La co-irresponsabilidad de los estados de salida y residencia
Descargar la crisis sobre los migrantes
Ricardo Jiménez
ALAI AMLATINA, 18/10/2011.-
El caso de Perú
Italia se convierte en el primer país del mundo en imponer un impuesto
al envío de remesas por parte de los inmigrantes a sus familias y países
de origen. Es parte de su paquete de medidas anti crisis publicado en
agosto pasado y vigente desde septiembre. El impuesto impone un pago de
2% a todos los envíos por parte de personas que no estén acreditadas en
registros de pago fiscal o de pensiones, es decir, castiga a los
irregulares o a quienes por ahorrar no están registrados. Pero no sólo
eso ya que se trata de un impuesto "regresivo", o sea, hecho para
castigar a los más pobres dentro de los ya castigados, poniendo un
mínimo de pago de 3 euros a los envíos cuyo 2% de pago sea menor que los
3 euros, elevando de hecho, en ese caso, el monto del impuesto.
"Descargar la crisis sobre los migrantes", esta parece ser la consigna
neoliberal de los Estados que han renunciado flagrantemente a su
obligación de garantizar derechos a los excluidos. Estados de
residencia, ricos y del norte, como los Estados Unidos y Europa, que
vienen incrementando su deportación, criminalizándolos, encarcelándolos
y violando sus derechos humanos. Las cifras de la última década y todos
los estudios especializados demuestran que con estas medidas no se
disminuye la inmigración, sino que aumenta su segmento irregular y se
incrementan las víctimas de tráfico ilegal y trata de personas. No puede
ser de otro modo cuando no se quiere asumir la causa estructural
fundamental de las llamadas "presiones migratorias", la desigualdad,
concentración y exclusión económica, social, cultural y ambiental.
De hecho, no se trata realmente de no querer inmigrantes, porque son
imprescindibles, razones demográficas así lo imponen, ya que vienen a
realizar masivamente trabajos de servicios y productivos que precisan
trabajadores jóvenes y no calificados, en países que por el contrario
cuentan con poblaciones envejecidas y altamente calificadas que ya no
quieren realizar esos trabajos. Pero, sobre todo, se trata de una razón
económica, son "más baratos" que trabajadores equivalentes de la propia
población, y lo son, justamente porque tienen menos derechos o
simplemente no tienen derechos. Así, razones de "competitividad" y
"rentabilidad" mantienen la esquizofrenia perversa de un discurso anti
inmigrante, pero con una práctica que de hecho necesita y cuenta con
ellos, sólo que "abaratados", sin derechos, des-ciudadanizados.
De un golpe, se borra con el codo de la real voluntad política las
declaraciones hechas con la mano de los discursos de buena crianza, por
los cuales Italia se había comprometido públicamente a "proteger y
fomentar las remesas", proponiendo incluso al G-8, en el 2009, el
objetivo "5X5", para reducir en 5 años un 5% del costo de los envíos,
uno de esos programas de "moda" que cuentan con el apoyo del Banco
Mundial y deslumbran en boca de agencias de cooperación y entidades
internacionales, y que ya vemos donde ha llegado.
¿Y el Perú?
Pero los Estados de salida también juegan su parte. Muchos de ellos han
hecho de la "exportación de mano de obra barata" un indicador
imprescindible, aunque metódicamente silenciado, de sus desempeños
económicos "exitosos". Renunciando a su obligación de garantizar
derechos y asumiendo una visión mercantilista de estos no ciudadanos o
menos ciudadanos. El Perú, por ejemplo.
Precisamente, según cifras oficiales de Italia, Perú está en el séptimo
lugar en la lista de los 15 que más montos de remesas reciben desde ese
país, con 191 millones de euros anuales. El año pasado los emigrados
peruanos enviaron a su país más de 2.500 millones de dólares, elevando
la calidad de vida de más de 700 mil hogares y casi 3 millones de
familiares que viven en Perú, al tiempo que aportaban no menos de 300
millones de dólares directamente al fisco por pago de IGV. Sus remesas
equivalen a la mitad de la Inversión extranjera directa, y a su
totalidad, si se le descuentan utilidades. Colombia cuenta con un
impuesto de 0.4% para la recepción de remesas y el Perú incluye a las
remesas en el pago del ITF que supera al de Colombia con un 0.7%. Pero
no sólo eso, los emigrados son también la mitad de los turistas que
recibe el Perú y pagan con las tarifas de trámites el 56% de los sueldos
y gastos de los servicios consulares que deben usar, absolutamente
insuficientes, como lo ha reconocido el propio Ministerio de Relaciones
Exteriores y todas las entidades especializadas públicas y civiles. Y
todo eso sin contar con el aporte que representa el hecho de al menos 1
millón de empleos y 2 millones de usuarios de servicios sociales a los
que el Estado peruano simplemente les negó la garantía de esos derechos
y debieron buscárselos por sí mismos en otros países.
