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Bolivia: Novena marcha
Alejandro Dausá
ALAI AMLATINA, 26/04/2012.- La IX Marcha Indígena ha comenzado.
¿Funcionará como el catalizador del descontento social que se viene
expresando de múltiples modos? Según la Fundación UNIR, en el año 2011
se contabilizaron alrededor de 1300 conflictos en el país.
A riesgo de simplificar, se puede afirmar que prácticamente todos fueron
y son sectoriales y parciales. Sectoriales porque se trata de
reivindicaciones de tipo salarial, tarifario, limítrofe, o relacionadas
a actividades económicas informales, pago de bonos a sectores
vulnerables, etc. Parciales porque son escasísimas las que proponen
cambios estructurales.
De acuerdo a la politóloga cruceña Helena Argirakis, el conflicto
interhegemónico (sectores subalternos vs. grupos tradicionales de poder)
que caracterizó el panorama hasta el año 2009, se trasladó al interior
del campo popular (lucha intrahegemónica). Es lo que el Vicepresidente
ha calificado con cierto candor como "tensiones creativas".
Una administración responsable, prudente pero conservadora en lo
macroeconómico, excelentes precios de productos primarios como soya,
minerales e hidrocarburos, reservas inéditas en la historia del país
(más de 12.000.000 de dólares) atizan en el imaginario de algunos
sectores la idea de que es hora de reclamar la parte que consideran
suya. Ciertas señales públicas del gobierno han operado como
aceleradores de demandas. Aunque se trata de un ejemplo extremo, la
reciente legalización de 120.000 vehículos introducidos vía contrabando
funcionó como guiño cómplice para casi cualquier reclamo.
El ex ministro Alfredo Rada, que suele hacer reflexiones agudas dentro
de la apuesta por profundizar el proceso de cambio, indica que una de
las fallas del gobierno es el cortoplacismo en la resolución de
conflictos, abandonando el análisis estratégico y las grandes pautas
planteadas en la Constitución y el Plan Nacional de Desarrollo del 2006.
Una muestra de lo anterior es la variedad de posiciones y estrategias
gubernamentales contradictorias y erráticas en torno al conflicto por el
Tramo II de la carretera por el TIPNIS.
¿Cuál es el escenario?
A diferencia de la VIII Marcha Indígena, la que se inicia ahora
encabezada por la CIDOB no cuenta con el respaldo de algunas de sus
propias afiliadas. Esa merma se puede explicar, entre otros fenómenos,
por su propia situación de crisis interna, y paralelamente por el
despliegue de una estrategia más avispada del gobierno, que ha venido
estableciendo convenios bilaterales con sectores indígenas de tierras
bajas, condicionando su participación activa en la IX Marcha. Otro
elemento es el desprestigio de dirigentes de la CIDOB, que han firmado
acuerdos con sectores de la derecha del Departamento de Santa Cruz.
Incluso una connotada lideresa, ex ejecutiva de la Confederación
Nacional de Mujeres Indígenas (CNAMIB) aceptó un cargo de sub-alcaldesa
de manos del burgomaestre de la ciudad de Santa Cruz, personaje conocido
por su gestión favorecedora de los grupos de poder, y además por una
administración muy poco transparente.
Paradójicamente, la IX Marcha Indígena amenaza incendiar el ámbito
urbano, donde se agudiza la movilización de diferentes sectores, con
enorme apoyo del empresariado mediático. No parece casual que uno de las
corporaciones más activas sea la de la salud. Luego de un decreto que
obliga al personal sanitario a trabajar ocho horas en establecimientos
públicos, se desató la furia de este poderoso gremio; una verdadera
mafia cuya premisa es la mercantilización de la salud y la producción de
billetes, que entre otros mecanismos recurre a la derivación de
pacientes de hospitales públicos a clínicas o consultas privadas, donde
sí se trabaja ocho horas y más sin inconveniente ni queja alguna. En su
protesta han logrado arrastrar a grupos de estudiantes de medicina como
tropas de choque, cuyas exhibiciones de fuerza incluyeron la quema de
una bandera cubana en la UPEA de El Alto, porque sin dudas simboliza
otro tipo de política y ética médica, aborrecida y sistemáticamente
vilipendiada por la aristocracia de los galenos.
Fracasados los variados intentos para derrocar al gobierno en años
anteriores, todo indica que la derecha apuesta ahora al desgaste desde
varios frentes. Recurrir a la memoria histórica es arribar
necesariamente a los tiempos del gobierno popular de la UPD (1982-85)
cuando las constantes presiones y demandas acabaron echando por la borda
más de veinticinco años de acumulación política, abriendo paso al
neoliberalismo.
El tiempo que el Movimiento al Socialismo (MAS) ha perdido descuidando
el fortalecimiento del instrumento político, obviando planes para la
formación de la conciencia crítica informada, y confundiendo
participación con masividad, pudiera comenzar a pasarle factura.
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