El 11 de septiembre en la memoria del pueblo estadounidense
A una década de distancia del derrumbe de las Torres Gemelas
Alejandro Torres Rivera
ALAI AMLATINA, 07/09/2011.- El 11 de septiembre de 2011 marca, en
nuestra historia hemisférica, el recuerdo de dos grandes sucesos. El
primero de ellos ocurrió en el año 1973. Bajo el manto encubierto de la
Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos y en confabulación con
las fuerzas armadas de Chile y los sectores empresariales empeñados en
implantar el modelo neoliberal impulsado por la llamada "Escuela de
Chicago bajo la inspiración de Milton Friedman", un Golpe de Estado
derrocó al gobierno constitucional de Salvador Allende. La secuela del
Golpe dejó miles de chilenos asesinados, torturados, desaparecidos y
exiliados, mientras el gobierno militar se encargó de desmontar el
conjunto de reformas económicas y políticas impulsadas por el Gobierno
de la Unidad Popular.
El segundo de ellos ocurrió hace exactamente una década cuando, conforme
a la información oficial divulgada por las autoridades estadounidenses,
aviones comerciales repletos de combustible y convertidos por sus
secuestradores en misiles letales, impactaron las llamadas Torres
Gemelas en la ciudad de Nueva York y el edificio del Pentágono en
Washington; mientras en un tercer incidente, ocurrido sobre el espacio
aéreo de Pensilvania, otro avión se precipitaba a tierra muriendo todos
sus ocupantes.
Bajo el primer suceso, se instaura en Chile un régimen de terror,
encabezado por una dictadura militar, que se prolongaría por más de una
década con efectos desastrosos al interior del país. Los sucesos
acaecidos en Estados Unidos, por su parte, llevaron a desatar lo que ha
venido a llamarse por sus gobernantes como la "Guerra contra el
Terrorismo", guerra que ha vendría a librase, según indicara el
Presidente George W. Bush, en todos los frentes de batalla: militar,
inteligencia, acciones de cumplimiento de ley y el frente diplomático.
Cuando aún no se conocía la identidad de las personas responsables por
los sucesos del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, al día
siguiente, la Organización de las Naciones Unidas aprobó la Resolución
1368. En ella exhortó a la comunidad internacional a colaborar con
urgencia para someter a la justicia a los autores, patrocinadores y
organizadores de dichos atentados. La Resolución convocaba a la
comunidad internacional a prevenir y rechazar los actos de terrorismo y
tomar aquellas medidas necesarias para responder y combatir el mismo.
Con el aval de la Resolución 1368 de la ONU, el día 14 de septiembre de
2001, el Presidente George W. Bush inició la promulgación de varias
Ordenes Ejecutivas dirigidas a preparar las condiciones para Estados
Unidos responder a la llamada amenaza a su seguridad. Así las cosas, se
creó una "Oficina de Seguridad" y un "Concilio de Seguridad", ambas
adscritas a la Oficina del Presidente. La tarea asignada a estas
instancias fue el desarrollo y coordinación de la estrategia nacional de
seguridad de Estados Unidos contra el terrorismo. Otra Resolución de las
Naciones Unidas, la número 1373 de 28 de septiembre de ese año, legitimó
el uso de la fuerza por parte de los Estados miembros a través de todos
los medios necesarios, según la Carta de la ONU, para enfrentar las
amenazas a la paz y seguridad internacionales. La Resolución instó a los
Estados a actuar con urgencia y tomar aquellas medidas necesarias para
combatir el terrorismo.
En el plano doméstico, el conjunto de Órdenes Ejecutivas fue a su vez
acompañado por acción congresional. El 26 de octubre de 2001, el
Congreso de Estados Unidos aprobó lo que se conoce como "Ley USA
PATRIOT". Tal nombre es un acrónimo que en inglés significa "Uniting and
Stregthening America Providing Appropiate Tools Required to Intercept
and Obstruct Terrorism", (Unir y Fortalecer América al Proporcionar las
Herramientas necesarias para Interceptar y Obstruir el Terrorismo). A
juicio del gobierno estadounidense, esta Ley crearía el marco necesario
para atender las nuevas amenazas a la seguridad estadounidense. Su
contraparte, también aprobada por el Congreso, fue la "Foreign
Intelligence Surveillance Act". Mediante esta última, se autorizó el
espionaje en Estados Unidos de sus propios residentes y ciudadanos por
parte de las agencias de inteligencia utilizadas por este país para la
vigilancia extranjera.
