Perú: Las falsas interpretaciones a los conflictos socioambientales
Wilwer Vilca Quispe
ALAI AMLATINA, 16/08/2011.- Han transcurrido dos semanas desde que
Ollanta Humala asumiera el cargo, una corta etapa en la que el nuevo
gobierno ha emprendido una serie de medidas de emergencia destinadas a
hacer viable su gestión en casi todos los sectores. Una de ellas, la
atención a los conflictos socioambientales, los cuales fueron el talón
de Aquiles para el gobierno anterior, que no supo o no quiso sopesar
este problema ni entenderlo en su real dimensión.
Sin embargo, las acciones inmediatas de la administración Humala parecen
seguir la dinámica del mea culpa del gobierno de Alan García: "no hemos
sabido prevenir oportunamente los conflictos socioambientales", se
excusaba el anterior mandatario, cada vez que un conflicto rebasaba el
control policial o militar. El resultado: más de un centenar de
fallecidos entre civiles, militares y policías, por la terquedad de
imponer actividades económicas que no guardan relación con la vida de
los pobladores que reclaman ser escuchados y entendidos.
Ahora, desde el gabinete ministerial presidido por Salomón Lerner se ha
anunciado el impulso de la Oficina de Gestión de Conflictos Sociales de
la Presidencia del Consejo de Ministros, donde se ha nominado a Víctor
Caballero como jefe. Las preguntas que rondan en las organizaciones
indígenas, campesinas y agrarias son: bajo qué criterio intervendrá esta
oficina, cuáles serán los alcances de su competencia y hasta qué punto
podrá resolver o prevenir los conflictos. Preguntas centrales si
consideramos que en ningún momento ni el gobierno anterior ni el actual
se han referido a las principales causas de los conflictos socioambientales.
Para empezar, hay que dejar claro que los pueblos y comunidades
indígenas no sólo piden un diálogo sobre un problema específico. Lo que
quieren es sentarse con el gobierno hasta que sus demandas sean
entendidas. Esto implica que el gobierno de Humala debe comprender que
los pueblos indígenas están reclamando el reconocimiento territorial
–territorio entendido como un espacio de vida, no sólo suelo, subsuelo y
aire–, lo cual pasa por la titulación de más de 1700 comunidades nativas
en la amazonía; el reconocimiento de su propio modelo de desarrollo o
planes de vida, que no prevén actividades extractivas a gran escala; la
promulgación de la ley de consulta, aprobada por el Congreso el 19 de
mayo del 2010; una política agresiva en seguridad con soberanía
alimentaria; la anulación y modificación de algunas leyes que fueron
promulgadas sin la consulta a los pueblos y comunidades indígenas. En
síntesis, reconocer a los pueblos indígenas territorialmente y no solo
identificarlos como simples comunidades culturalmente diferenciadas o
apenas identificadas en un mapa etnolingüístico.
La dimensión de las demandas es tal que éstas no pueden ser resueltas
por una oficina de prevención de conflictos. Se necesita –y con
urgencia– una política integral, multisectorial, que involucre a todos
los sectores del gobierno. Si la respuesta a los conflictos
socioambientales se reduce a una simple "voluntad de diálogo", sin tener
en cuenta las demandas descritas, pues los conflictos no sólo se
mantendrán sino se incrementarán, tal vez con mayor velocidad que
durante el gobierno de García (periodo en el que pasaron de 83 en 2006 a
227 en 2011, de los cuales casi la mitad socioambientales), porque el
actual gobierno en su campaña prometió atenderlos y solucionarlos. Por
consiguiente, las esperanzas son enormes y las desilusiones pueden ser
fatales: provocarían más convulsiones sociales similares a las de Bagua
(junio 2009) o el reciente escenario del levantamiento del pueblo aymara
(junio 2011).
Además, hay que advertir que el gobierno de García no consideró y en
cambio obvió la institucionalidad de la representación de los pueblos y
comunidades indígenas, para dialogar directamente con los representantes
comunales de los pueblos indígenas, con el supuesto objetivo de armar un
plan de desarrollo desde la visión de los propios pueblos. Este
mecanismo de sobrepasar la representación de las organizaciones ha
generado mayores conflictos, puesto que quienes inciden y están en
permanente diálogo con el Ejecutivo y el Legislativo son precisamente
los representantes de las organizaciones de carácter nacional y no los
presidentes y lideres locales de las comunidades indígenas. Se hace
necesario darle una mayor organicidad al tantas veces manoseado
Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazónicos y
Afroperuano (Indepa), hoy adscrito al Ministerio de Cultura, quien tiene
que garantizar el respeto por la institucionalidad de los pueblos y
comunidades indígenas.
La pregunta final es si este escenario es entendido por los asesores
gubernamentales y si el mismo les garantiza condiciones mínimas para
crear espacios de diálogo y concertación con las propias organizaciones
indígenas, a fin de definir los aspectos centrales de sus demandas. De
ser así –como todos esperamos– la cuestión central es si cada ministerio
está dispuesto a ceder, teniendo en cuenta la pluralidad de pensamiento
de sus titulares. Tema más que preocupante, porque pese a esa aparente
diversidad ideológica, todos han reiterado que no cambiarán el modelo
económico y el curso de crecimiento de la economía nacional, que
precisamente se ha dado bajo el patrón de las exportaciones de materias
primas, básicamente polimetálicas e hidrocarburos, que son la madre de
todos los conflictos.
- Wilwer Vilca Quispe es consultor y asesor de organizaciones indígenas
en los países de la Comunidad Andina.
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