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Brasil: Reglamente, Dilma!
Venício A. de Lima
ALAI AMLATINA, 14/06/2012.- Reglamentar es lo mismo que regular, verbo
de origen latino que significa establecer reglas para; establecer orden;
acertar, ajustar. Uno de los roles fundamentales del Estado es
justamente "establecer reglas" –políticas públicas– relativas a los
diferentes sectores de actividad existentes en una sociedad para servir
al interés colectivo.
En las últimas décadas, actores sociales poderosos consiguieron hacer
preponderante, en todo el planeta, la perspectiva política que postula
límites estrictos al papel regulador del Estado. Es el llamado "Estado
mínimo" del ideario neoliberal. Los resultados desastrosos de esa
política se hicieron evidentes, a partir de 2008, con la crisis global
de los mercados financieros. Y sus consecuencias siguen provocando
estragos enormes alrededor del mundo.
Es interesante anotar, sin embargo, que, aún en una época en que dominó
la perspectiva neoliberal, una actividad fue y continúa siendo objeto de
regulación del Estado: las comunicaciones, que comprende a los antiguos
sectores de telecomunicaciones y radiodifusión y el nuevo espacio de las
TICs, las tecnologías de información y comunicación.
No sólo en nuestros vecinos como Argentina, Bolivia, Ecuador, Venezuela
y Uruguay, sino también en Inglaterra se desarrolla un intenso debate
sobre regulación y autorregulación, ejemplos elocuentes por sí mismos.
Son muchas las razones que justifican el imperioso papel regulador del
Estado en las comunicaciones. La más evidente (ciertamente) es la
revolución digital en la cual se encuentra inmerso el sector, que
disolvió las fronteras entre las telecomunicaciones (telefonía,
transmisión de imágenes y datos), la comunicación social (radio,
televisión) y las TICs. Ese tsunami tecnológico provoca enormes
resonancias en el conjunto de la sociedad, desde la transformación
radical de los modelos de negocio hasta la reinvención de la
sociabilidad humana, que ahora se expande viralmente por las redes sociales.
Una razón tal vez menos evidente al sentido común, sin embargo, es la
centralidad cada vez mayor de las comunicaciones en las democracias
contemporáneas. La universalización de la libertad de expresión adquiere
un carácter fundante para la construcción de la ciudadanía activa y
republicana.
En Brasil, incluso actores históricamente opuestos a cualquier cambio en
el status quo del sector de comunicaciones dan señales públicas de
finalmente reconocer que algún tipo de regulación del Estado se hace
inevitable e impostergable.
Para señalar tan sólo los ejemplos más elocuentes: la principal
referencia legal para la radiodifusión, el Código Brasileño de
Telecomunicaciones (Ley nº 4.117/1962), cumple cincuenta años (!) el
próximo mes de agosto. La Ley General de Telecomunicaciones (nº
9.472/1997), a pesar de ser relativamente reciente, entre otras
cuestiones ya nació desfasada al separar telecomunicaciones y
radiodifusión. Y las normas y principios de la Constitución de 1988
–que, por primera vez, introdujo un capítulo específico sobre la
Comunicación Social– en su mayoría no fueron reglamentados, y por lo
tanto no se cumplen. Peor aún, el artículo 224 que instituye el Consejo
de Comunicaciones Social, a pesar de estar reglamentado, viene siendo
incumplido por el Congreso Nacional desde diciembre de 2006.
Pero no se trata sólo de una cuestión legal. Reglamentar las
comunicaciones implica para el Estado cumplir con su rol de garantizar
la universalización de la libertad de expresión, asegurar mayor
diversidad y pluralidad de voces en el debate público y posibilitar la
construcción ciudadana de una opinión pública republicana y democrática.
La realización de la primera Conferencia Nacional de Comunicación en
diciembre de 2009, a pesar de que fue boicoteada por los empresarios de
la comunicación, colocó el tema de la regulación en la agenda pública.
En los últimos meses, a pesar de la omisión deliberada y de la
satanización liberal que la gran media aún hace del tema, es innegable
que existe una creciente movilización de partidos políticos y de la
sociedad civil organizada en torno a la necesidad de la regulación de
las comunicaciones.
Por todo eso, por la consolidación de una democracia republicana, y en
nombre de la mayoría indiscutible del apoyo popular que su mandato ha
recibido: reglamente, Dilma! (Traducción: ALAI)
- Venício A. de Lima es periodista, profesor jubilado de la Universidad
de Brasília y autor de "Política de Comunicaciones: un balance de los
Gobiernos Lula (2003-2010", Editora Publisher Brasil, 2012, entre otros
libros. http://www.teoriaedebate.org.br/colunas/midia/regulamenta-dilma
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