sus territorios en varios
municipios del norte del Cauca, no son más que la expresión de
comunidades y pueblo organizados. Nunca la convivencia con la guerrilla.
Nadie puede evitar que haya indígenas en sus filas. Así como en el
ejército y la policía frecuentemente enjuician a muchos de sus miembros
comprometidos con el narcotráfico, la corrupción o tráfico de armas.
Dejarlos a su propia suerte no sería nada diferente de dar la espalda a
espacios de dignidad tan maltrechos y menospreciados en nuestro país.
Ignorar el significado de su voluntad y propuesta de paz menospreciaría
un proyecto que nace desde la raíz misma del pueblo y alienta las
esperanzas de que su multiplicación se produzca y con ello caminos
reales de salir del conflicto armado.
- Diego Jaramillo Salgado es Doctor en Estudios Latinoamericanos, UNAM.
Profesor jubilado Universidad del Cauca. Orientador de proyectos de
investigación de la Universidad Autónoma Indígena Intercultural (UAIIN).
Miembro del Espacio Regional de Paz de Organizaciones sociales del Cauca.
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