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El crimen se combate conociendo sus causas
Marco A. Gandásegui, h.
ALAI AMLATINA, 24/05/2012.- ¿Cuáles son las opciones abiertas a los
pueblos latinoamericanos frente a la creciente ola de criminalidad que
azota la región? No descartamos al hacer esta pregunta la creciente
penetración del crimen organizado en nuestras instituciones. ¿Quiénes
son los actores sociales que pueden enfrentar este flagelo con valor y
decisión? Los gobernantes no pueden esconderse detrás de cifras
manipuladas o echarle la culpa a grupos sociales inventados por las
agencias internacionales.
El incremento de la criminalidad y sus consecuencias son el resultado de
un proceso de desindustrialización que afecta a Panamá y a toda la
región latinoamericana. La desindustrializacion ha tenido un impacto que
va mucho más allá de los números y de las cifras económicas. La masa de
trabajadores disciplinada tiende a desaparecer y ser reemplazada por el
trabajador informal o precario. El trabajador informal es el ideal en la
concepción equivocada del empresario que busca un "colaborador" para
cumplir con tareas en el marco del concepto de "just in time" o justo a
tiempo.
Este trabajador no tiene empleo estable y, como consecuencia, tampoco
tiene una disciplina que le permita organizarse como trabajador y
tampoco puede organizarse como hombre o mujer de familia.
No sólo se debilita el sindicato y todo lo que eso implica, también se
desintegra la familia y todos los valores asociados a esa institución.
La desintegración de la familia hace estragos a nivel de la comunidad
donde desaparece la red solidaria de jefes de familia, amas de casa y,
sobre todo, de niños y adolescentes que adquieren sus valores primarios
en ese marco.
Las instituciones comunitarias tienden a desparecer. Las escuelas son
abandonadas por las familias desintegradas y los maestros que quedan
tienden a frustrarse al no encontrar una referencia de apoyo en la
comunidad. La escuela es invadida por elementos extracomunitarios
asociados a la delincuencia, incluso al crimen organizado. Los jóvenes
son reclutados por estas organizaciones con amplias redes. La
corrupción, la "protección" y la trata de personas constituyen los
primeros escalones. Después son introducidos a las tareas de
distribución de drogas ilícitas y al control territorial de los mercados.
La desintegración de los centros de trabajo y de las organizaciones
laborales son los primeros pasos en el camino hacia la formación de
delincuentes. No hay que olvidar que a mediados del siglo XX (en el caso
de Panamá), la desintegración de la comunidad campesina y la
desaparición de ese tipo de organización familiar, fue reconstruida -
tras un trauma - por la familia obrera en las formaciones urbanas.
En la actualidad, sin embargo, la familia obrera no está siendo
reemplazada. Es lo que algunos ideólogos llaman la sociedad post
industrial o pos moderna, sin valores y destinada a reproducirse sin
referentes o valores.
La debacle o recesión económica del sistema capitalista a escala mundial
ha creado un vacío que urge llenar con nuevas propuestas de organización
social que le permitan a los pueblos del mundo reconstruir sus
sociedades libres del crimen. El "boom" económico panameño – pasajero –
debe servir para enfrentar la recesión que se avecina. Sin embargo, los
gobiernos se resisten a planificar para el futuro.
Además, en muchos foros se insiste en levantar falsas expectativas en
torno al problema del crimen organizado, planteando que no son problemas
o que se deben a estructuras dañadas que pueden ser reparadas. En otras
palabras, son problemas que pueden resolverse mediante ajustes parciales
en las políticas sociales. Estos son los famosos programas focalizados
que distribuyen prebendas en el marco de políticas clientelistas
destinados al fracaso.
No se percatan que el crimen organizado es el resultado de políticas que
se aplican en forma coherente al más alto nivel. Constituyen un conjunto
de leyes que hacen inviables las actividades económicas productivas:
industria y agricultura. Que impide que los niños y adolescentes puedan
completar su educación. Son políticas que destruyen sistemáticamente a
las comunidades del país. ¿Por qué la legislación privilegia y promueve
los negocios relacionados con los juegos del azar, la trata de blancas y
el blanqueo de dinero? ¿Por qué se legisla para legalizar y
supuestamente justificar la expropiación de las tierras de campesinos,
indígenas y pescadores?
¿Qué justifica que se crean batallones militares especiales para
reprimir a las comunidades que defienden sus tierras y que son acusadas
de ser aliadas de fuerzas políticas insurrectas?
La seguridad nacional responde a una ecuación sencilla que no puede ser
manipulada. En la base de la sociedad tiene que existir una población
constituida por trabajadores – hombres y mujeres - productivos en cuya
instancia familiar se forma la generación de relevo, que garantiza la
estabilidad de la sociedad a largo plazo. Las políticas al más alto
nivel tienen que resguardar esa constitución básica mediante planes y
una legislación consecuente.
En la actualidad, sólo existen planes para que ciertos sectores de la
sociedad puedan invertir capitales (de dudoso origen) en negocios
rentables. No existen planes para invertir los enormes ingresos del
gobierno en actividades productivas, como la industria y el agro. Esta
contradicción que se presenta en todos los países de la región explica
la profundización cada vez más peligrosa de la criminalización de las
relaciones sociales a todos los niveles de la sociedad.
Panamá, 24 de mayo de 2012.
- Marco A. Gandásegui, hijo, es docente de la Universidad de Panamá e
investigador asociado del Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA)
Justo Arosemena.
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