Sin embargo, todavía encima de todo, hay a quienes todo esto les parece
poco. Y además les quieren hacer cargar con la responsabilidad por el
"desarrollo" de sus localidades de origen. Desconociendo o restando
relevancia a sus aportes, hechos con sacrificios enormes de sus derechos
humanos, y a los indicadores antes mencionados, se habla de que sus
remesas "no serían productivas" y que son "co-responsables" del empleo y
el desarrollo que el Estado ha sido incapaz de garantizar en sus
localidades de origen. Es la renuncia explícita y flagrante a la
obligación del Estado a garantizar derechos.
Sobre este enfoque ideológico, en los últimos 10 años, la política del
Estado peruano hacia sus emigrados ha tenido como pilar una visión
mercantilista en que se concibe a sí mismo como "mediador" entre el
emigrado y los negocios privados que, mediante la obtención de ganancia,
transforman al emigrado en "cliente" que mediante pago puede acceder a
productos como "seguros de remesas", "créditos productivos", "cursos de
capacitación", etc. En Perú existe un "exitoso" programa en que
entidades de micro finanzas prestan créditos a los que reciben remesas
con dineros que a una tasa preferencial les presta el Banco de la
Nación, para que a su vez estas entidades presten a los receptores de
remesas, sin embargo, no existen estudios ni informes de los sobre
costos que implica que el Banco de la Nación, en vez de prestar ese
dinero directamente a los receptores de remesas, financie a tasas
preferenciales las prestaciones de créditos, a través de entidades
privadas intermediarias que obtienen una utilidad adicional que encarece
todo el proceso.
Para el emigrado que no puede pagar, prácticamente nada, un "Fondo de
Ayuda Humanitaria" con 80 centavos de sol (menos de 1 sol) al año para
cada emigrado. Una Ley de incentivos migratorios para el retorno que
sólo se otorga a quienes han sido "exitosos" y pueden a su regreso
montar negocios o ganar salarios altos aportando al Estado. En tres
años, 2007 a 2009, ha beneficiado a 385 retornados de 76.501. En fin,
baste dejar que este paradigma ideológico hable por la boca de un ex
congresista y actual parlamentario andino, con expresiones que ahorran
todo comentario: "Es importante motivar el retorno del migrante, sea
momentáneo o permanente, pues en ambos casos genera ingresos para el
país…" (Tapia, Hildebrando, 2011, p. 63).
Los Estados de Alabama y Arizona en Estados Unidos criminalizan la
irregularidad y aumentan las deportaciones de peruanos, acelerando la
tendencia sostenida al incremento de las mismas en los últimos 10 años,
afectando a 12.000 peruanos en la última década. Y hay quienes piensan
que el Estado peruano, como respuesta, debe proponerles una réplica del
programa de "co-desarrollo" "3x1" mexicano, para que ellos, los que
están sufriendo criminalización, persecución, encarcelamiento y
deportación, asuman la obligación de poner un dólar por cada 3 dólares
que ponga el Estado peruano en proyectos para llevar desarrollo a sus
localidades de origen. Mientras la realidad de los sistemas migratorios
muestran la necesidad de co-responsabilidad de todos los actores
involucrados para encontrar soluciones sustentables y con derechos a la
crisis migratoria, los Estados de salida y residencia nos siguen
mostrando una feroz "co-irresponsabilidad", una persistente visión
mercantilista y una dolorosa negación de los derechos humanos y
ciudadanos de los migrantes, convertidos mágicamente, por el poder
simbólico de la palabra tecnocrática, de excluidos del desarrollo y sus
derechos, en "culpables" y "co-responsables" de los mismos. Es el
"crimen perfecto" neoliberal contra los migrantes.
¿Será que la hegemonía ideológica neoliberal ha sido tan profunda que
simplemente ya no tiene cabida un enfoque de derechos en la política
pública migratoria peruana? ¿O todavía no es demasiado tarde para que el
Estado peruano asuma sus obligaciones, los incluya como ciudadanos, y
garantice sus legítimos e irrenunciables derechos?
- Ricardo Jiménez, sociólogo por la Universidad de Chile, consultor de
redes internacionales especializadas en migraciones y de organizaciones
de migrantes.
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