Panamá: El tesoro Ngobe y el río Tabasará
Marco A. Gandásegui, h.
ALAI AMLATINA, 16/02/2012.- El diálogo es una herramienta política que
utilizan los que tienen el poder cuando no pueden imponerse por la
fuerza. El diálogo también es un arma para imponerse al más débil
mediante el engaño. El pueblo panameño conoce muy bien estas tácticas.
En San Lorenzo, cuando la Coordinadora por la Protección de los Recursos
Naturales y los Derechos del Pueblo Ngobe Buglé y Campesino aceptó ir al
diálogo con los representantes del presidente Ricardo Martinelli, muchos
pronosticaron una encerrona que daría al traste con las justas
aspiraciones de los pueblos indígenas.
Un aire de esperanza surgió cuando se escucharon las palabras de la
cacique general, Silvia Carrera, quien en forma muy clara señaló que el
diálogo tendría como base única la prohibición de la explotación de los
recursos hídricos y metálicos (cobre) en la comarca Ngobe-Buglé. Durante
las negociaciones celebradas en la Asamblea de Diputados, la delegación
se mantuvo firme e insistió en que las actividades que destruían el
ambiente –especialmente los cursos de agua– no podían realizarse en la
comarca. El gobierno asumió –como era de esperarse– los intereses de los
empresarios rentistas panameños quienes consideran que el agua y las
riquezas naturales son mercancías que deben venderse al mejor postor.
Igualmente, la Comisión de Comercio de la Asamblea de Diputados insistió
en que el país se hundiría si le prohibían a los inversionistas acceso a
los recursos hídricos.
Tanto gobierno como los diputados –quienes actuaron en mancuerna– no
presentaron información técnica que justificara la entrega de la riqueza
nacional. Los funcionarios que llegaron al Salón Azul de la Asamblea
repitieron cifras ajenas al problema que se discutía. En momento alguno
se refirieron a la demanda actual de energía hidráulica y/o térmica, y
los pronósticos para el futuro. Evitaron introducir al debate problemas
de costos a corto y mediano plazos.
Los representantes indígenas no tuvieron que rechazar los planteamientos
del gobierno o de sus especialistas. La posición de los Ngobe y Buglé
siguió sólida: la construcción y explotación de las represas no
justifica la destrucción de los pueblos Ngobe y Buglé. Los funcionarios
de las entidades gubernamentales no pudieron demostrar lo contrario.
Incluso, la Universidad de Panamá perdió una oportunidad dorada en esa
coyuntura en la que pudo invitar a sus propios investigadores para que
hicieran sus propuestas independientes.
A esta altura del diálogo, los asesores del presidente Martinelli
cambiaron de táctica. Descubrieron que no convencerían a los delegados
Ngobes con más espejitos. Plantearon, por un lado, crear una subcomisión
y dos sub-subcomisiones para dividir a los Ngobe. La movida no dio los
resultados esperados. Por el otro, el presidente Martinelli anunció que
convocaría a un "referéndum" que acabaría con el diálogo y llevaría la
"guerra social" a otro nivel.
El referéndum, según los asesores del primer mandatario, puede
garantizar la victoria de los inversionistas. Otros presidentes en el
pasado reciente han jugado esa carta y perdido. Sin embargo, el gobierno
actual cree tener dos ases en la manga: Por un lado, han aprendido de
las derrotas del pasado y, por el otro, mucha más plata para gastar en
una campaña desgastadora. Según los medios, la cacique Carrera calificó
la propuesta del presidente como "irresponsable"
El ministro de Gobierno, Jorge R. Fábrega, dijo que el referéndum
obedece a que hay otros sectores (empresarios rentistas y trasnacionales
del cobre) preocupados. Pareciera que el gobierno creía que la
negociación con los Ngobes consistiría en ponerle un precio a sus
tierras. El ministro Fábrega también se olvidó la letra de la
Constitución Política que dice, en el artículo 127, que "el Estado
garantiza a las comunidades indígenas la reserva de las tierras
necesarias y la propiedad colectiva de las mismas". Según el abogado
Miguel A. Bernal, "al defender la propiedad colectiva de la tierra, las
poblaciones indígenas no solo están defendiendo un derecho adquirido,
están haciendo respetar la Constitución".
El economista Juan Jované, invitado por la Coordinadora, aseguró en el
Diálogo que las proyecciones de generación y demanda presentadas por la
Secretaría de Energía omitieron pruebas y se utilizó un margen de error
que es inaceptable. Además, nunca dijeron con qué métodos calcularon los
costos ecológicos. Nos preocupa, dijo Jované, que "están tomando
decisiones y alarmando a la población con estudios sin calidad". Agregó
que "si se trata de llenar el país de minería a cielo abierto se
necesita mucha energía".
Pero ¿no es el gobierno el que insiste en que no habrá explotación
minera? La relación entre minería (Cerro Colorado) y energía hídrica
puede explicar la concesión de 17 proyectos en la Comarca y sus
alrededores desde julio de 2009. Todos los permisos que ha dado la
Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP) bajo el mandato de Martinelli
han sido en la provincia de Chiriquí. Sólo en el río Chiriquí Viejo, de
70 kms de longitud, funcionan ocho compañías hidroeléctricas. ¿Se
pretende hacer lo mismo en el rio Tabasará, donde los empresarios Virzi
y Btesh tienen la concesión para la explotación hídrica? Cerro Colorado,
con un potencial minero de 250 mil millones dólares, se levanta
precisamente sobre el río Tabasará que se convertiría en el motor para
explotar sus entrañas de cobre.
- Marco A. Gandásegui, hijo, es docente de la Universidad de Panamá e
investigador asociado del Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA)
Justo Arosemena. http://marcoagandasegui11.blogspot.com
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