Jujuy, violencia social y estructural
Adolfo Pérez Esquivel
ALAI AMLATINA, 02/08/2011.- Nuevos actos de represión social contra
sectores populares en General San Martín, provincia de Jujuy. Grupos de
necesitados tomaron tierras del Ingenio Ledesma, empresa de los
Blaquier, terratenientes cómplices de la dictadura militar que controlan
gran parte del territorio de la región.
Según los pobladores, estaban negociando con el intendente y la empresa,
la expropiación de algunas hectáreas de tierra para poder construir sus
viviendas, ya que en la región no hay tierras fiscales. El juez, sin
esperar el resultado de las negociaciones, o por falta de información
dio la orden de desalojo por efectivos policiales y la caballería. Las
consecuencias fueron cuatro muertos, varios heridos y detenidos.
La reacción de los pobladores de enfrentar a la policía con palos y
piedras frente a la represión fue inmediata y según versiones, algunos
de los ocupantes estaban armados Hasta el momento la situación es
confusa, nos han llegado noticias que hasta familias de los policías
intervienen en la toma de tierras.
La grave situación de reprimir las protestas sociales se repite en
varios lugares del país: contra la Comunidad Qom en la provincia de
Formosa, ordenada por el gobierno provincial, provocando dos víctimas
fatales y la quema de viviendas y detención de mujeres y niños. A estos
hechos se suma la violencia en el Parque Indo-americano, en Buenos
Aires, en las provincias de Río Negro y Catamarca.
Los gobiernos provinciales se han transformados en feudos, continúan
profundizando el neoliberalismo que lleva al aumento de la pobreza y
marginalidad de grandes sectores sociales.
La concentración de la tierra, la expulsión de sus territorios a los
pueblos originarios y campesinos, la falta de políticas claras y
coherentes para poner límite a la expansión de los latifundios y a la
destrucción de los bosques y la biodiversidad, están produciendo daños
irreparables: los monocultivos y agro tóxicos, la destrucción de bienes
y recursos natural, la gran minería.
El país está frente a la violencia social y estructural que ejercen los
gobiernos provinciales y la ausencia del gobierno nacional que no quiere
intervenir porque se trata de sus aliados políticos. Podríamos decir que
son los aliados del terror y que no benefician en nada al gobierno, a la
provincia y el país. Es necesaria la ética política que actualmente es
casi inexistente.
No olvidemos que el país está en campaña electoral hasta el mes de
octubre y lo que se evidencia es el aumento de tensiones, conflictos
sociales, incrementados por intereses políticos que actúan como aves de
rapiña junto a medios de comunicación masiva. Como en la "perinola",
todo vale y la palabra esta vaciada de contenido.
Es necesario reflexionar y discutir políticas y proyectos en bien del
pueblo, poner límites a la concentración de la riqueza, una
redistribución más justa y equitativa, soluciones a los graves problemas
de vivienda, salud, educación, proyectos de desarrollo integral para
superar la pobreza, el hambre y promover el fortalecimiento de los
valores de la democracia y el derecho del pueblo.
Es urgente "desarmar las conciencias armadas", a través del diálogo y
llamar a la reflexión de la población, y de los candidatos que se
postulan para gobernar el país en todos sus niveles.
La violencia no resuelve los problemas sociales y estructurales del país
y en particular de los sectores más pobres. La muerte de los pobladores
de Ledesma, en General San Martín, la represión, la muerte de los
hermanos indígenas, los niños víctimas del hambre y enfermedades
evitables en nuestro país, son una ofensa para la vida de nuestro pueblo
y la humanidad.
Hay que trabajar solidariamente junto a nuestro pueblo para lograr el
derecho e igualdad para todos y todas, no para algunos. El juez que dio
la orden de reprimir no puede ser quien intervenga en los hechos de
violencia en General San Martín, en Ledesma, debe ser apartado de la causa.
El ministro de gobierno interino, recientemente nombrado, no puede
afirmar que las muertes no fueron efectuadas por la policía, Debe
realizarse la correspondiente investigación y peritaje de balística para
determinar las responsabilidades.
El problema es estructural, no se resuelve con paliativos y olvidos
intencionados, que el tiempo tratará de disolver en el olvido de las
muertes y la violencia contra los pobladores, en General San Martín,
como en otras partes del país.
La grave situación que se vive es por falta de voluntad política de los
gobernantes. El pueblo debe mantener viva la memoria y el reclamo de
verdad y justicia frente a la violencia social y estructural y buscar
caminos de convivencia y respeto de los derechos de las personas y del
pueblo.
- Adolfo Pérez Esquivel es Premio Nobel de la Paz 1980.
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