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Ciudadanía pide suspensión al Estado de Sitio decretado en Huehuetenango
Rosalinda Hernández Alarcón
ALAI AMLATINA, 06/05/2012.- Personas guatemaltecas y de otros países
demandaron hoy se anule el Estado de Sitio en el municipio de Barillas,
Huehuetenango, departamento limítrofe con Chiapas, México, decretado
hace cinco días por el presidente de la República, el general retirado
Otto Pérez.
Mientras se presentaba esta exigencia en una conferencia de prensa,
desde un lugar desconocido, doña Aurora denunció vía telefónica que
varias comunidades están siendo cateadas por elementos del ejército y la
policía, "estoy escondida, pasando hambre y muy preocupada".
La presencia del ejército en esa localidad recuerda a sus habitantes la
represión que sufrieron en la década de los ochenta cuando "los
militares mataron a nuestros padres, estamos viviendo mucha tristeza y
terror, principalmente las mujeres con sus hijas e hijos, por favor
acaben con el Estado de Sitio", manifestó doña Aurora, quien se vio
obligada a dejar su casa ante la persecución de las fuerzas de seguridad.
Hasta el momento se encuentran detenidas 12 personas, entre ellas,
Carmelina López Miranda (43 años) y Esperanza Herrera Serrano (74), pero
se desconoce la situación en que se encuentran todos. En especial existe
preocupación por las mujeres, ya que los reportes periodísticos indican
que fueron capturadas al no encontrar en su domicilio a sus respectivos
esposos.
Desde hace tres años, en Barillas existe inconformidad entre las y los
vecinos por la construcción de una hidroeléctrica, ya que ese proyecto
se pretende instalar en un área utilizada tradicionalmente como lugar
recreación y centro ceremonial, y entre las consecuencias de esa obra,
señalan la limitación del uso doméstico y agrícola del agua.
El 13 de abril, 298 -del total de 305- comunidades ratificaron su
rechazo a esa obra. El 2 de mayo, Andrés Francisco Miguel, Pablo Antonio
Pablo y Esteban Bernabé fueron emboscados por presuntos guardias de
seguridad de la empresa constructora Hidro Santa Cruz, el primero de
ellos falleció y los otros dos fueron gravemente heridos.
Esta agresión provocó de inmediato varias protestas, en las que
participaron más de cinco mil personas, pero desencadenaron en hechos
violentos contra varios inmuebles y personal uniformado, justificación
para implantar el Estado de Sitio.
Al explicar que personas están huyendo a la montaña -como ocurrió
durante la guerra- ante el temor de ser capturadas, ahora que se
suprimieron las garantías individuales, Doña Aurora relató con la voz
entrecortada, "nosotros somos gente honrada, exigimos que sean
esclarecidos los hechos violentos, que se acabe con la persecución en
las comunidades".
Con el Estado de Sitio se recupera la gobernabilidad, afirmó el
presidente Pérez, quien en diferentes declaraciones ha asegurado que la
construcción de hidroeléctricas y la industria minera representan "el
desarrollo" para Guatemala, por ello su gobierno les da su total apoyo.
A decir de Daniel Pascual, representante de la organización indígena
Waquij K'ej, la militarización en determinados municipios forma parte de
un plan para dar vía libre a las empresas ya sea mineras o
hidroeléctricas, con ello ignoran los resultados de las consultas
comunitarias que rechazan ese tipo de proyectos.
En una carta abierta al presidente de la República, suscrita por más de
200 personas vinculadas a la investigación social, arte, luchas
feministas, defensa de los derechos humanos y del territorio, indicaron
que los hechos en Barillas en los que se utiliza toda la fuerza pública,
son similares a los ocurridos en Livingston (Izabal) en 2008, en San
Juan Sacatepéquez (Suchitepéquez) en 2009, en Polochic (Alta Verapaz) en
2011 y en Cunén (Quiché) en 2012.
Esta misiva fue calificada como una Alerta Humanitaria, la cual será
entregada a representantes de los tres poderes del Estado, a embajadas y
organismos de cooperación, ya que existe una tendencia por parte de las
entidades gubernamentales y medios de comunicación conservadores de
calificar de "terroristas", "agentes del narcotráfico" u "opositores al
desarrollo" a las personas organizadas que manifiestan su repudio a las
empresas nacionales y transnacionales que destruyen la naturaleza, y al
mismo tiempo, reivindican su derecho a la consulta establecido en el
Artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
- Rosalinda Hernández Alarcón ES Periodista mexicana, residente en
Guatemala. Coeditora de la publicación feminista laCuerda.
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