En su origen la Ley PATRIOT planteó cientos de cambios o modificaciones
en múltiples y diferentes leyes entonces vigentes en Estados Unidos. Así
también, la Ley formula nuevos elementos limitativos del ejercicio de
los derechos constitucionales no contemplados hasta entonces para
ciudadanos estadounidenses. Algunas de las enmiendas formuladas fueron
adoptadas sujetas a un término de vigencia limitada ("sunset clauses"),
es decir, ya en la redacción de la enmienda estaba consignada la fecha
en que los cambios introducidos perderían vigencia, restituyendo así el
anterior estado de derecho expirado el plazo prescrito. A pesar de lo
anterior, sin embargo, estando muchas de estas enmiendas ya próximas a
la fecha de expiración, el Congreso de Estados Unidos extendió las
mismas por periodos de tiempo adicionales, definidos o indefinidos. Como
resultado, cambios que en un principio respondieron temporalmente a
ciertas circunstancias, eventualmente pasaron a ser permanentes en la
vida del pueblo estadounidense.
Así ocurrió cuando se aprobó en 2003 la llamada "Domestic Enhancement
Act", también conocida como la Ley PATRIOT II; con la Ley de Seguridad
Interna de 2001, al ser creado el Departamento de Seguridad Interna de
Estados Unidos ("Homeland Security Department"); con la "Intelligence
Reform and Terrorism Prevention Act", de 2004; con la "Patriot
Improvement and Authorization Act" de 2005; o con la más reciente
extensión, ocurrida el pasado 26 de mayo de 2011, cuando se amplió por
cuatro años adicionales el término permitido para que las autoridades
escuchen, sin sujeción a las restricciones existentes previo al 11 de
septiembre de 2001, llamadas telefónicas; la realización de
investigaciones en negocios mediante órdenes judiciales; y la vigilancia
de ciudadanos extranjeros que podrían estar participando en la
planificación de ataques terroristas dentro de Estados Unidos.
Durante los pasados años también se han presentado en el Congreso de
Estados Unidos múltiples proyectos de ley bajo la premisa de atacar el
terrorismo internacional o doméstico. Entre ellas se encuentran medidas
que han pretendido la reactivación de algunas modalidades de Servicio
Militar Obligatorio; o medidas como la contemplada en el H. R. 1955
("Violent Radicalization and Homegrown Terrorism Prevention Act") de
2007, donde ya no se plantea atacar el terrorismo en sus etapas de
planificación y ejecución, sino ampliar las facultades de espionaje de
los organismos de seguridad de Estados Unidos contra agrupaciones
legales donde se pudiera entender que elementos radicales o
potencialmente susceptibles a vincularse con actividades terroristas,
pudieran esconderse o cobijarse. Así las cosas, organizaciones tales
como grupos comunitarios, ambientalistas, políticos, educativos,
defensores de los derechos civiles o sociales de los inmigrantes, por
sólo mencionar algunos, que pudieran servir de guarida para activistas
propensos a actividades catalogadas por las agencias de seguridad como
terroristas, podrían ser objeto de penetración y control por tales
agencias de seguridad, independientemente no se estableciera vínculo
alguno con una actividad ilegal. Se trata de una variante legalizada de
los operativos de COINTELPRO ("Counter Intelligence Program") de la
década de los sesenta y setenta del siglo pasado, utilizados en Puerto
Rico contra el independentismo y en Estados Unidos contra organizaciones
progresistas y revolucionarias.
Los efectos en los pasados años de este conjunto de medidas adoptadas
por el gobierno de Estados Unidos, ha colocado a sus propios ciudadanos
en la mirilla de lo que antes su propio gobierno denunciaba en otras
regiones del planeta como prácticas típicas de regímenes totalitarios o
represivos. Cada día la sociedad estadounidense vive más insegura,
mientras hipoteca al gobierno sus derechos en aras de una supuesta
seguridad que no existe.
Otra de las consecuencias habidas para la sociedad estadounidense en la
pasada década ha sido la que ha involucrado a Estados Unidos
posiblemente en la guerra más larga que ha tenido que librar dicho país
en su historia, la llamada guerra contra el terrorismo. Esta guerra no
deja de cobrar vidas de ciudadanos estadounidenses en operaciones
militares en decenas de países del Medio Oriente, África y Asia.
Denominadas como "Operation Iraqi Freedom", "Operation New Dawn" y
"Operation Enduring Freedom", tales intervenciones militares le han
costado a Estados Unidos más de cincuenta y un mil bajas, incluyendo
muertos y heridos.
A pesar de que en la pasada década se han incrementado las medidas de
seguridad en el país, rayando en la supresión de derechos y conquistas
democráticas de las cuales como indicamos, se ufanaba el ciudadano
estadounidense promedio frente a sus vecinos del Sur, la realidad es que
hoy Estados Unidos es más inseguro que nunca antes.
Los miles de millones de dólares invertidos en tecnologías, medidas de
represión, diseño de leyes más restrictivas al ejercicio de los derechos
ciudadanos establecidos en las primera diez enmiendas de su
Constitución, el uso de nuevos y más sofisticados recursos de
vigilancia, la construcción de muros en sus fronteras para el control
del acceso de extranjeros en su territorio y el desarrollo de acuerdos
de colaboración con organismos de seguridad de otros países, por solo
mencionar algunas medidas, en nada han servido para el que ciudadano
promedio confíe más en su gobierno o se sienta protegido por él.
Mientras tanto, la polarización en el país continúa en aumento entre los
sectores liberales y aquellos que demandan un Estado más fuerte, aún a
costa de la supresión de las libertades individuales uniformes para
todos los ciudadanos.
Esa derecha conservadora es la que va ganando espacio en el debate
político cotidiano en Estados Unidos. Los avances ideológicos del
llamado conservadurismo estadounidense, hoy galopante bajo el nombre del
movimiento del "Tea Party", va absorbiendo en su seno a los viejos
profetas del "Ku Klux Klan", de los movimientos de supremacía blanca en
Estados Unidos y los detractores del federalismo en su afán de articular
un claro programa de corte reaccionario y derechista en Estados Unidos.
Estos, en conjunto con una visión dirigida al desmantelamiento del
Estado Benefactor que privilegia en la intervención del Estado en los
procesos económicos, es la misma que lanzaría a la desesperanza a
amplias capas de la población en Estados Unidos y afianzaría cada vez
más, el apoderamiento a todas luces evidente del complejo
industrial-militar en la conducción de la política estadounidense. A lo
anterior puede sumarse un ultra conservadurismo religioso anti musulmán,
que promueve el odio hacia aquellos que profesan su fe teniendo como
base el Corán.
Estados Unidos vive hoy una realidad distinta a aquella que existía a la
altura de septiembre de 2001 cuando los atentados contra las Torres
Gemelas. Hoy día en Estados Unidos prevalece una situación de crisis
económica severa donde el potencial de desarrollo de las luchas y
protestas sociales, tienen la capacidad de sumarle un ingrediente
adicional a cualquier amenaza externa en respuesta a sus políticas
intervencionistas e imperiales a escala mundial.
La coincidencia de estos factores propende al fortalecimiento del
aparato represivo del Estado y la limitación de las libertades a su
propia población. Bajo tales circunstancias, el avance en un discurso
que promueva el miedo, la inseguridad, el odio religioso y el racismo,
no son sino la incubadora de un llamado hacia una mayor restricción de
derechos ciudadanos en Estados Unidos que posibilitarían llegar a
límites que quizás hoy todavía nos resulten difíciles de asimilar. Por
eso se ha dicho que a la larga el fascismo, en alguna de sus
modalidades, puede imponerse por la extrema derecha en este país como
solución a la crisis económica, política y social en Estados Unidos.
Ante un escenario así, el único antídoto es la lucha organizada del
pueblo en la defensa de sus libertades.
La experiencia de la pasada década, vista en retrospectiva luego de los
sucesos del 11 de septiembre en Estados Unidos, nos permite pasar un
balance sobre la vigencia de tales libertades civiles en este país y
como parte del mismo, entender no solo cuánto se ha perdido en la
vigencia de lo que se consideran son derechos y garantías individuales
de los ciudadanos bajo la Constitución de Estados Unidos, sino
configurar una idea de cuántos derechos o libertades adicionales podrían
perderse si permanecemos apacibles, como meros observadores de la
historia y no como constructores de la misma.
La relación de subordinación política de Puerto Rico a Estados Unidos
guarda estrecha relación con la vigencia de lo que consideramos son los
derechos y libertades de los puertorriqueños(as). Cuanto hoy hagamos y
continuemos haciendo en defensa de los mismos, será la garantía del país
al que aspiramos en el futuro.
- Alejandro Torres Rivera es profesor en el Instituto de Relaciones del
Trabajo de la Universidad de Puerto Rico.
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